En sesión plenaria, el Senado de la Republica aprobó la creación de una comisión especializada en el fortalecimiento de políticas de paz y posconflicto, que estará liderada por Iván Cepeda, congresista del Pacto Histórico, quien fue elegido como presidente de este grupo.
La comisión estará conformada por 38 parlamentarios, quienes se enfatizarán en los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Esta designación me honra y compromete a trabajar por la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro», expresó Cepeda.
«A buscar que cuánto antes se produzcan procesos de diálogo y de negociación que conduzcan a ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que hoy azota el territorio nacional», manifestó.
A su vez, fue elegido el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, como vicepresidente de esta sesión, quien, en múltiples ocasiones ha denunciado masacres, homicidios a líderes y lideresas sociales, entre otras acciones victimizantes.
«Esta comisión tendrá tres objetivos. Por un lado, ir a los territorios donde están asesinando líder y lideresas sociales y excombatientes de las FARC. Por otro, generar las condiciones de diálogos regionales para avanzar a la paz totalitaria», dijo Ávila.
«Y lo tercero, sobre el verificamiento del acuerdo de paz con las FARC», recalcó Ávila, quien fue nombrado líder de esta comisión por la Paz y el Posconflicto.
Este grupo de 38 senadores estará compuesta por Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Aída Avella, Clara Rojas, Jahel Quiroga, Gloria Flórez, María José Pizarro, Robert Daza, Humberto de la Calle y excandidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, entre otros senadores.
Quienes pretenden iniciar procesos de negociación que conduzcan a ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado.
Es por esto, que desde este miércoles se llevará a cabo el primer foro de conversaciones con el ELN y la posible vía libre a establecer canales de diálogo con el ‘Clan del Golfo’.
Finalmente, la oposición, que ejercerá el Centro Democrático, estará representada en la Comisión de Paz por los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Alirio Barrera.
Un grupo de actores del conflicto armado colombiano, entre ellos, soldados que fueron víctimas de minas antipersona, llevaron a cabo un plantón a las afueras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitándole al tribunal que se establezca lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Los manifestantes, en su mayoría soldados mutilados por las explosiones de minas, estuvieron encabezados por el representante a la Cámara de Bogotá, José Luis Jaime Uscátegui, los cuales, exigieron justicia y reivindicación en los acuerdos firmados por el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.
Según, Jaime Uscátegui, «Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas por minas antipersona, donde 7.286 son miembros de la Fuerza Pública (60%) y 4.884 (40%) son civiles».
Por otra parte, las disidencias de las Farc continúan con estas prácticas ilegales que atentan contra el bienestar de los ciudadanos.
Aproximadamente 218 personas resultaron heridas por minas terrestres, 150 víctimas de este flagelo son civiles, esto se expuso en la conmemoración en el Día Internacional de la Concienciación sobre las Minas.
Según el presidente de la República, Iván Duque, la lucha contra las minas antipersona está libre en un 75 % en todo el territorio nacional.
Asimismo, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, recalcó que este es el Gobierno que más ha hecho en contra de las minas antipersonal.
Actualmente, se registran 22 civiles atacados con estos artefactos y dos uniformados de la fuerza pública. Según el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, más de 107 municipios están en proceso de desminado y se han desarrollado más de 31.000 actividades de prevención.
En Bogotá, en instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, en el Auditorio Antigua Calle del Agrado, se adelantó la audiencia pública en la que lideres y delegados de los Pueblos Indígenas y Negros de todo el País presentes en Comisión Étnica para la Paz, así como con el Viceprocurador General de la Nación Juan Carlos Cortes; el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos Richard Moreno y la Coordinadora Programa Apoyo a la Paz en Colombia, se dieron cita para evaluar el avance de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
Los representantes, voceros y líderes coincidieron en los desacuerdos de los acuerdos, es decir, en como los puntos acordados como pilares en el pacto de la paz adelantado en la habana, no han avanzado como deberían de estar a la fecha, mirándose despreocupación por parte del gobierno a la hora de instaurar lo pactado.
Marino Córdoba, representante de la Comisión Étnica, al respecto dijo que: “Estamos hoy en la audiencia étnica, una especia de rendición de cuentas alrededor de la implementación el capítulo étnico en el marco del proceso de paz. En este evento lo que hemos podido identificar, por voces de las autoridades de las instituciones de gobierno, es que el capítulo étnico y en sí, los derechos d ellos grupos étnicos, no han tenido ningún tipo de priorización de parte del gobierno nacional. Es decir, no hay un informe que permita medir en este gobierno cual es el avance real de la implementación del capitulo étnico”.
Y es que según estadísticas de la Comisión étnica tras evaluar los avances del acuerdo étnico que se demarcó como prioridad para los Gobiernos sucesores de Juan Manuel Santos, se ha alcanzado en su implementación apenas un 10 % de lo pactado. Lo cual es algo que preocupa a los dirigentes dada las implicaciones que esto tiene, pues el desarrollo de estos puntos abonaría en gran medida la protección de las comunidades como todo lo que ello encierra, lo que podría evitar que se siga desarrollando vulneración a sus derechos como actualmente se evidencian en sus territorios. Donde son victimas directas de los grupos al margen de la ley, que los están sacando de sus resguardos, desplazándolos, amenazando a sus miembros, reclutamiento a menores de edad y mucho más asesinando a sus líderes.
Durante el trascurso de este año se ha asesinado 94 líderes indígenas, lo cual ha alcanzado un registro sin precedentes en la historia reciente del país, que desde los acuerdos de la Habana según la Organización Nacional Indígena de Colombia Onic, en el 2016 hasta la fecha, se han presentado la muerte de 158 indígenas en diferentes regiones del país, lo cual por su dimensión y sistematización, se ha declarado como genocidio, acabando no solo con la vida, sino con el patrimonio cultural, étnico de un país y aún más del mundo, que mira con alerta lo que sucede acá mientras que internamente no se le da la repercusión lógica que debería tener, tratándose de hacer ver como si acá nada sucediera.
