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La Uaesp se ve obligada a activar un plan de emergencia tras la sorpresiva decisión del operador de servicios funerarios.

La Sociedad Jardines de Luz y Paz ha tomado la controvertida decisión de suspender, de manera unilateral, los servicios funerarios en los cementerios distritales de Bogotá: Central, Norte, Sur y Parque Serafín. Ante esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) ha tenido que implementar un plan de emergencia para garantizar el funcionamiento de estos espacios.

La Uaesp condenó el cierre repentino de los cementerios, argumentando que el operador debió notificar con anticipación. “El comportamiento del operador es inaceptable; decidieron cerrar sin previo aviso”, indicó la entidad en un comunicado. Jardines de Luz y Paz, que opera desde 2021, ha acumulado varias sanciones por incumplimientos, incluida la imposición de multas por violaciones a la ley de contratación pública.

Desde principios de 2024, la Uaesp ha intensificado la supervisión del contrato de concesión, buscando asegurar la prestación continua de los servicios. Dolly Arias, directora encargada de la Uaesp, señaló que la ley establece procedimientos claros que debieron seguirse para evitar el cese de operaciones, lo que ha complicado las programaciones de los servicios funerarios para el fin de semana.

Para abordar esta situación, la Uaesp ha puesto en marcha un plan de emergencia, con el objetivo de restablecer rápidamente los servicios en los cementerios. Además, la entidad planea denunciar el caso ante las autoridades correspondientes.

Éder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, explicó que el cierre se debió a la inhabilitación del operador, que le impide continuar cumpliendo con el contrato. Según Parada, se buscaron negociaciones para finalizar el contrato de manera bilateral, pero la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, se opuso y aceleró los procesos sancionatorios en su contra.

El abrupto cese de servicios por parte de Jardines de Luz y Paz ha desencadenado una crisis en los cementerios de Bogotá, afectando a numerosas familias. La activación de un plan de emergencia por parte de la Uaesp es un intento por mitigar el impacto, pero la falta de comunicación y gestión del operador resalta la necesidad de una revisión exhaustiva en la administración de los servicios funerarios en la capital. La situación exige un análisis crítico para evitar que problemas similares se repitan en el futuro.

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