por Konuco | Ago 4, 2022 | Destacadas, Judicial e Investigación, Región
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) del Tolima capturaron en Madrid (Cundinamarca), a un abogado penalista, señalado por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo con 21 hechos delictivos.
Diego Felipe Cubillos Arango fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva, por su presunta participación en el delito de estafa a más de 70 personas en Ibagué, Tolima y Villavicencio, Meta.
La investigación en contra de Cubillos Arango, de 39 años, que adelanta un despacho de la Unidad de Estafas, es por presuntamente estar involucrado en una estafa que supera los 1.300 millones de pesos, de lo cual fueron víctimas un total de 72 personas, 64 del Tolima y el resto del Meta.
Se tiene documentado que los hechos se presentaron entre los años 2018 a 2021, cuando el procesado obtuvo de manera ilícita dinero de propiedad de varios ciudadanos, a quienes mantuvo en engaño, haciéndoles invertir supuestamente en la compra de títulos judiciales a los que les aseguraba, él accedía por un bajo costo.
El procesado, al parecer, les indicaba que tenía amigos como secretarios y jueces a quienes había que darles un porcentaje del valor del título para que salieran rápido y así obtener ganancias que oscilaban entre el 30% y el 40% del dinero invertido.
Sin embargo, estos títulos judiciales nunca existieron, y el 28 de octubre del año 2021, las víctimas perdieron contacto con él, según lo denunciado.
Los casos
Entre las investigaciones adelantadas por los servidores del CTI adscritos al Grupo de Estafa de la Fiscalía en el Tolima, se estableció que, dentro de los 21 eventos de estafa agravada, hay 41 víctimas de estafa en masa.
Se trata de personas que habrían depositado su confianza en el abogado, haciéndoles creer que tenía amigos en bancos e influencias en juzgados para acceder de manera fácil a los mencionados títulos, y así conseguir buenas ganancias.
Uno de los casos tiene su origen el 8 de septiembre del año 2020 en Ibagué, donde Cubillos Arango obtuvo presuntamente la suma de $257.150.000 de manera ilícita, engañando a una persona con la compra de los títulos judiciales que supuestamente le vendería un juez amigo.
Para recaudar el dinero, la víctima inicial invitó a amigos, conocidos y familiares a que hicieran la inversión, sumando un total de 20 personas para este fin. Según lo indicado por el presunto estafador al ciudadano incauto, las ganancias por la compra de estos oscilaban entre el 30% y el 40% de lo invertido.
Durante un año le dio pocas sumas de dinero de las supuestas ganancias, pero advertía que con ese dinero había que comprar más. Es decir, no devolvió las ganancias porque supuestamente fueron reinvertidas.
Antes de perder el contacto con él, le manifestó que había un título por $800.000.000, diciéndole que era la “Navidad adelantada”, y entonces acumularon todas las supuestas ganancias para comprarlo. Fue así como el 28 de octubre del año 2021 quedó de pagarle $855.000.000 en ganancias más el capital, pero desapareció.
En el otro caso se vieron afectadas 21 personas. El hecho ocurrió en julio del año 2020 también en la capital tolimense donde el hoy procesado se quedó con la suma de $432.000.000 adquirida mediante engaños.
Al igual que el hecho anterior, un ciudadano fue instrumentalizado para inducir en error a otras 20 personas y así hacer parte del negocio que parecía rentable y seguro.
Para generar confianza en la víctima le hizo firmar inicialmente cuatro letras de cambio por un valor total de $399.210.000. El 29 de octubre del año pasado perdió contacto con él, fecha en la que supuestamente le había prometido entregarle todo el dinero ganado más lo invertido.
Al término de las audiencias de rigor llevadas a cabo ante un juzgado con funciones de control de garantías de Ibagué, le fue decretada medida de aseguramiento carcelaria debido a la gravedad y modalidad de la conducta cometida, pues simuló tener influencias con servidores públicos para afectar el patrimonio de 72 personas.
por Konuco | Mar 3, 2022 | Uncategorized
La Fiscalía General de la Nación logró este jueves que se le otorgara medida de aseguramiento intramural a Diego Cadena, exabogado del expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Tras varias horas de diligencia, según el investigador, se evidenció que Cadena estuvo en Panamá, con lo que violó la detención domiciliaria que ahora sería recluido a un centro carcelario.
La petición de enviar a Cadena a prisión la hizo el fiscal del caso, Daniel Hernández, a través de un documento de Policía Judicial, que fue revelado por medios de comunicación en las últimas horas luego de que estallara el escándalo de su supuesta burla a la justicia.
Asimismo, el abogado tendrá que responder antes las autoridades competentes el por qué se encontraba en otro lugar diferente a su sitio de reclusión, que era su casa en Cali.
Adicionalmente, continúan las investigaciones en su contra por supuesta entrega de dinero a testigos, como el exparamilitar Enrique Vélez, a quien a juicio de la Fiscalía había asumido el compromiso de darle 200 millones de pesos.
La polémica
Según denuncias del senador Iván Cepeda, Cadena estaba de vacaciones en Panamá, pese a que desde a mediados de 2021 se puso en conocimiento de la justicia colombiana el presunto incumpliendo de las condiciones de reclusión.
«Nos dirigimos a usted para solicitarle se informe lo más pronto posible, si se libró o no la orden de captura que ordenó el señor Juez 43 Penal del Circuito librar en contra del ciudadano Diego Cadena», había indicado, por su parte, la Prouraduría.
Es válido precisar que pese a que gozó de libertad provisional por vencimiento de términos, sobre Cadena se había ordenado desde el primero de diciembre dar captura para cumplir la detención domiciliaria que venía cumpliendo con anterioridad.
Sin embargo, de acuerdo con las fotografías que reveló la periodista Paola Herrera de W Radio, se pudo evidenciar que el abogado no estaba cumpliendo con la detención en su residencia, sino que se desplazó al país vecino, en donde se reunió con el expresidente Ricardo Martinelli.
por Konuco | Dic 1, 2021 | Judicial e Investigación
Tras dos meses de libertad, el controvertido Diego Cadena volverá a prisión domiciliaria, según se conoció este miércoles a través de las redes sociales, luego de la decisión del Juez 43 de Bogotá.
El abogado obtuvo su libertad domiciliaria en octubre pasado por vencimiento de términos. sin embargo, este miércoles, el abogado de Cadena, Iván Cancino, confirmó en su cuenta de Twitter que fue revocado este beneficio.
«Revocan libertad de Diego Cadena, en una decisión que absolutamente desafortunada. Las garantías de las defensas siguen estando en debilidad para la defensa. No se preocupen que volveremos a cantar y pronto», expresó Cancino.
Cadena está vinculado al proceso de manipulación y compra de testigos, en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estaba a cargo de la Corte Suprema, en primer lugar, y luego de la Fiscalía General.
El juez de garantías revocó la libertad porque considera que hubo maniobras dilatorias, en un caso en el que jugaron un papel importante los testimonios de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes declararon que Cadena los contactó para que cambiaran el testimonio, ofreciéndoles asesoría jurídica.
Y es que a Cadena le habían concedido el beneficio por prescripción de términos. No obstante, la Fiscalía apeló dicha decisión, asegurando que Cancino y el equipo de Cadena alargaron el proceso hasta que se venció los términos, razón que les fue concedida por el juez.
«Con base en las premisas señaladas y estimando las conductas dilatorias, llevan a este funcionario a precisar que el número total de días trascurridos ha sido de 386 días», dijo el juez, quien acto seguido hizo una importante aclaración.
«De los cuales se descuentan 240 días que totalizan los comportamientos que impidieron la realización de la audiencia pública desde el 23 de noviembre hasta el 21 de julio de 2021», agregó el togado.
De acuerdo con el juez, diferencia que surge es de 146 días, «lo que significa que el término legal no se ha superado, por lo anterior se procederá revocar la decisión que concedió la libertad, para en su lugar negar la libertad por vencimiento de términos».
A Cadena le habían concedido el beneficio por prescripción de términos. No obstante, la Fiscalía apeló dicha decisión asegurando que Cancino y el equipo de Cadena dilataron el proceso hasta que se venció los términos.