Ante las graves denuncias en contra del ‘Cartel de los Embargos’ de los dineros de la salud en Colombia, el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, indicó que la Comisión, con sus siete magistrados, investigará de fondo al sonado cartel.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene como objetivo la vigilancia, investigación y sanción de magistrados, jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la rama judicial en el país. Los otros magistrados integrantes de esta Comisión son: Magda Victoria Acosta, Juan Carlos Granados, Mauricio Fernando Rodríguez, Alfonso Cajiao, Carlos Arturo Ramírez y Diana Marina Vélez.
Actualmente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta 7.759 procesos, de los cuales 4.336 responden a casos disciplinarios en contra de abogados, 52 contra jueces de paz, 3.211 contra funcionarios judiciales y 96 en contra de auxiliares de la justicia.
“En nuestro primer año de funcionamiento nos dedicamos a colocar la casa en orden y ya lo logramos. Ahora con una imagen renovada y con credibilidad queremos recuperar la confianza de la ciudadanía”, indicó el magistrado Julio Andrés Sampedro.
Sampedro Arrubla anunció un trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, para acometer con el peso de la ley, los escandalosos casos de jueces que decretan embargos del sistema de salud, a pesar de que ello no es posible.
“En este momento estamos trabajando articuladamente con la Supersalud para estructurar un macro caso en lo referente a los dineros embargados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Hemos descubierto que en muchas regiones del país se están embargando esos dineros -que no son susceptibles de embargo- causando un gran perjuicio a la gente que tiene que acudir al sistema de salud”, admitió el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Sampedro aceptó que frente a las decisiones judiciales que decretan embargos existen procesos en contra de jueces, varios de ellos ya muy bien documentados que se están estudiando para actuar, lo más pronto posible.
“Nosotros antes de llegar a integrar esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial, teníamos informaciones fragmentadas sobre la existencia del Cartel de los Embargos. Ya tenemos unos casos plenamente investigados y muy claros en los cuales estamos trabajando de fondo, porque la práctica de los embargos de los dineros de la salud se convirtió, para esta Comisión, en un macro caso que lo estamos manejando con metodologías tipo JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) porque vemos que hay conexidad en varios de ellos y por obvias razones no puedo adelantar nombres, ni casos en particular”, agregó Sampedro Arrubla.
El magistrado adelantó que la Comisión Nacional actualmente adelanta investigación en contra de una magistrada de Barranquilla, por este tipo de prácticas en contra de los dineros del sector de la salud.
“Tenemos casos en donde los abogados se aprovechan de personas que tienen especial protección, como quienes están reclamando sus prestaciones, y terminan engañándolas y se quedan con lo que recuperan de los procesos. Estos abogados terminan sancionados”, afirmó.
“En cuanto a jueces, hemos encontrado casos en los que se ha dejado en libertad personas cuando esto no correspondía y que en muchas regiones del país se están embargando los dineros inembargables de la salud, medidas que están causando un grave daño», reiteró el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Con la Superintendencia Nacional de Salud, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hará una articulación en temas de investigación para documentar los procesos que tienen que ver con el Cartel de los Embargos.
Asimismo, en temas de recolección de las pruebas para poder tener los elementos adecuados que le permitan a la Comisión tomar las decisiones más efectivas frente al caso, subrayó Sampedro.
“Con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, ya hicimos, este año 2022, nuestra primera reunión y él se comprometió a cedernos material de investigación de los casos que ellos conocen, porque allí reposa muy buena información sobre este asunto de tanta gravedad, que está colocando en riesgo la salud de miles de colombianos”, consintió el magistrado Sampedro.
El presidente de la Comisión afirmó que, con la entrada en vigencia en marzo de este año del nuevo Código General Disciplinario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial va a tener dientes para ser más efectiva en casos como el ‘Cartel de los Embargos’, en el que podrán acceder al poder preferente, potestad que les permite desplazar a magistrados que lleven en primera instancia un caso y que lo asuma en pleno la Comisión, para conocer sobre el asunto judicial.
Según la denuncia de Sampedro Arrubla, los integrantes del ‘Cartel de los Embargos’ al parecer retendrían los dineros, sumas descomunales, así sea para ganar tiempo, y luego de denuncias de las entidades, de los medios de comunicación o de los ciudadanos, devuelven los dineros, perjudicando, en ese lapso, al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
«Es factible y eso lo determinará la investigación de la Comisión, que hayan vinculados otros actores del mismo sistema de la salud quienes estarían trabajando con el Cartel de los Embargos. De ser así, esos casos se irán hacia lo disciplinario o hacia lo penal», dejó entrever el magistrado.
Sampedro agregó que el ‘Cartel de los Embargos’, para suspender los dineros de la salud, utiliza diferentes formas de actuación y todas ellas confluyen o terminan en el embargo de los dineros.
“Nuestra tarea es que estos temas tan sensibles para el país se puedan detectar y poder desarticular a esas redes o esos carteles de negocios ilícitos. Nosotros ya habíamos destituido a un juez de Urumita en La Guajira por este tipo de prácticas en contra de los dineros del Cartel de la Salud”, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El magistrado Sampedro recordó que, a finales del mes de junio de 2021, fue destituido e inhabilitado por 10 años el Juez Promiscuo Municipal de Urumita (La Guajira), juez que retardó el envío de dineros de la salud a una entidad pública en liquidación. La omisión del juez de Urumita, provocó que los dineros cobijados por medidas cautelares no estuvieran disponibles para el trámite de liquidación de Caprecom EPS durante meses.
Los hechos se relacionan con la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom EPS, pues, aunque se ordenó la liquidación de la misma, el juez Vladimir Ernesto Daza Hernández demoró el envío de los dineros que tenía embargados y que estaban destinados a la salud de los colombianos.
Luego de la medida de primera instancia decretada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la destitución del cargo por diez años a Daza Hernández y le prohibió el ejercicio de funciones públicas por el mismo período.
La Comisión Nacional determinó que la conducta del juez fue ilícita porque afectó el deber funcional de proceder conforme a derecho y se produjo un daño, en tanto se siguió adelante con un proceso que debía terminarse por disposición legal. El Alto Tribunal confirmó que en el proceso disciplinario quedó clara la voluntad que tenía el Juez de infringir el ordenamiento jurídico al dar continuidad al trámite y otras actuaciones que eran de su resorte.
En la ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hizo un fuerte llamado de atención a los jueces de la República para que resuelvan con prontitud las solicitudes de levantamiento de embargos y el envío de los procesos a las entidades que estén en proceso de liquidación.
Con esta determinación, el máximo tribunal disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en el país, emitió una sanción ejemplarizante contra un juez que demoró la entrega de dineros de la salud cuando las EPS entran en liquidación. A su vez, gracias a esta decisión, la corporación contribuye con la protección de los dineros destinados a la salud de los colombianos.
Según Sampedro al país le ocupa un gran desafío y es trabajar en la formación de abogados. “Ya sea que vayan a ejercer al derecho como litigantes o que opten por el camino de la judicatura como jueces, fiscales o empleados de la rama judicial. Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas, de principios éticos y fundamento para una mejor administración de justicia”, enfatizó.
Aberrante caso
De otra parte, si algo le faltaba a la grave crisis de la salud en Colombia, que se suma a las malas prácticas del ‘Cartel de los Embargos’, es que pervive otro impúdico delito al oscuro panorama. Sandra Milena Bolaños Bautista es una joven periodista llanera de 32 años, radicada en la urbanización Multifamiliares Centauros en la ciudad de Villavicencio.
Milena sufre de una enfermedad huérfana de nombre Aplasia Medular Severa y como paliativo para su crisis debe tomar cada día, en tres dosis, el medicamento Revolade Eltrombopag de 50 miligramos, cuya caja trae 28 capsulas y cuesta $6.706.990. Es decir cada gragea cuesta $239.535 pesos. A Milena su EPS Compensar le debe entregar, cada mes, tres cajas de este remedio, que en pesos suman: $20.120.970.
A Milena, madre de un niño, entre Compensar y Audifarma S.A. le han embolatado, en los últimos seis meses, la entrega de nueve cajas: Tres entregas en tres meses, píldoras que en dinero equivalen a $60.362.910 y el único argumento que esgrimen la EPS Compensar y Audifarma (entidades que cada una le tira la pelota a la otra) es que los medicamentos fueron reclamados, con firmas falsificadas, e identidades diferentes a las de la paciente Sandra Milena Bolaños Bautista. Dicen las entidades, por ejemplo, que una mujer identificada como Gloria Pilar Garzón Ortiz con cédula 52.787.501, fue una de las personas que retiró el medicamento en Bogotá, al parecer, suplantando a la verdadera paciente.
El medicamento es entregado mensualmente por concepto de orden médica Mipres con número de prescripción 20210420169027319610, a nombre de Sandra Milena Vilanos Bautista, con número de cédula de ciudadanía 1.119.888.491.
«… Se presentó un fraude con su fórmula médica y no se puede realizar la entrega del medicamento, se sugiere realizar denuncia a la fiscalía, el cual ya se realizó con el radicado número: NUNC500016105671202103767». Esto fue lo que le contestó Audifarma S.A. el 14 de julio de 2021, de manera personal en Villavicencio a Juan Ernesto Ovalle, esposo de Milena.
Lo anterior significaría que se robaron los costosos medicamentos y ni la EPS Compensar, ni Audifarma S.A. dan respuestas concretas y satisfactorias, y solo mediante acciones de tutela, (para proteger el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida) mal responden, ante los reclamos, en este caso de Ovalle, esposo de Bolaños Bautista. Actualmente Compensar, ante los constantes reclamos, normalizó la entrega del remedio a Milena, pero los otros millonarios medicamentos se desaparecieron y nadie da razón de ellos.
Lo anterior es otro eslabón que se une al ‘Cartel de los Embargos’, que junto a los denominados Mercaderes de la Salud tienen sumido al Sistema General de Seguridad Social en Salud en una profunda crisis que afecta a millones de usuarios en el país.
El magistrado Sampedro Arrubla, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hizo un llamado al país sobre el gran desafío de trabajar en la formación de abogados. “Ya sea que vayan a ejercer al derecho como litigantes o que opten por el camino de la judicatura como jueces, fiscales o empleados de la Rama Judicial. Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas, de principios éticos y fundamento para una mejor administración de justicia”, finalizó.
Por: Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista.
