por Konuco | Abr 30, 2025 | Indígenas
BOGOTÁ (Colprensa). Mientras que las comunidades indígenas siguen llegando a Bogotá para participar en la jornada del Primero de Mayo, el Centro Democrático por intermedio de algunos de sus congresistas cuestionaron los mecanismos usados por el gobierno nacional para las movilizaciones, además de que pidieron una investigación a la Procuraduría.
Por un lado, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, sostuvo que a lo largo de los casi tres años del mandato de Gustavo Petro, su administración ha firmado 172 contratos con las diversas organizaciones indígenas y que suman $726.661 millones, un aumento del 119% frente al mismo periodo del gobierno anterior.
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“Con los impuestos de los colombianos, el gobierno de Gustavo Petro hace politiquería y promueve la violencia”, manifestó el senador, quien además resaltó que uno de los casos más graves es el del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que ha recibido 62 contratos por $533.495 millones, un incremento del 137%.
Detalló además que hay 39 contratos más por $117.553 millones entregados a la ONIC (+48%) y los 46 contratos por $54.582 millones a la OPIAC (+295%). Incluso las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia han recibido 25 contratos por $21.029 millones, con un aumento del 57%.
“¿Por qué el Gobierno dice que no hay plata para medicamentos, para la educación de los jóvenes a través del ICETEX o para la alimentación escolar, pero sí hay para derrochar en contratos políticos?… ¿Se preguntan por qué se desplazan miles de indígenas en chivas desde el Cauca y otras regiones a Bogotá? Pues porque Gustavo Petro los compra, les paga”, apuntó el senador opositor.
“Cuando la plata no se roba, alcanza. El problema de este Gobierno es el derroche, el desperdicio y la corrupción. Necesitamos un Estado austero, eficiente y eficaz; pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social. Esta sinvergüencería se acaba el 7 de agosto de 2026”, aseveró Uribe.
Por otra parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar, radicó en la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra Leopoldo Múnera Ruíz, rector de la Universidad Nacional, por permitir el ingreso de la Minga Indígena a las instalaciones del claustro y, al Ministro Daniel Rojas Medellín.
Villamizar, radicó la queja disciplinaria a Munera y Rojas, por afectar no solo el derecho a la educación de sus estudiantes, de la comunidad universitaria y el normal desarrollo del calendario académico, sino también está propiciando un daño a los bienes públicos por el mal manejo dado a las instalaciones.
«Tanto el rector de la Universidad Nacional, como el Ministro de Educación, deben ser sancionados. No pueden tomar decisiones diestra y siniestra con bienes públicos», declaró Villamizar.
(Colprensa)
por Konuco | Abr 29, 2025 | Indígenas
Desde el domingo y durante toda la semana continuará la llegada de la minga indígena para participar en las manifestaciones convocadas por el Gobierno para el próximo 1 de mayo.
Y aunque a la mayoría de los miembros de las comunidades indígenas no se les aplicarán las preguntas de la consulta popular —relacionadas con la reforma laboral—, su cercanía con el Gobierno Petro sí es significativa.
En lo que va de 2025, el Gobierno le ha entregado más de 300 mil millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones que lidera la movilización de la Minga hacia la capital, según denunció el concejal Daniel Briceño.
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“Lo de la Universidad Nacional no es gratuito”, dijo el concejal.
Uno de los contratos lo tiene la ONIC con el Ministerio de Salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo entregó 39.000 millones de pesos al CRIC para implementar acciones diferenciales en el sistema de salud indígena. Se pagará entre $50.000 y $70.000 diarios por persona en puestos de olla comunitaria.
Este mismo ministerio también les pagará al CRIC entre 1 y 4 millones de pesos por chiva, bus o camión para transportar a los miembros de las comunidades indígenas.
“Este convenio se publicó en SECOP, se ofertó y firmó el día de ayer entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., momento en el que se estaban presentando los graves disturbios en la Universidad Nacional. ¿Sirvió la presión?”, señala Briceño.
El concejal presentó un documento titulado “Sesión XXVIII de Comisión Técnica”, donde se habla de una concertación del plan de acción 2025.
Este pacto, firmado entre el Gobierno Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, establece que para el año 2025 el gobierno entregará $300 mil millones de pesos en contratos a esa organización.
Según la Alcaldía de Bogotá, se espera que por lo menos 20.000 indígenas de la Minga lleguen a Bogotá para participar en las movilizaciones del jueves.
(Colprensa)
por Konuco | Abr 24, 2025 | Destacadas, Indígenas
Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, logró un principio de oportunidad con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Así lo determinó el juzgado 79 de Garantías, quien explicó que Barreto es un testigo clave dentro del caso por la información que conoce y que le permitiría ser testigo en 16 procesos penales contra otras personas involucradas.
Esa es la razón principal por la que se firmó el acuerdo, en la que se comprometió también a reconocer públicamente su arrepentimiento y la garantía de no repetición. Como reparación a las comunidades indígenas afectadas en La Guajira ofrecerá capacitaciones para asesorar la formulación de proyectos en temas de aguas, residuos sólidos, y energía solar y eólica.
Barreto, según la Fiscalía, tuvo relación con la reducción de 101.584 millones de pesos de un convenio que tenía la Unidad Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lo anterior en presunta coordinación con su jefe político, quien para la época de los hechos ejercía como director
de una entidad pública.
El dinero fue utilizado para el direccionamiento de ocho contratos y órdenes de proveeduría para el suministro de 35 carrotanques de agua, tanques plásticos de 5.000 litros, plantas desalinizadoras con componente solar, adecuación de pozos subterráneos y una interventoría. Los contratistas favorecidos fueron designados por Barreto Gantiva a cambio de una coima del 12% del total de cada orden de proveeduría.
Lo que resta ahora en su contra es la aprobación por parte de un juez de un preacuerdo que fija una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación y soborno en la actuación penal. Además, del reintegro de 150 millones de pesos.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira. Hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
En ese contexto, el 25 de septiembre de 2023, Olmedo López asistió con Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) a la que también concurrió el entonces director Gerardo Vega y sus asesores, para acordar la modificación del convenio para la reducción de su valor en 100.000 millones de pesos.
De Colprensa para Konuco
por Konuco | Abr 21, 2025 | Destacadas, Indígenas
Para el primer trimestre de 2025, el Programa Colombia Sostenible, liderado por el Fondo Colombia en Paz con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinó $37.136 millones a 77 proyectos agroambientales.
Estas inversiones complementarias buscan consolidar iniciativas que promuevan el desarrollo rural bajo en carbono y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
“Este año hemos girado recursos clave a los territorios, llevando esperanza y oportunidades a comunidades afectadas históricamente por el conflicto armado”, afirmó Wilmer Leal Pérez, director del Fondo Colombia en Paz.
Por su parte, la directora del programa Colombia Sostenible, Mary Gómez Torres, explicó que se desembolsaron $22.000 millones, correspondientes al primero de dos pagos previstos.
“Estos recursos permiten a las comunidades adquirir bienes y servicios esenciales, como paneles solares, equipos para producción y certificaciones, además de realizar pagos por servicios ambientales”, señaló la directora del programa Colombia Sostenible.
En cuanto a las iniciativas, los directivos informaron que benefician a 14.562 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas en municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Entre los proyectos se incluyen la construcción de infraestructura productiva, como centro de acopio, bodegas, viveros e invernaderos, además del fortalecimiento de cadenas productivas como café, cacao, piscicultura y frutales.
Las inversiones se realizan en 15 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | Abr 4, 2025 | Destacadas, Indígenas
El Gobierno Nacional informó que logró llegar a acuerdos con las comunidades indígenas del suroccidente del país que se encontraban asentadas en la Plaza de Bolívar de la capital del país.
Los acuerdos involucran acciones claves para la protección, bienestar y salvaguardia de los pueblos indígenas, como la instalación de la mesa de diálogo y concertación con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento de las comunidades indígenas hacia sus territorios de origen y la entrega del listado de las entidades con las cuales se construirá una ruta de trabajo para la protección y garantía de derechos de estas comunidades.
El desplazamiento de las comunidades hacia sus territorios se realizará en coordinación con los entes territoriales y el apoyo del Ministerio de Igualdad.
“Hemos llegado a una serie de acuerdos que, en principio, inicia con una ruta de trabajo sobre acciones muy concretas. Lo primero que hay que dejar claro es que el diálogo social y la articulación son los ejes fundamentales para la democracia, independientemente de las diferencias que tengamos”, destacó el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.
“Los compañeros retornan a sus departamentos luego de establecer articulaciones interinstitucionales para apoyarlos en esa logística, por lo que agradecemos al Ministerio Público, a la Alcaldía de Bogotá y, ante todo, a las comunidades indígenas que son los protagonistas de estos acuerdos”, concluyó Rondón.
El Gobierno Nacional instó a los gobiernos municipales y departamentales a escuchar y atender a los pueblos indígenas, y que se establezcan procesos de articulación con ellos en materia de inversión estructural de sus organizaciones en los territorios.
También exhortó a los grupos armados ilegales a que cesen los actos de violencia en contra de las comunidades indígenas del país.
“No pueden seguir constriñendo y amenazando a la población y menos a las comunidades indígenas. En frente y al lado de estos pueblos indígenas está un Gobierno nacional que los respalda y hará que sus derechos sean protegidos”, concluyó Gabriel Rondón.
El Ministerio de Interior aseguró que continuará acompañando los procesos de las comunidades y fortalecerá los acuerdos logrados, respetando la autonomía y línea administrativa de los pueblos indígenas. Colprensa
Foto: Colprensa – Catalina Olaya
