Alfredo Ramos: “50 escándalos de Daniel Quintero en 2023”
El exconcejal de Medellín Alfredo Ramos Maya hizo mención en su cuenta de X, la cantidad de escándalos en los que se vio involucrado el exalcalde Daniel Quintero durante el año 2023.
- Por primera vez en la historia de Medellín, un alcalde renunció a su cargo. Daniel Quintero lo hizo en el momento de mayor desaprobación de alcalde alguno en la historia (apenas alrededor del 25% de favorabilidad), con la supuesta excusa de hacer campaña política. Apenas duró una semana, pues no soportó las rechiflas cada vez que salía a la calle en las pocas ciudades que visitó.
- Por primera vez en la historia de la ciudad, un secretario de despacho fue expulsado de su cargo en Medellín a través de una moción de censura. Juan David Duque, secretario Privado, derrochó los dineros de los Fondos Fijos (caja menor) pagando gastos personales y lujos. Nunca dio respuesta al manejo de los mismos.
- En el manejo de los Fondos Fijos del despacho del alcalde, se evidenciaron gastos de Diana Osorio, gestora social de Medellín, que no tenía razones para hacer uso del mismo y constituyendo un presunto delito.
- Otra de las implicadas en el derroche de la “caja menor”, Gloria Patricia Agudelo Tabares, pagadora de los Fondos Fijos, tuvo un aumento desmesurado de su patrimonio: se compró dos apartamentos y un carro en los últimos dos años.
- Se conoció que no sólo Juan David Duque abusó de los dineros de los Fondos Fijos. También lo hicieron los exsecretarios de gobierno Fredy Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, entre otros alfiles de Quintero.
- Un bebé de 17 días de nacido murió en el Hospital General de Medellín por falta de atención médica. El Hospital no permitió que cirujanos lo intervinieran pues los médicos no tenían contrato en el momento del suceso.
- Pese a que su gerente nunca aceptó el desastroso estado de sus finanzas, el Hospital General de Medellín cerró los servicios neonatales por falta de insumos, poniendo en riesgo a madres y recién nacidos. Se llegó a tal extremo, que los pacientes tuvieron que comprar sus propios medicamentos de bajo costo. En los baños, no volvieron a poner papel higiénico ni toallas de mano.
- Se volvieron comunes las protestas de médicos de diferentes especialidades, enfermeras, personal administrativo, entre otros, por falta de pagos durante varios meses en el Hospital General. A pesar de ello, su gerente prefirió derrochar recursos en muros verticales, reformas del auditorio y adquisición innecesaria de ascensores.
- Contratos a dedo de obras de mitigación e interventorías por urgencias manifiestas, entregó el Dagrd a consorcios creados una semana antes de su adjudicación. Aún esperamos que se responda cómo sabía el Dagrd de la existencia de dichos consorcios, integrados por empresas que nunca habían contratado en Medellín.
- Citando a una junta directiva extraordinaria y buscando presionar a integrantes del gobierno nacional, desde la Alcaldía de Medellín pretendieron una toma hostil para quedarse con la gerencia del Metro de Medellín.
- Aumentaron de forma desmesurada el avalúo catastral en corregimientos con riesgos inminentes de desplazar a los campesinos que viven allí, con impactos en impuesto predial, valorización e impuesto sobre el patrimonio.
- La sobretasa ambiental que pagamos los ciudadanos de Medellín fue destinada para pagar rumbas y eventos sociales por parte del Área Metropolitana, y no para su destinación ambiental. Mientras tanto, las autoridades ambientales no hicieron nada para evitar las inundaciones.
- EPM tuvo que entregarle $78.000 millones adicionales a los que le corresponde entregar por excedentes, amenazando con desfinanciar la matrícula cero en las tres instituciones de educación superior locales. Esto, pese a que el gobierno de Medellín tuvo casi $1 billón adicional recaudado frente a lo presupuestado. La pretensión original era desfinanciar EPM en $330 mil millones.
- Con contratos corbatas desangraron al canal público Telemedellín. Varias personas fueron contratadas a través de la tercerizadora Maxempleos, recibiendo salarios pero no ejecutaban ninguna actividad en el canal. Igualmente, se demostró que algunas de ellas trabajaron para la campaña de Denison Mendoza a la Alcaldía de Cali.
- Candidatos de Daniel Quintero como Juan Carlos Upegui, Esteban Restrepo y Albert Corredor no limpiaron la publicidad que instalaron en el espacio público de la ciudad. La Subsecretaría de Espacio Público nunca los obligó a quitar la misma, pese a su obligación legal.
- Días antes de elecciones, Daniel Quintero hizo un show denunciando la supuesta instalación de seis cámaras espías en la sede de Upegui. Se comprobó que las mismas pertenecían a un contratista del Metro de la 80.
- Psicólogos del programa Entorno Protector de la Secretaría de Educación fueron presionados para recoger firmas y hacerle campaña al candidato a la alcaldía Albert Corredor, esto con la complicidad del operador de los contratos, la Institución Universitaria Católica del Norte, entidad que recibió alrededor de $150 mil millones en contratos de dicha Secretaría.
- Fueron nueve vehículos los que siguieron usando Daniel Quintero, Diana Osorio y el Mayor Sergio Yepez, pese a que ya no estaban en la administración. Luego del escándalo, los devolvieron a cuentagotas.
- En entrevista con un medio de comunicación nacional, Juan Carlos Upegui, candidato de Quintero y primo de Diana Osorio, reconoció que varios contratistas de la Alcaldía fueron aportantes a su campaña.
- En un 282% aumentó la deuda pública de la ciudad, pasando de $382.000 millones en 2020, a $995.000 millones para el 2024. Esto, pese a que el gobierno Quintero tuvo un aumento del 57% en el presupuesto en ese mismo lapso.
- Aunque medios de comunicación revelaron que Diana Osorio trabajó en una empresa privada mientras era gestora social, ella se dedicó a negarlo. La empresa se llama Proyect Services y nunca se conoció por qué la tenía contratada.
- Daniel Quintero reconoció que EPM engañó al gobierno nacional durante la presidencia de Iván Duque, para que el Ministerio de Hacienda aprobara préstamos con la banca internacional, previo al encendido de las primeras turbinas de Hidroituango.
- El gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez, se comparó con Jesucristo. Dijo que “lo estaban crucificando por defender a los pobres”. Dirigió una de las entidades que más se robó la plata de la ciudad, de la cual la veeduría Todos por Medellín hizo denuncias de cartelización y la Fiscalía imputó a varios exdirectivos y contratistas.
- Con obras inconclusas y sin prestar todos los servicios, le entregaron a la comunidad la Unidad Intermedia de Buenos Aires, con retrasos de más de un año desde que anunciaron que estaba lista. Actualmente, opera como un centro de salud y está desocupada en más del 90%.
- La Secretaría de Comunicaciones, a través de un contrato con la Universidad Nacional, destinó dineros públicos, más de 9.000 millones de pesos, para financiar las campañas a alcaldía y concejo del movimiento Independientes.
- Revendidos en prenderías de la ciudad terminaron los “Computadores Futuro”. Los equipos fueron entregados hasta con un año de demora, con precarias especificaciones técnicas y varios ni conectaban a internet.
- La Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) fue un constante nido de corrupción. Aunque ofrecía servicios de ciberseguridad, las redes públicas sufrieron un hackeo que derivó en la publicación de más de 100.000 documentos, muchos de ellos con información confidencial de la línea 123.
- Violando una vez más la privacidad de datos, la Alcaldía siguió enviando sin autorización mensajes de texto a los ciudadanos promocionando supuestos logros. Esto, pese a que anunció que había borrado la base de datos Medellín me cuida, dos años después de terminar la pandemia.
- Pagando favores de las elecciones presidenciales, la Alcaldía le entregó un contrato a Julián Caicedo, pareja del gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Cobró $1.800.000 en la Secretaría de Desarrollo, únicamente, por buscar una reunión con el cónsul de Miami. Pretendía cobrar $25 millones sin siquiera venir a Medellín.
- La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), adjudicó en el lapso de 3 meses a dos empresas que nunca habían contratado en la ciudad (LAM Construcciones y SIS Organization), el mantenimiento de 5 colegios públicos con vigencias futuras, recibiendo cada una $14.000 millones
- La misma EDU autorizó adiciones de hasta el 1.100% en contratos que eran de poco monto para evitar licitaciones públicas, en una práctica recurrente de corrupción tras la modificación de su estatuto contractual.
- Dejaron sin contratos a docentes que atendían a los niños con discapacidades físicas y cognitivas en 230 colegios de la ciudad. Los padres de los menores tuvieron que dejarlos de enviar durante varios días.
- El gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez, habría ofrecido pagar $200 por cada persona que inscribieran en las bases de datos de las campañas de Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui. Medios de comunicación que presentaron chats de WhatsApp en los que, desde su celular personal, ofrecía esos montos a líderes comunitarios.
- Engañaron a la gente con el supuesto descuento de las tarifas de energía de EPM. Después de campaña los aumentos regresaron y con creces. La promesa de campaña fue el mayor engaño: mientras que la inflación creció 20%, las tarifas de agua, energía y gas crecieron 50% en el mismo lapso de 3 años.
- Ruta N, otra entidad plagada de denuncias y fracaso, clausuró Ruta Naranja, uno de los programas más importantes ofrecidos en el distrito creativo del Perpetuo Socorro. Allí se prestaban espacios y guiaban a los emprendedores e innovadores de la ciudad.
- A la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, APP, le quedó grande la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot. El proyecto quedó quieto desde septiembre de 2022, pese a que se prometió empezar a trabajarse desde noviembre de 2021.
- Una ciudadana que le gritó a Daniel Quintero en el Parque Lleras, reclamándole por la corrupción, fue retenida y amenazada por parte del jefe de escoltas del exalcalde. La queja fue desestimada por la Inspección de Policía a cargo.
- El Instituto de Vivienda Isvimed hizo lobby ante la Contraloría para que le certificara los estados financieros que, según quedó demostrado en los informes, estaban plagados de errores. La entidad sumó millonarias pérdidas y se suma a los fracasos frente a la problemática de vivienda en la ciudad, con efectos graves en el aumento de arrendamientos.
- Alexandra Agudelo, la exsecretaria de Educación que ferió el cuidado de la niñez en el programa Buen Comienzo, fue inhabilitada por ocho años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría.
- La exsecretaria Privada de Quintero, María Camila Villamizar, fue atornillada en EPM, ocupando desde Bogotá un cargo que se le hizo a la medida y en el que nunca presentó un logro serio.
- Auditoría interna de Metrosalud, entidad al servicio del exsenador Julián Bedoya, demostró que material quirúrgico tuvo aumentos hasta de 10 veces en precios de año a año y se compraron sin estudios de mercado.
- Pese a que 12 firmas presentaron un interés inicial, la construcción de las unidades 5 a 8 de Hidroituango fue entregada a un consorcio que fue único proponente, en un contrato que asciende a $1,14 billones.
- EPM entregó de manera cuestionada un contrato de vigilancia por $73 mil millones a la empresa Su Oportuno Servicio, pues no cumplía con requisitos técnicos establecidos por la dependencia que definía los mismos. Pese a ser descartada, otra dependencia internamente autorizó su inclusión y posterior adjudicación.
- La Secretaría de Cultura tuvo escándalos en varios de sus principales programas: el no pago a realizadores dentro del festival de cine Miradas, a proveedores de la Fiesta del libro y la improvisación y favorecimiento a privados del Festival Altavoz.
- A pesar de los cuestionamientos por favorecimiento de años anteriores, la Agencia APP no tuvo escrúpulos para seguir contratando a la empresa minera Global Mining, sin experiencia en tecnología, para el manejo de plataformas tecnológicas.
- A la cuestionada Metroparques se le entregó el manejo del gimnasio del Centro Administrativo La Alpujarra, pese a que no tiene esa capacidad dentro de su objeto contractual.
- Llamativa la cesión del contrato de pavimentación de vías de Medellín, por casi $70 mil millones, de un consorcio al que le fue adjudicado sospechosamente el contrato y que pocas semanas después de su adjudicación prefirió no seguir con el mismo.
- Se comprobó que diversos contratos de mantenimiento de infraestructura educativa fueron contratados por debajo de su real presupuesto por parte de la EDU para evitar que hubiera licitaciones abiertas a todas las empresas.
- Para la última obra de valorización en El Poblado solo se presentó un oferente. El contrato sería por un poco menos de $10.000 millones, pero será un valor muy superior con las adiciones, así evitando hacer convocatoria pública.
- Diana Osorio se negó a presentar públicamente su declaración de renta y nunca le demostró a los ciudadanos cómo ha pagado una casa de $2.000 millones en el cuatrienio.
