El Fiscal Federal No. 4, Carlos Stornelli, ha tomado medidas significativas al expresar la necesidad de impulsar las acciones de investigación sobre la posible responsabilidad del exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez en asesinatos y desapariciones forzadas, conocidos como “falsos positivos”.
Esta decisión surge tras la querella presentada en Buenos Aires el 7 de noviembre por familiares y representantes de víctimas de estos crímenes durante el periodo presidencial de Uribe.
La denuncia que abre la puerta para investigar a Álvaro Uribe
La querella, basada en el principio de jurisdicción universal, fue presentada en Argentina para buscar justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales colombianas respaldan esta acción legal, buscando desmontar la impunidad histórica que ha rodeado a Uribe por su supuesta implicación en estos graves hechos.
El Fiscal Stornelli ha solicitado al Juez 2 Federal, Sebastián Ramos, abrir la investigación contra Álvaro Uribe Vélez y otros posibles responsables relacionados con la comisión de “falsos positivos” entre los años 2002 y 2008. Además, se han emitido exhortos a las autoridades colombianas para obtener información crucial sobre los eventos en cuestión.
“Esta decisión constituye un avance importante en nuestra lucha contra la impunidad y nos acerca a la verdad que hemos aguardado durante décadas. Esperamos que la investigación avance de manera pronta y que exista colaboración por parte del Estado Colombiano”, expresan las víctimas denunciantes.
El Fiscal Stornelli ha solicitado exhortos a las autoridades colombianas para obtener información sobre los hechos, directivas emitidas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y testimonios de las víctimas querellantes.
Este paso en la investigación es crucial para arrojar luz sobre las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas durante el mandato de Uribe. Las víctimas y organizaciones no gubernamentales esperan que la investigación avance rápidamente y que el Estado colombiano colabore en este proceso.
