Las investigaciones dan cuenta de presunta participación en delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo material probatorio que dan cuenta de presuntas irregularidades en un contrato de préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquía y el BANCO CORPBANCA S.A.
El contrato que se encuentra en objeto de investigación se celebró en el periodo de Sergio Fajardo Valderrama en su desempeño como Gobernador de Antioquía. El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el gobernador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el préstamo. De igual forma tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas a este contrato.
Este contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000), para realizar sustitución de deudas con otros bancos. Los análisis técnicos, financieros, y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de préstamo en moneda extranjera. Además no existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
Para el momento en el que ocurrió el desembolso, es decir el año 2013, el dólar estaba a 1.926 pesos. Para el año 2015, el dolor ya superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, a obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravados y contrato sin cumplimiento de requerimientos legales. Esta investigación se inició en el 2015. Por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento.