En Colombia es imposible no coincidir con que el país requiere reformas, cambios estructurales y decisiones para la reducción de las brechas sociales. Basta solo con mirar en perspectiva comparada y darse cuenta de que Colombia se muestra como uno de los países con mayor incremento en temas de desigualdad y pobreza extrema.
No hay un solo sector político de izquierda, centro o derecha que no crea en la necesidad de una reingeniería que fortalezca la capacidad institucional para hacer efectivo un estado de derecho más social e incluyente. Ahora bien, es necesario establecer en el debate público si las reformas que se encuentran en trámite son precisamente las que darán bienestar a esa Colombia profunda, a esa población que solo come una vez al día, al trabajador ocasional que vive sometido al vaivén de la oferta y la demanda laboral, al paciente de mediana complejidad que no logra un buen acceso al sistema de salud.
Los cambios propuestos no serán los cambios esperados, si la economía colombiana no tiene el crecimiento deseado, no solo se limitará la capacidad de una variación porcentual del producto interno bruto, también la posibilidad de crear nuevos empleos y de lograr aumentar el presupuesto público, y es allí, donde empieza a crearse un ambiente de zozobra. Una cosa fueron los discursos matizados por las palabras “social” y “popular” para promover la nueva tributación de los colombianos, otra muy diferente, la realidad de los primeros meses de gobierno.
La inflación es dramática y ya cayó en ella la canasta familiar, la capacidad económica de los colombianos se va pauperizando cada día, el costo de los servicios públicos, la carne, los huevos, la leche, la gasolina, los abonos y los arriendos, se siguen disparando, todo está por las nubes, así lo reveló el DANE, que mostró que la inflación anual en marzo fue de 13,34%, impactando el costo de vida, que según la misma entidad ha sido el más alto desde 1999. A esto se le suma la situación del turismo que, en regiones como San Andrés Islas, hoy experimentan una realidad desesperante, la ocupación hotelera no llega ni a un 25%, afectando de manera directa el empleo, el comercio y el transporte local, lo que ocasiona desesperanza para todas estas regiones que dependen del turismo.
Mucho se habla de la salida de la ex ministra Cecilia López Montaño, donde varios le reconocemos la vehemencia en sus posiciones, y que además, fue bastante cuidadosa con las tentaciones en dejar posicionar la privatización a gran escala en el plan de Desarrollo Nacional; fue crítica frente a la política de transición energética que plantea el gobierno nacional, especialmente en restringir las nuevas exploraciones de petróleo, de asumir un discurso de país rico frente a las emisiones de carbono, que de materializarse, dejan prácticamente maniatado al sector productivo con una nueva normatividad que poco le apuesta a crecer la economía.