Por solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional de Administración Pública en Tunja (Boyacá), un juez con función de garantías ordenó privar de la libertad en un establecimiento carcelario al patrullero Omar Hernán Castellanos Castellanos, señalado de exigir dinero a un comerciante, al parecer para evadir un procedimiento aduanero.
Los hechos se registraron el 20 de abril del presente año, cuando el uniformado adscrito a la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera fue designado para realizar una inspección de control a un establecimiento de comercio ubicado en Tunja (Boyacá).
Según la investigación, presuntamente le exigió al propietario del local el pago de $1´600.000, a cambio de no decomisar parte de la mercancía. Asimismo, habría levantado un acta con información que sería falsa, con el fin de dar apariencia de legalidad al procedimiento aduanero.
Ante el juez de garantías la Fiscalía imputó al patrullero los delitos de concusión y falsedad en documento público. El uniformado no se allanó a los cargos.
Atendiendo al material probatorio presentado por un fiscal especializado Gaula de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a cinco presuntos integrantes de la organización ‘Los de la Vuelta’, quienes estarían involucrados en por lo menos cuatro eventos de extorsión contra ciudadanos de Pereira.
A la cárcel presuntos responsables de extorsionar ciudadanos a quienes amenazaban con sacar de sus viviendas
Pereira (Risaralda)
Boletín 46867
Atendiendo al material probatorio presentado por un fiscal especializado Gaula de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a cinco presuntos integrantes de la organización ‘Los de la Vuelta’, quienes estarían involucrados en por lo menos cuatro eventos de extorsión contra ciudadanos de Pereira.
Presuntos integrantes de la organización Los de la Vuelta fueron privados de la libertad en centro carcelario
Al parecer, los hoy procesados seleccionaban a sus víctimas y los visitaban para hacerles exigencias económicas ilegales que iban desde 50.000 hasta dos millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas y no obligarlos a desplazarse de sus viviendas. Igualmente harían cobros ilegales por brindarles seguridad en la zona.
Por estos hechos ocurridos en la comuna Villa Santana de Pereira, en julio de 2022, los investigados fueron imputados por el delito de extorsión agravada consumada.
Se trata de Jhon Mosquera Perea, Mario Restrepo Correa, Wilmer Cardona Ropero, Luis Eduardo Murillo Rodríguez y Omar Andrés Rendón Rentería.
Los cuatro primeros implicados fueron capturados en días pasados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas por Gaula Policía Nacional con el apoyo del Gaula Militar en Pereira mientras que Rendón fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando intentaba, al parecer, abandonar el país con destino a España.
Este hombre sería el responsable de asaltar y someter a distintos vejámenes a mujeres y menores de edad en Quibdó (Chocó).
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el CTI y la Policía Nacional, puso en evidencia al denominado ‘Hombre de la Capa Amarilla’, un señalado abusador serial que se movilizaba en motocicleta y, con la apariencia de domiciliario, acechaba y sometía a mujeres en Quibdó (Chocó).
El presunto agresor, identificado como Stiven Córdoba Salazar, al parecer, contactaba a las víctimas por redes sociales y las convencía de asistir a citas en diferentes lugares de la ciudad. Posteriormente, las transportaba en una motocicleta a sitios despoblados, donde las intimidaba con armas blancas, les robaba las pertenencias y las atacaba sexualmente.
En un mes de investigaciones fueron identificados cinco casos distintos ocurridos entre agosto y septiembre del año en curso, con el mismo patrón delictivo. Las denunciantes coincidieron en señalar que el abusador sexual, como señal particular, portaba una capa o impermeable viejo y de color amarillo para protegerse de la lluvia.
Entre las mujeres afectadas hay una adolescente de 15 años, y dos jóvenes que fueron engañadas por el señalado agresor, con el supuesto de que era minero y les podría obsequiar oro. Creyendo en esta versión viajaron de Medellín a Quibdó.
Durante las labores de policía judicial se estableció que Stiven Córdoba Salazar habría contactado a otras dos mujeres y tenía definidos los puntos de encuentro. En ese sentido, fue solicitada la orden de captura en su contra y se hizo efectiva de manera inmediata.
Un fiscal de la Seccional Chocó imputó al ‘Hombre de la Capa Amarilla’ los delitos de acceso carnal violento, y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
En la clausura del congreso 19 de la infraestructura en Cartagena, el presidente de los colombianos Gustavo Petro se dirigió a los más de 2 mil asistentes. Dijo que la contratación estatal, es un sistema que está hecho para beneficiar a los grandes capitales. Hay que cambiar la normatividad, que permita una democratización de la contratación en el país. “las juntas de acción comunal se les hace difícil contratar por la normatividad”, podríamos logra menos corrupción, aunque reconoció que no se va a acabar.
Basado en una propuesta del presidente de la cámara Colombiana de la Construcción Juan Martin Caicedo, está de acuerdo en unir al pacifico con el atlántico, pero bordeando la selva y a atravesando el llano. La ingeniería puede ser cuidadora de la vida. Recordó que somos la segunda potencia mundial en la biodiversidad.
El presidente Petro, propone “un transporte eléctrico, ya que la electrificación de la movilidad cambia las grandes ciudades. Sueño con unos tranvías y metros eléctricos.
Terminó preguntando a los asistentes: ¿Pasamos a un nuevo paradigma o nos quedamos en la inercia?
Cinco presunto integrantes de esta estructura fueron judicializados por ser los presuntos responsables de exigir dinero a comerciantes, transportadores y mineros en zona de frontera con Venezuela. También se les atribuye la quema de vehículos de carga y otras acciones violentas en Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación impactó a la red de extorsiones de alias Jhon Mechas, el señalado máximo cabecilla de las disidencias del frente 33 de las Farc y principal determinado de varias acciones terroristas como el atentado a la Brigada 30 del Ejército Nacional.
Cinco presuntos integrantes de esta estructura criminal fueron capturados, a quienes se les atribuyen intimidaciones contra los mineros, transportadores y comerciantes de Norte de Santander y zona de frontera con Venezuela para obligarlos a pagar extorsiones.
El presunto articulador de la red de extorsiones, conocido como ‘El Viejo’, sería el encargado de seleccionar a las víctimas y, en algunos casos, las citaba a los campamentos de las disidencias localizados en zona de frontera para aumentar el nivel de intimidación. Las evidencias dan cuenta de que mantenía contacto directo con alias Jhon Mechas y otros cabecillas para proveerles apoyo logístico y rendirles cuentas sobre los dineros obtenidos.
Alias El Viejo y sus cuatro posibles cómplices fueron presentados ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, constreñimiento ilegal y daño en bien ajeno.
El material de prueba permitió conocer que esta estructura quemaba los vehículos de carga o activaba artefactos explosivos contra los locales comerciales de las víctimas que no cumplían con las exigencias económicas.
El pasado 4 de octubre, en Chitagá, Norte de Santander, este grupo ilegal habría presionado a un hombre para que firmara un documento en el que supuestamente vendía por 300 millones de pesos un título minero que estaba a su nombre. El dueño del terreno no accedió a la petición y durante varios días personas armadas lo amenazaron en su lugar de residencia.
De otra parte, el 30 de septiembre del año en curso, fue incinerado un camión que se movilizaba con víveres por una vía del corregimiento Urimaco, en San Cayetano (Norte de Santander). El
conductor del automotor aseguró que los responsables de este hecho le indicaron que correspondía a una retaliación contra el representante legal de una empresa transportadora que se negó a cumplir con los pagos solicitados.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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