Declaración Final de la XVII Delegación Asturiana de Verificación de los DDHH en Colombia

Declaración Final de la XVII Delegación Asturiana de Verificación de los DDHH en Colombia

La situación de los Derechos Humanos en Colombia va de mal a peor: el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la re paramilitarización, las guerrillas, la brutalidad policial, el abandono de los territorios, la impunidad y el desgobierno agravan la crisis de los Derechos Humanos en Colombia.

La Delegación Asturiana de Derechos Humanos que ha visitado el país entre el 14 y el 27 de marzo del 2021 regresa a Europa preocupada por el deterioro de los derechos humanos y de la convivencia en Colombia, como lo constatamos en los territorios a través de entrevistas con pobladores, organizaciones sociales y víctimas en los departamentos del Meta, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira y Cesar.

Así mismo hemos visitado asentamientos urbanos deprimidos de Ciudad Bolívar, y el municipio de Soacha, en Bogotá. Constatamos las siguientes realidades que afectan el disfrute del derecho humano a la paz y permiten el exterminio físico, sistemático e impune de la dirigencia social. Estas atentan contra la pervivencia en el territorio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afros, y conducen al país a otra ola de violencia q ue genera miedo en las poblaciones de los territorios visitados:

1. A pesar de la voluntad contenida en los Acuerdos suscritos por el Estado y las FARC hace más de cuatro años Colombia no está en paz ni en post conflicto. El Acuerdo está siendo violado por el gobierno de Iván Duque que simula su cumplimiento lo que está propiciando un nuevo ciclo de violencia que resulta letal para la dirigencia social y para las comunidades del campo y de la ciudad. Los firmantes de la paz están siendo asesinados con impunidad (más de 270). Alrededor de 1400 ex combatientes que deberían estar cobijados bajo las figuras de amnistía indulto siguen encarcelados.

En los espacios territoriales visitados (Mariana Paez y Simón Trinidad en el Meta, y Pondores en la Guajira) se evidencia la falta de interés del gobierno por adelantar los proyectos productivos para excombatientes, cuyos recursos en buena parte provienen de la Unión Europea y que, según denuncias, se pierden por el camino en la maraña burocrática y de intermed iarios montada por el gobierno y sus redes clientelares.

Millones de personas continúan sometidas a las acciones violentas de los actores armados, legales e ilegales, que violan los derechos humanos y las reglas de la guerra. Además, el crecimiento de las economías ligadas al narcotráfico, la especulación, la corrupción, la minería y la agroindustria protegidas por los grupo paramilitares están generando la proliferación de grupos armados que atacan a la dirigencia social y a los habitantes de los territo rios abocados a desplazarse o a morir masacrados.

2. La falta de continuidad del diálogo del gobierno con el ELN está sometiendo a los pobladores de las áreas de su influencia a los rigores de una guerra en la que la fuerza pública persiste en violar el DIH y en aliarse con los grupos paramilitares para arredrar a la población civil a la que dan el trato de enemigo interno.

No son admisibles las declaraciones del Ministro de Defensa justificando el bombardeo de menores de edad, acción que viola los conveni os internacionales suscritos por Colombia.

3. Los territorios que dejaron las FARC fueron copados por los grupos paramilitares que cuentan con la permisividad de la fuerza pública para traficar, amenazar, desplazar, desaparecer, torturar, asesinar y comet er masacres. Esta violencia profundiza la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y con ella la inequidad y la exclusión históricas del campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, en el que es ya uno de los paíse s más desiguales del mundo.

4. Según las denuncias que las organizaciones nos han remitido, se identifican ataques sistemáticos contra la dirigencia social colombiana y los firmantes de la paz. La gravedad de los mismos (736 asesinatos de líderes sociales sólo durante el gobierno de Iván Duque) dan cuenta de la falta de garantías para llevar la representación legítima de las comunidades y pone sobre la mesa la posible configuración de los delitos de genocidio y etnocidio.

5. En el departamento del Meta la paz está siendo saboteada por el gobierno nacional, que no cumple con la inversión para la reincorporación de excombatientes, frenada por la falta de tierras en propiedad y por el asesinato de los firmantes del Acuerdo. El campesinado denuncia amenazas de muerte y persecución contra las organizaciones sociales movilizadas por inversión social del Estado y contra la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Las mismas están agravadas por las declaraciones del gobernador JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA.

La aplicación perversa de la extinción del derecho de dominio a las propiedades y ganados del campesinado, acusadas de testaferrato está generando malestar en el Meta. Mientras, la justicia deja sin aplicar la causal del interés social para extinguir las propiedades de los grandes terratenientes ociosos y/o ligados al narcotráfico y al despojo de tierras. Para el campesinado estamos frente a un “desplazamiento forzado institucional” promovido desde el gobierno del presidente Duque en favor de los latifundistas del Meta.

6. En el departamento del Cauca, tanto en el norte como en la zona de costa y del Macizo, la población está sometida a la violencia extrema aplicada por los paramilitares, las insurgencias y la fuerza pública. Es notoria y pública la p ermisividad de la policía y del ejército nacional con los narcos en los retenes que debieran perseguir el tráfico de insumos y el transporte de coca y de marihuana en la vía entre Santander de Quilichao, Corinto y Toribío, entre otras. Nuestra Delegación f ue hostigada con disparos y ráfagas de fusil en el sector de El Palo. Lo rechazamos y lo entendemos como una demostración de su capacidad de operar, violentar y amedrentar incluso cerca de retenes de la fuerza pública.

Los pueblos indígenas del norte del Cauca continúan firmes en sus propósitos de construir organización para la paz, la vida, la unidad, la autonomía y la armonía territorial. Objetivos que estorban a los intereses de las mafias del narcotráfico, empresas mineras e ingenios azucareros.

Los pueblos indígenas de Colombia están siendo sometidos al exterminio físico y cultural. Particularmente en el norte del Cauca denuncian el asesinato de sus autoridades, comuneros e integrantes de la Guardia Indígena. Estos ataques se agravaron el año pasado y en el presente, y se mantienen en la impunidad. Tal es el caso del asesinato de la dirigente Cristina Bautista y cuatro kiwe thegnas (guardianes de la Tierra) en octubre de 2019.

La erradicación forzada de los cultivos ilegales y el incumplimiento de más de mil acuerdos y compromisos de compra de tierras firmados por el gobierno con los pueblos indígenas son caldo de cultivo para el conflicto social y para la violencia de los grupos que protegen la narco economía y el latifundio.

Los conflictos por tierras en predios de La Emperatriz y Los Mangos en Caloto/Cauca, exigen una intervención decidida del gobierno nacional para adquirir estas fincas y avanzar en la construcción de paz con equidad, antes de que haya nuevos hechos de violencia contra los indígenas.

7. En el Valle del Cauca tiende a agravarse la violencia contra los pobladores de zonas marginales de Buenaventura y Tumaco como resultado de los proyectos de ampliación de las infraestructuras para el comercio marítimo.

Es muy grave que la Sociedad Portuaria de Buenaventura, SPB y el gobierno nacional no protejan la vida de los trabajadores encargados de la seguridad del puerto desde el que se embarcan cargamentos de drogas con destino a los Estados Unidos y Europa. Supervisores de seguridad de la SPB, se encuentran amenazados por los narcotraficantes ante el silencio de la administración portuaria y la negligencia del gobierno para proteger la vida e integridad de trabajadores que cumplen su función.

En el departamento del Valle del Cauca proliferan las amenazas de muerte como parte de una persecución que las organizaciones sociales tildan de sistemática contra personas que defienden los derechos humanos desde el CPDH, CSPP, CUT, y organizaciones de ambientalistas, estudiantiles, colectivos de personas LGBTI.

8. El abandono desde la alcaldía de Bogotá a las miles de personas sometidas a la exclusión, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, que malviven en asentamientos en barrios ubicados en la zona de Ciudad Bolívar, es una violación a l a dignidad humana. Estas personas están sometidas a la inclemencia del tiempo, obligados a la autogestión comunitaria ante la ausencia del gobierno distrital para resolver problemas urgentes de escrituras, vivienda, vías, educación, salud, agua, energía, a limento, seguridad y alcantarillado en barrios como Ensueños, Maravillas de Dios, Tabor, Primavera, Alta Loma y Los Alpes.

9. Denigrante es la situación de abandono de la población indígena del pueblo Embera Chamí y Katío, desplazada de sus territorios ancestrales en el Chocó y abandonados por el gobierno nacional y distrital en Bogotá. Malviven de artesanías y limosnas en barrios de ciudad Bolívar sin atención social, ni posibilidades de retorno con garantías a sus territorios de los que les siguen desplazando forzadamente.

10. En San Mateo y Soacha se recibieron denuncias muy graves contra la Policía Nacional por hechos que aterrorizaron y hoy indignan a sus pobladores, como el asesinato de al menos 13 personas en las movilizaciones contra la brutalidad policial en septiembre del 2020. Uno de los casos que presenta más irregularidades ha sido el incendio del CAI de San Mateo en el que se encontraban 11 personas detenidas y que por la omisión criminal de los agentes en su deber de auxilio, sufrieron graves quemaduras que provocaron la muerte de 8 de ellos en los días sucesivos. Según los testimonios, los mismos agentes obstaculizaron los esfuerzos de familiares por rescatar del fuego a las víctimas.

En Soacha también se recibieron denuncias que dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares y otras bandas que extorsionan, amenazan, asesinan y desaparecen personas, que serían llevadas a un vertedero de escombros custodiado por personal armado. El alcalde municipal fue denunciado por conducta omisiva ante estas realidades.

La violencia policial afecta de forma específica a las mujeres y a la población LGTBI, especialmente a las mujeres trans. Se denuncia la falta de personal femenino en procesos de detención y custodia, así como violencia sexual y actos v ejatorios por parte de los agentes.

Las asociaciones del Magdalena y del Cesar denuncian que las mujeres sufren los rigores del conflicto y de la descomposición social, como la trata de personas y la prostitución infantil, que califican de pandemias ocultas.

11. En todas las regiones visitadas recibimos denuncias de reclutamientos forzados y masivos de jóvenes y niños para la guerra.

12. La impunidad estimula la escalada de violencias que sacude a Colombia. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y otras instituciones de control estarían bajo la influencia del gobierno, situación que afecta el estado de derecho y que hace temer por la calidad de la democracia
colombiana.

13. En la costa Caribe las comunidades negras también siguen sometidas a proces os de violencia, exclusión y despojo territorial hasta del 80% de sus posesiones, como en el caso del Palenque Rincón Guapo. Los niños as no tienen acceso a educación por las enormes distancias que deben recorrer a pie y por la falta de redes públicas gratuitas de acceso a internet para recibir clases durante el confinamiento. Temen nuevos despojos territoriales y más desplazamiento forzado.

14. Los pueblos indígenas del Parque Tayrona sufren las consecuencias del conflicto armado y del incumplimiento de los acuerdos de paz. El parque está siendo entregado a empresarios de la industria hotelera que son ajenos a ese entorno natural. El pueblo arhuaco denuncia la falta de voluntad del gobierno para generar dinámicas productivas y de permanencia lo que se agrava con la falta de titularidad de sus territorios ancestrales lo que hace que su situación sea de extrema vulnerabilidad y su supervivencia es incierta.

Los campesinos de Lengüeta, municipio de Santa Martha, ubicado en zona del parque nacional Tayrona, son más de 2 mil personas que reclaman con urgencia que el Estado formalice la propiedad de sus tierras o que se les reubique, pues no han podido desarrollar sus proyectos de Vida ni tienen acceso a servicios básicos, ni siquiera a luz agua y desagües. La situación de abandono desde el gobierno genera que una niña casi pierda la vida ante la imposibilidad de encontrar un servicio médico que la atendiera, y una bebé de 11 días murió por negligencia en la prestación de servicios asistenciales pues no hay insumos, equipos médicos, ni ambulancia.

15. En Valledupar los sindicatos denunciaron a las empresas mineras, sobre todo del carbón, que violan derechos laborales y sindicales y que se benefician de la represión oficial y del terror paramilitar para silencia r la protesta sindical y social por violaciones de derechos laborales y por los graves impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala.

Nos vamos de Colombia admirados de la capacidad de organización y de autogestión de las comunidades excluidas de los derechos sociales, económicos y culturales, y expresamos nuestro respeto a las víctimas del conflicto que con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición siembran dignidad y esperanzas de paz con derechos, aspiraciones que acompañamos.

Agradecemos a las organizaciones sociales e instituciones que compartieron con la Delegación Asturiana viajes, testimonios y esfuerzos

Comunidad indígena de Caño Mochuelo iniciará la fase de formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva

Comunidad indígena de Caño Mochuelo iniciará la fase de formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva

Unidad para las Víctimas junto a la Alcaldía de Paz de Ariporo y la Gobernación del Casanare se reunieron con los voceros del resguardo indígena Caño Mochuelo con el fin de concretar las acciones para dar inicio a la fase de formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva de este sujeto.

El resguardo de Caño Mochuelo es un sujeto de reparación colectiva integrado por diez pueblos indígenas y 14 comunidades, lo que lo hace un resguardo multiétnico de 3.362 habitantes.

La Unidad para las Víctimas ha trabajado para avanzar en cada etapa del proceso de la ruta de reparación colectiva. En los años 2019 y 2020 se llevó a cabo la fase de caracterización del daño en la que se identificaron los daños colectivos que sufrió este resguardo en el marco del conflicto armado.

De esta manera, la Unidad concertó con los 10 pueblos indígenas (Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro, Amorúa, Yamalero, Maibén masiware, Sikuani y Sáliba, Cuiba y Wamone) la realización de distintas medidas reparadoras de aquellos daños que fueron identificados; las actividades serán implementadas junto con la comunidad en los meses de mayo y junio y avanzar así en su reparación integral.

Carlos Arturo Pardo Alezones, director de Meta y Llanos Orientales de la Unidad, indicó que además de realizar cada una de las actividades que permitan el goce efectivo de los derechos de esta comunidad indígena, la Unidad ha cumplido con la medida cautelar 098 de 2020 por una alerta temprana en la que se ordena adelantar planes y programas que garanticen la seguridad alimentaria de estos pueblos

La Unidad para las Víctimas entregará ayuda Humanitaria Inmediata a comunidades indígenas de Dabeiba

La Unidad para las Víctimas entregará ayuda Humanitaria Inmediata a comunidades indígenas de Dabeiba

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará esta semana una misión humanitaria para llegar a siete comunidades indígenas confinadas en sus resguardos por acciones de grupos armados ilegales en Dabeiba

Son 282 familias emberá, conformadas por 974 personas que habitan en zonas selváticas a tres días de camino mular del casco urbano del municipio, las que recibirán más de 10 toneladas de alimentos y kits de aseo como parte del apoyo subsidiario que se brinda a las entidades territoriales, gracias a una operación aérea gestionada por la entidad.

Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, informó que “desde el principio hay una respuesta articulada con la alcaldía municipal y la Gobernación de Antioquia y ahora, con nuestros cooperantes internacionales, ya tenemos la ruta establecida para atender este confinamiento y a estas siete comunidades con ayuda humanitaria inmediata y alimentación”.

Las autoridades indígenas en Antioquia han indicado que, por la presencia de grupos armados ilegales, varias comunidades decidieron resguardarse por limitaciones a su movilidad. También denunciaron el uso de minas antipersonal.

Por otra parte, el director territorial indicó que la entidad continúa con la asistencia a las 1.114 familias desplazadas por grupos ilegales entre febrero y marzo de los municipios de Peque, Cáceres, Amalfi, Ituango y Murindó mediante la entrega de alimentos, kits de hábitat, aseo y giros bancarios, en articulación con las alcaldías y la Gobernación de Antioquia.

Además, ha destinado cerca de 2 mil millones de pesos este año como mecanismo de subsidiariedad para apoyar a los municipios con carencias presupuestales durante estas emergencias.

Pueblo Nükak solicita apoyo para el traslado de cuerpo sin vida de indígena

Pueblo Nükak solicita apoyo para el traslado de cuerpo sin vida de indígena

El gobierno debe dar las garantías para llevar por vía área hasta Checamuh, municipio de Tomachipan, Guaviare, a Nuyupna Jiwda (Tigre) Yau,  uno de los médicos tradicionales del pueblo Nükak , los líderes de este pueblo indígena tradicional señalan que la despedida de una autoridad como lo era el recién fallecido médico debe estar a la altura de cualquier dignatario, en ese sentido solicitan al Gobierno Nacional se le preste el apoyo y garantías para el traslado del cuerpo.Ante lo apremiante de la situación y dadas las condiciones geográficas y climáticas de la zona, el traslado del cuerpo del Mayor hasta su territorio ancestral debe hacerse vía aérea y en compañía de sus siete familiares inmediatos.

Asimismo, señalan en un comunicado de prensa que, en la actualidad los Nükak no cuentan con aseguramiento en salud y no se realizan las transferencias de recursos para su atención por lo que se hace imprescindible avanzar en la restitución de derechos de este pueblo que para este caso debería ser incluido una siembra digna del Mayor Nuyupna Tigre en su territorio según la cosmovisión de su cultura ancestral.

Esta solicitud es parte de la exigencia de los familiares del Mayor y que respalda la Defensoría del Pueblo a través de su enlace étnico territorial, Camila Perico, quien expresó esta petición en el Comité Ampliado de Justicia Transicional realizado en la mañana del 23 de marzo porque “es la responsabilidad del Estado con las víctimas, es darles dignidad (…) Tigre es un símbolo de dignidad cultural, enfatiza la funcionaria.

El Mayor y las familias Nükak del asentamiento de Puerto Flores habían iniciado el proceso de retorno voluntario al territorio ancestral cansados de esperar que el Estado y las instituciones les brindaran garantías para el retorno digno. El sueño del Mayor “Nuyupna-Tigre” de volver al territorio no se cumplió.

Constitucionalmente los Nükak son un pueblo de especial protección, que está en peligro de exterminio físico y cultural. Hoy la partida del Pugnidedus es una alerta para que se cumplan las medidas de salvaguarda y salvaguardia que les permitan su pervivencia y retorno al resguardo.

Familias indígenas desplazadas regresaron a sus hogares en Chocó

Familias indígenas desplazadas regresaron a sus hogares en Chocó

La Unidad para las Víctimas y autoridades territoriales realizaron el acompañamiento respectivo para que 86 familias emberas, que se encontraban en Pueblo Rico, Risaralda, regresaran a su territorio en Cebedé, Chocó.

“Estamos felices de poder volver a casa, fueron condiciones difíciles las que afrontamos en estos días, agradecemos la colaboración de entidades como la Unidad y demás, pero a la vez solicitamos al gobierno de Chocó que cumpla con los compromisos y evitemos situaciones futuras, solo queremos vivir en paz”, es el relato de Óscar Campo, gobernador de Cebedé y líder del desplazamiento, quien permaneció 18 días junto a 359 de sus “hermanos” embera, por fuera de su anhelado resguardo.

Autoridades locales –en cabeza de la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico–, entidades nacionales como la Unidad para las Víctimas y el ICBF y órganos de control como la Personería municipal y la Defensoría del Pueblo hicieron parte de la comisión de verificación del regreso de los indígenas desplazados a su lugar de origen.

El retorno voluntario de las 360 personas que comenzaron a llegar hasta suelo risaraldense, desde la primera semana de marzo, comenzó a las 9:30 de la mañana de este sábado, con un primer tramo recorrido en jeeps y camionetas dispuestas para ello, entre Pueblo Rico y la vereda Dokabú, en el sector Agüita.

Una vez allí, las familias, junto con sus enseres y ayudas humanitarias, comenzaron su regreso a lomo de mula a cinco horas de camino, entre Dokabú y el resguardo Tahamy, de la comunidad de Cebedé, jurisdicción de Bagadó, en el departamento del Chocó.

“Nuestro objetivo es lograr que estas familias vuelvan a su territorio ancestral con la seguridad necesaria y, desde luego, en condiciones dignas para desarrollar sus actividades tradicionales en el campo agrícola y productivo; por eso desde la entidad les entregamos 4.3 toneladas en kits de aseo, hábitat y alimentación, para este nuevo comienzo”, explicó Laura Moreno, directora territorial de la Unidad en esta zona del país.

Todo este operativo de regreso estuvo acompañado por el Ejército, que garantizó la seguridad en la zona y dieron un parte de tranquilidad en materia de orden público.

Las autoridades administrativas en Chocó se comprometieron a realizar una verificación del resguardo, para suplir algunas necesidades que la comunidad tiene en materia de vivienda, salud y proyectos productivos.