por Konuco | Feb 18, 2025 | Indígenas
El pasado 17 de febrero, en el resguardo indígena de Caldono, ubicado en el territorio Sa’th Tama Kiwe, se llevó a cabo una asamblea especial bajo la orientación de las autoridades espirituales del lugar. El encuentro, denominado «remediación, corrección y sanación con Uma Kiwe» (Madre Tierra), buscó reflexionar sobre los recientes eventos ocurridos en la comunidad.
La reunión se centró en sensibilizar a la comunidad sobre la relación con los seres mayores, quienes comparten el espacio del resguardo y son considerados cuidadores del territorio. La convocatoria se realizó debido al trágico suceso del asesinato de un puma en el resguardado de Caldono, un hecho que generó preocupación y motivó la toma de medidas de concientización y acción preventiva.
Llamado a la reflexión y acción
Las autoridades ancestrales de Uswal Çxhab, con base en sus usos y costumbres, destacaron la importancia de aplicar la jurisdicción propia para abordar el incidente. Durante la asamblea se determinó, con el acompañamiento espiritual de los Thê’sawe’sx, las siguientes acciones:
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Sanación: Las personas implicadas en el hecho realizarán pedagogías dentro de la comunidad para enseñar sobre el respeto y cuidado de la fauna y la flora.
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Fortalecimiento del cuidado ambiental: Se enfocarán en la protección y conservación del medio ambiente, principalmente en las zonas cercanas a las montañas.
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Educación ambiental: Se reforzará la pedagogía del amor y el cuidado, con el propósito de educar a las nuevas generaciones. Las escuelas y colegios serán los principales espacios para sembrar esta conciencia.
Presencia institucional
Durante la asamblea, también estuvo presente Celio Urresti Meza, Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Su participación destacó el compromiso interinstitucional en la protección del medio ambiente y la fauna local.
Esta acción comunitaria subraya la importancia de la colaboración y el respeto por la naturaleza, buscando no solo remediar el daño, sino también educar y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el entorno natural.
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por Konuco | Feb 17, 2025 | Indígenas
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha emitido una alerta humanitaria tras una serie de ataques y amenazas que afectan a las comunidades indígenas del Cauca. Estos hechos, protagonizados por actores armados, ponen en peligro la vida y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la región, quienes se enfrentan a la violencia y la persecución como parte de un intento de controlar el territorio.
Según las autoridades locales, los primeros incidentes ocurrieron el 11 de febrero en Caldono, donde la comunidad de Pueblo Nuevo, junto con la guardia indígena, fue atacada con disparos de armas de fuego de largo alcance mientras realizaban labores de control territorial. Este ataque se enmarca en una serie de agresiones que ya han comenzado a preocupar a las autoridades.
En Toribio, el 12 de febrero, las autoridades denunciaron nuevos actos de hostigamiento, incluida la estigmatización, asesinatos y el uso de símbolos organizativos indígenas para sembrar dudas y justificar actos violentos. Estas acciones se consideran una estrategia para despojar a las comunidades de su sistema de gobierno y control territorial. Frente a ello, las comunidades exigen el cese inmediato de los ataques.
Ese mismo día, en Morales, tres guardias indígenas fueron amenazados de muerte. Pese a los intentos de asesinato, la guardia indígena regional logró rescatar y evacuar a los afectados. Sin embargo, durante este proceso, fueron detenidos por miembros del grupo armado Jaime Martínez, quienes amenazaron al equipo de derechos humanos del CRIC.
El 14 de febrero, en el municipio de Suárez, la comunidad indígena del territorio de Cerro Tijeras alertó sobre los impactos negativos de la guerra y el narcotráfico. Además de los ataques armados, denunciaron la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales, incluyendo el reclutamiento forzado de menores de edad y la colocación de propaganda relacionada con la violencia en su territorio. Exigieron la devolución inmediata de los niños reclutados y el respeto a las normas territoriales.
Recientemente, en los municipios de Corinto y Toribio, la violencia dejó nuevas víctimas. El asesinato de un ciudadano ecuatoriano y del comunero indígena Nelson Eduardo Scuit, ocurridos el 15 de febrero, ha generado una creciente alarma. Estos hechos, sumados a los ataques previos, evidencian un patrón sistemático de exterminio físico, social, cultural y organizativo contra los pueblos indígenas del Cauca.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC reportó 987 víctimas indígenas en la región, un claro indicio de la violencia que azota a estos pueblos. La denuncia de estos ataques revela una contradicción de los actores armados, que intentan ocultar la realidad de los hechos a través de sus comunicaciones.
Ante esta situación, el CRIC ha convocado a las comunidades indígenas a mantenerse unidas en defensa de la vida, el territorio y la justicia propia. El organismo también ha hecho un llamado al Estado colombiano y al gobierno nacional para que tomen medidas urgentes para proteger a las comunidades del Cauca, cumpliendo con las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Indígenas
El Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón, ubicado en el Guainía, se enfrenta a una controversia legal con el Gobierno de Colombia tras aprobar la explotación minera en su territorio. Esta decisión se tomó sin la autorización del Ministerio de Ambiente, lo que dio lugar a un conflicto por la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos naturales.
La disputa comenzó tras la aprobación del Decreto 1275 de 2024, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios. A pesar de las advertencias de expertos sobre posibles conflictos, el resguardó decidió, el 22 de enero de 2025, aprobar la sustracción de 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia para realizar actividades mineras. Esta sustracción fue solicitada en junio de 2023, y la decisión se tomó amparada en el Decreto 1275.
Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Ambiente bloqueó la aprobación, señalando que el decreto no otorga a los resguardos indígenas la facultad para autorizar actividades como la minería sin su consentimiento. La Resolución 0078, emitida el 23 de enero, rechaza la sustracción y subraya que la autorización para modificar la reserva solo puede provenir del ministerio.
El desacuerdo ha generado un fuerte enfrentamiento jurídico. Mientras que el Gobierno considera que la comunidad no tiene base legal para sus decisiones, los líderes del Resguardado Indígena defienden su derecho a gestionar sus recursos sin intervención estatal. El gobernador del resguardado, César Florez Clarín, ha anunciado que, de ser necesario, recurrirán a los tribunales para resolver la disputa.
A pesar del rechazo del ministerio, la comunidad indígena mantiene firme su proyecto de minería. Florez Clarín subrayó que la minería es la principal fuente de ingresos para la región y que, sin ella, la economía de Guainía colapsaría. El líder indígena argumentó que la minería ilegal ha dominado el territorio durante años y que su propuesta busca formalizar la actividad minera bajo estándares ambientales sostenibles.
El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería también están al tanto del conflicto. Los líderes del resguardado han presentado un Plan de Trabajo Ambiental para regularizar la actividad minera y asegurar su ejecución de manera responsable.
El caso resalta la falta de regulación efectiva sobre la minería en la región, un problema reconocido por organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según un informe de 2021, toda la minería en Guainía se realiza de manera ilegal, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de regular la actividad para garantizar su sostenibilidad y reducir sus impactos negativos.
El conflicto continúa, con ambos lados firmes en sus posturas, lo que podría desencadenar un largo proceso judicial.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Indígenas
El pasado martes 11 de febrero, la comunidad indígena Uswal Cxhab, ubicada en la región de la cordillera «Andalu Vxic» en la vereda Andalucía, reportó la presencia de disparos en la zona alta del territorio. Ante la preocupación, las autoridades indígenas, acompañadas por la Guardia Indígena, realizaron un recorrido para investigar el hecho.
Gracias a la colaboración de los comuneros, se logró acceder a un video en el que se observaba la muerte de un animal exótico, que se presume es un puma, una especie en peligro de extinción en la región. El video, que circulaba en redes sociales, facilitó la identificación y captura del presunto responsable de este acto ilegal.
El procedimiento de verificación llevado a cabo por la autoridad indígena resultó en el decomiso de una escopeta artesanal y la piel del puma en la vivienda del acusado. La investigación continúa para determinar si otras personas están involucradas en el caso, las cuales serán sometidas a la justicia propia del pueblo indígena.
En un comunicado oficial, Uswal Cxhab rechazó enfáticamente este tipo de prácticas y reafirmó su compromiso con la protección de la vida animal y el entorno natural de su territorio. “No permitiremos que nuestros comuneros o personas foráneas cacen, maltraten, ocasionen lesiones o maten animales, domésticos o silvestres”, advirtieron las autoridades. El pueblo indígena subrayó que su lucha va más allá de la defensa de los seres humanos, e involucra también la preservación de la fauna que habita su tierra.
A través del comunicado, también hicieron un llamado a la comunidad en general, indicando que, en caso de avistar un animal salvaje o exótico que represente un riesgo para las personas o animales domésticos, deben comunicarlo inmediatamente a las autoridades del cabildo o la Guardia Indígena. Ellos, a su vez, coordinarán con las entidades ambientales correspondientes para garantizar el rescate y traslado de estos animales a su hábitat natural, asegurando su protección.
Este incidente pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de la fauna en territorios indígenas, destacando la importancia de las acciones comunitarias en la preservación del medio ambiente y la protección de las especies en riesgo. La comunidad Uswal Cxhab continúa en pie de lucha, defendiendo sus principios de respeto a la vida y al entorno natural.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Indígenas
Las autoridades de los pueblos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, que conforman el «Proyecto Nasa», han denunciado públicamente la intensificación de los ataques por parte del grupo armado disidente de las FARC-EP Dagoberto Ramos. La organización indígena, que ha luchado durante más de 50 años por la defensa de la vida, la unidad comunitaria y la autonomía territorial en el Cauca, enfrenta una nueva ola de violencia que pone en peligro tanto su seguridad como la de las futuras generaciones.
En un comunicado difundido el 12 de febrero, las autoridades indígenas alertaron sobre los intentos de este grupo armado por difamar y socavar la estructura organizativa indígena. Según señalan, los ataques forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la comunidad y tomar el control de los territorios ancestrales, que han sido protegidos por generaciones de pueblos indígenas.
Los recientes hechos de violencia incluyen el envío de un panfleto amenazante el 3 de febrero, en el cual el grupo armado intentó intimidar a las autoridades de Toribio. Sin embargo, uno de los ataques más alarmantes ocurrió el 9 de febrero, cuando sicarios se hicieron pasar por guardias indígenas para llevar a cabo un atentado en el casco urbano de Toribio, donde resultaron heridos un comunero y una niña de 10 años. Este ataque, junto con el asesinato de Alberto Quitumbo Yatacué, un firme defensor de la paz, ha desbordado la paciencia de las autoridades indígenas.
Estos incidentes no son aislados. De acuerdo con los informes de las autoridades, los grupos armados ilegales están tratando de arrebatar el control de las tierras y recursos naturales en la región, particularmente en relación con el negocio ilícito de la marihuana. En lugar de promover la paz, estos grupos perpetúan la violencia y buscan involucrar a menores de edad en sus actividades ilícitas, utilizando incluso a niños y adolescentes como “carne de cañón” en los enfrentamientos armados.
Las autoridades indígenas también han expresado su preocupación por el regreso de excombatientes que abandonaron sus procesos de reincorporación. Estos excombatientes, que en su momento se comprometieron con la paz, han retomado las armas y están reforzando las estructuras de los grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la situación de inseguridad en los territorios indígenas.
En su comunicado, las autoridades del Proyecto Nasa exigieron un respeto absoluto a los territorios originarios y los derechos territoriales de las comunidades. Pidieron el cese inmediato de los ataques, el reclutamiento forzado de menores y el uso indebido de los símbolos de la organización indígena. Estas acciones, según denuncian, constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que representan un ataque directo a la población civil, lo cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
A pesar de la creciente violencia, las autoridades indígenas ratificaron su disposición al diálogo. Insistieron en la necesidad de un proceso de paz estructural que permita la protección de los territorios y la garantía de la vida en armonía, como un derecho fundamental de las comunidades indígenas. La organización también destacó que, a pesar de los desafíos, las comunidades indígenas siguen luchando por su supervivencia y por el respeto de sus espacios vitales.
