En sesión plenaria, el Senado de la Republica aprobó la creación de una comisión especializada en el fortalecimiento de políticas de paz y posconflicto, que estará liderada por Iván Cepeda, congresista del Pacto Histórico, quien fue elegido como presidente de este grupo.
La comisión estará conformada por 38 parlamentarios, quienes se enfatizarán en los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Esta designación me honra y compromete a trabajar por la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro», expresó Cepeda.
«A buscar que cuánto antes se produzcan procesos de diálogo y de negociación que conduzcan a ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que hoy azota el territorio nacional», manifestó.
A su vez, fue elegido el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, como vicepresidente de esta sesión, quien, en múltiples ocasiones ha denunciado masacres, homicidios a líderes y lideresas sociales, entre otras acciones victimizantes.
«Esta comisión tendrá tres objetivos. Por un lado, ir a los territorios donde están asesinando líder y lideresas sociales y excombatientes de las FARC. Por otro, generar las condiciones de diálogos regionales para avanzar a la paz totalitaria», dijo Ávila.
«Y lo tercero, sobre el verificamiento del acuerdo de paz con las FARC», recalcó Ávila, quien fue nombrado líder de esta comisión por la Paz y el Posconflicto.
Este grupo de 38 senadores estará compuesta por Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Aída Avella, Clara Rojas, Jahel Quiroga, Gloria Flórez, María José Pizarro, Robert Daza, Humberto de la Calle y excandidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, entre otros senadores.
Quienes pretenden iniciar procesos de negociación que conduzcan a ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado.
Es por esto, que desde este miércoles se llevará a cabo el primer foro de conversaciones con el ELN y la posible vía libre a establecer canales de diálogo con el ‘Clan del Golfo’.
Finalmente, la oposición, que ejercerá el Centro Democrático, estará representada en la Comisión de Paz por los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Alirio Barrera.
El proceso de eliminar el servicio militar y la necesidad de estructurar a la Policía Nacional, son los temas que priorizaría el nuevo ministro de Defensa, el exmagistrado Iván Velázquez, quien será el encargado de la cartera al comienzo del gobierno de Gustavo Petro Urrego.
«Ojalá fueran todos voluntarios. Yo aspiro a que el servicio militar obligatorio se suprima», señaló Velásquez en la entrevista a la revista Cambio, con respecto a la situación de los jóvenes en el país.
Dentro de las propuestas del presidente Petro, es convertir las fuerzas militares en un organismo de construcción de paz, además de que el servicio militar se convierta en un tipo de servicios debería ser voluntario.
«La salida de la Policía del Ministerio de Defensa es ya una decisión tomada. La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso. Por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho», agregó.
En cuanto la restructuración de la Policía, se conoce que, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recalcaron que en Colombia, esta fuerza pública debería pasar a ser liderada por el Ministerio del Interior.
Finalmente, el exmagistrado auxiliar de la sala penal dE la Corte Suprema de Justicia, enfatizó en que la salida de la Policía del Ministerio de Defensa es ya una decisión tomada.
«La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso. Por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho», finalizó Velásquez.
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley 2120 de 2021 respecto al etiquetado frontal de advertencia, el Ministerio de Salud entregó las conclusiones del estudio efectuado por la Universidad de Antioquia y presentó el proyecto que busca modificar la resolución 810 de 2021.
El mismo establece requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deberán cumplir los alimentos procesados en el país, envasados o empacados, más conocidos como ‘comida chatarra’. Una medida que está en mora de implementarse.
En cuanto a forma y figura, el ministerio indicó que es el octágono es la que presenta mayor evidencia disponible en los estudios experimentales aleatorios, siendo incluida como variable de intervención en el 88,9% de los estudios efectuados por el centro universitario.
«El único estudio experimental aleatorizado que comparó entre formas y figuras de etiquetados frontales de advertencia encontró que la forma octagonal es la más apropiada para capturar la atención y con mayor potencial de maximizar la percepción de insalubridad», expresó MinSalud.
Por su parte, en lo que respecta al color, el único estudio experimental que comparó entre formas y figuras de etiquetados frontales de advertencia, encontró que el negro es el más apropiado para capturar la atención y tiene mayor potencial de maximizar la percepción de insalubridad.
Mientras en lo que se refiere al contenido y texto del mensaje de advertencia, el estudio encontró que el texto ‘EXCESO EN’ es el más apropiado para capturar la atención, y es el que tiene mayor potencial de maximizar la percepción de insalubridad en el producto.
Además, al observar la información presente en las imágenes de los etiquetados de los ocho estudios que muestran efectos favorables de la forma octagonal, se interpreta que el 50% de dichos análisis empleo el texto de advertencia ‘ALTO EN’ y tres más ‘EXCESO EN’.
Sin embargo, es importante anotar que, aunque el texto de advertencia ‘ALTO EN’ fue usado en cuatro de éstos, el de ‘EXCESO EN’ fue utilizado por el estudio con mejor evidencia y en los efectuados en Colombia y también va en concordancia con el término ‘cantidad excesiva’ utilizado en la descripción del artículo 5 de la ley 2120.
Para aquellos productos que ya se comercializan o tienen ya listo el uso del sello circular y sus disposiciones, tendrán seis meses a partir de la modificación para hacer empleo del agotamiento de etiquetas. Si pasado este tiempo aún tienen etiquetas con las disposiciones iniciales, podrán autorizar el agotamiento ante el Invima.
Es decir, no se deberían presentar sobrecostos asociados a destrucción de material impreso, porque está el agotamiento de etiquetas, y tampoco por tener que hacer pruebas de laboratorio. De hecho, la resolución 810 permite la estimación del contenido de nutrientes a partir de la información de la tabla de composición de alimentos.
En consecuencia, en diciembre se espera firmar el documento final de esta normatividad, la cual -se conoció- se pasará por una revisión internacional que tardaría cerca de 60 días para su aprobación.
La comisión de empalme del presidente electo Gustavo Petro divulgó este lunes el informe final de las reuniones efectuadas con funcionarios del gobierno de Iván Duque, tras las cuales existe preocupación por el riesgo de presupuesto de algunos sectores.
Los primeros en aparecer durante la jornada fueron los coordinadores de esta comisión, Mauricio Lizcano y Daniel Rojas, quienes puntualizaron que durante este proceso trabajaron 2.853 personas durante cinco semanas, se enfatizó en los 23 sectores y 190 entidades del ejecutivo, en 11 mesas trasversales.
Para los voceros de la comisión de empalme, es importante priorizar en la ampliación del recaudo de la nación, según Rojas. «Colombia es uno de los países de Latinoamérica con el menor índice de recaudo de impuestos», indicó.
Además, al final de su intervención, el coordinador del proceso de empalme afirmó que durante los primeros 100 días de gobierno se dejarán las bases claras sobre el plan de desarrollo territorial.
Las principales ‘alertas críticas’ visibilizadas en el informe de empalme son las siguientes:
Irregularidades en el sistema Ingreso solidario: Según este informe final, las cuentas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) no cuadran, pues argumentan que ha habido recortes a su presupuesto que le restan cerca de 10 billones de pesos. Estos recursos, que pasaron de un lado a otro, corresponden a las entregas monetarias a los ciudadanos priorizados durante la pandemia. Es decir, estaría desfinanciado.
Endeudamiento al sector salud: Según la ministra designada, Carolina Corcho, existe insostenibilidad en el sistema, pues las EPS acumulan deudas hasta por 20 billones de pesos, con un déficit de 6,4 billones en el presupuesto de 2022, y de 4,6 billones en 2023. En total, según este informe, hay 14 EPS en riego de liquidación, y altos índices de corrupción de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Economía Naranja: Durante el gobierno Petro, la propuesta bandera del presidente Iván Duque, la economía naranja, no irá más. Según Rojas, uno de los coordinadores del empalme entre el gobierno saliente y el entrante, tras cuatro años del actual mandato todavía no está claro a qué se refiere el actual mandatario con este concepto.
Licencias de Cultivos de cannabis: Según el equipo de empalme del ministerio de Justicia, encontraron irregularidades a la hora de adjudicar contratos para pequeños y medianos cultivadores, pues no se cumplen las políticas de otorgamiento de licencias y estarían favoreciendo a empresas multinacionales. El enfoque que pretende este nuevo gobierno es priorizar a las organizaciones campesinas a obtener estas licencias sin costo alguno, eliminando la dirección de políticas de drogas adscritas al Viceministerio de Política Criminal, para trasladar así estas funciones a una alta instancia presidencial especializada en Derechos Humanos.
Problemas en restitución de tierras: Según este informe, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no ha llevado a cabo acciones algunas para lograr recuperar y restituir las tierras en todo el territorio nacional; pues solamente 18.000 hectáreas se han verificado de los 1,9 millones de hectáreas que fueron incorporadas al Fondo Nacional de Tierras. Uno de los temas que priorizaron los coordinadores del ministerio de Agricultura se trata sobre la descapitalización del Banco Agrario, por 700.000 millones de pesos.
Por otro lado, Lizcano elevó sus preocupaciones frente al nombramiento de nuevas personas en cargos en la Comisión de Regulación de Energías, Gas y Combustibles. Adicionalmente, se pronunció frente a la posible adjudicación del contrato del canal de Dique, comprometiendo vigencias futuras.
Finalmente, el equipo de empalme continuará con algunas políticas públicas del gobierno del presidente actual, como en la profundización en la jornada única en todos los colegios públicos del país.
Esto pese a la alerta del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que hasta el 30 de octubre vencen los contratos de 10 operadores por 8 billones de pesos y continuar con el proceso de los esquemas de vacunación en todo el territorio nacional. Priorizando, eso sí, en los municipios donde no llega cobertura.
La Fiscalía General de la Nación, mediante comunicado de prensa, confirmó este lunes que pidió nuevamente este lunes la preclusión de la investigación contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien es acusado presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
El fiscal tercero delegado ante Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, indicó que como respuesta de una tutela, radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación que seguía su curso.
«El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, confirmó la Fiscalía.
La determinación, de acuerdo con el ente acusador, se basó en algo más de tres meses de actividades investigativas, durante los cuales el despacho a cargo del caso tomó 14 declaraciones, efectuó un interrogatorio al imputado y ejecutó siete inspecciones a diferentes autoridades.
Además, «hizo una búsqueda selectiva en base de datos y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras».
Cabe destacar que en este proceso, previamente, la jueza 28 penal del circuito de Bogotá había la solicitud de preclusión de la investigación solicitada, por lo que sorprendió esta nueva determinación de la Fiscalía, la cual tendrá que resolverse en los estrados en los próximos días.
«En atención a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal y conforme a las interpretaciones constitucionales y legales del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal delegado radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación», dijo la Fiscalía.
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