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Gobierno rompe cese al fuego con disidencias de Iván Mordisco

Gobierno rompe cese al fuego con disidencias de Iván Mordisco

Foto: EFE

El Gobierno colombiano ha decidido poner fin al cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’. Este grupo disidente se ha involucrado en diversas actividades ilegales y violentas, lo que ha llevado a esta decisión. El anuncio se realizó el martes 16 de julio de 2024, destacando los constantes ataques a la población civil y a la Policía en el suroeste del país como principales razones para la terminación del acuerdo.

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, declaró que el cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, queda anulado con todos los bloques y frentes que lo integraban. Sin embargo, especificó que se mantendrá el cese al fuego con los bloques Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’, y con el frente ‘Raúl Reyes’. Esta decisión subraya el compromiso del Gobierno con la seguridad y protección de sus ciudadanos frente a las amenazas persistentes de estos grupos armados.

El fin del cese al fuego se da en un contexto de continuos actos de violencia perpetrados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’, incluyendo ataques con explosivos y drones que han afectado tanto a la fuerza pública como a la población civil. El Gobierno ha reiterado su intención de seguir buscando la paz, pero no a costa de la seguridad y el bienestar de los colombianos. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos observan de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos tras esta determinación.

Duque advierte sobre propuesta de Petro: «no más fast track»

Duque advierte sobre propuesta de Petro: «no más fast track»

El presidente Gustavo Petro propuso ante la ONU un ‘fast track’ para que, a través del Congreso, el Gobierno pueda efectuar cambios en el país. El expresidente Iván Duque reaccionó en X. En su declaración durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jueves 11 de julio, Petro expuso sus mecanismos para transformar el país tras los Acuerdos de Paz con las FARC. Entre ellos, solicitó que se tramiten varias leyes mediante un ‘fast track’ en el Congreso para cambiar normas fundamentales. Según indicó, esta propuesta sería sometida a la consideración del pueblo colombiano para su discusión.

Tras este anuncio, el expresidente Iván Duque expresó su preocupación en X: «Cuidado con el plan:

  1. Intentarán presentar las llamadas ‘reformas del cambio’ como parte del proceso con las FARC para hacerlas pasar como implementación de los acuerdos.
  2. Como el tiempo del gobierno se agota, intentarán justificar un ‘fast track’ para aprobar esas ‘reformas del cambio’.
  3. Pretenden, mediante el ‘fast track’, reducir los tiempos legislativos para imponer la agenda del gobierno. Pero olvidan que, gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, el ‘fast track’ ya no está vigente. Así que deberán proceder con un acto legislativo (ocho debates) para reformar la Constitución. Buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo y, de esta forma, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución.

Ya hemos derrotado estos abusos antes y lo haremos cuantas veces sea necesario”. El expresidente citó un artículo de la Revista SEMANA de 2017, cuando la Corte Constitucional le dio un duro golpe al ‘fast track’. La Corte argumentó que violaba el principio de separación de poderes, indicando que los proyectos de ley y de Acto Legislativo solo pueden modificarse cuando se ajusten al contenido del Acuerdo de Paz y cuenten con el aval del Gobierno. Esta demanda fue presentada por el entonces senador Iván Duque durante el gobierno de Santos. Duque argumentó que el ‘fast track’ limitaba la capacidad del Congreso para hacer modificaciones, ya que requería el aval del Gobierno, afectando la independencia del poder legislativo. La Corte le dio la razón.

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“Reformas cruciales para el país deben seguir el trámite especificado en la Constitución y la ley para permitir el debate de toda la sociedad. Nuestra Constitución reconoce el equilibrio de poderes y los contrapesos necesarios para el Ejecutivo. En temas tan delicados como la implementación de los Acuerdos con las FARC, el Congreso quedaba limitado a solo modificar lo permitido por el Gobierno. Esto rompe con la separación de poderes y, sumado al ‘fast track’, anula la representación del poder ciudadano”, cuestionó Duque en ese entonces. “Lo llamaron así, en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso. Ya se hizo, pero los proyectos de esa época, bajo el gobierno Santos, estaban relacionados con las fases iniciales del acuerdo de paz con las FARC. Ahora debemos presentar cambios en las normas que permitan los productos del acuerdo de paz”, afirmó el mandatario en Nueva York.

Foto: Web

¿Justicia o favores políticos?

¿Justicia o favores políticos?

La Fiscalía General de la Nación ha tomado la decisión de apartar a Mario Burgos de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta acusaciones por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa de Nicolás Petro había presentado una recusación contra Burgos, alegando procedimientos irregulares en la conducción del caso.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló un pliego de cargos contra Mario Burgos debido a la filtración de videos del interrogatorio y la captura de Nicolás Petro. En consecuencia, la Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía declaró fundada la recusación, argumentando que la sanción disciplinaria del 7 de junio de 2024 constituye una causal objetiva de impedimento para que Burgos continúe en el caso.

El comunicado oficial de la Fiscalía explicó que la sanción disciplinaria por sí sola es suficiente para impedir que Burgos continúe con la investigación. La resolución 372 del 10 de julio de 2024 detalla que, según la causal objetiva número 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, procede el impedimento cuando una denuncia o queja se presenta después de la formulación de la imputación y vincula jurídicamente al funcionario judicial.

Esta decisión ha generado diversas reacciones y críticas, especialmente desde el ámbito político, donde se cuestiona si esta medida podría interpretarse como un intento de favorecer a Nicolás Petro. El abogado de Nicolás Petro, Ricardo Gaviria Ramírez, argumentó que no había justificación para que Burgos omitiera su deber de custodia sobre los registros de video del interrogatorio y captura, considerando sus acciones como faltas gravísimas.

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Nicolás Petro expresó en sus redes sociales que finalmente se estaba haciendo justicia después de múltiples arbitrariedades en su contra. Sin embargo, esta controversia plantea interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad en los procesos judiciales de alto perfil.

Con la salida de Mario Burgos, la Fiscalía deberá designar un nuevo delegado para continuar con la investigación, asegurando que el proceso avance de manera justa y sin interferencias indebidas. ¿Se trata de una acción justa o de un intento de favorecer al hijo del presidente? La respuesta a esta pregunta será observada de cerca por la opinión pública y las entidades de control.

Daniel Rojas asume como nuevo ministro de Educación

Daniel Rojas asume como nuevo ministro de Educación

El presidente Gustavo Petro ha nombrado a Daniel Rojas como el nuevo ministro de Educación, luego de la salida de Aurora Vergara del cargo. Rojas, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), asumirá la responsabilidad de liderar las políticas educativas en un momento crucial para el país.

Aurora Vergara, quien fue designada ministra de Educación en marzo de 2023, jugó un papel clave en la implementación de varios programas educativos, destacándose por la creación de 500,000 nuevos cupos para la educación superior. A pesar de sus logros, su gestión también enfrentó críticas y desafíos, lo que llevó a su salida del ministerio.

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Daniel Rojas, en su nueva posición, tendrá la tarea de continuar con las reformas y programas educativos del gobierno de Petro. Entre sus principales retos se encuentra la mejora de la infraestructura educativa, especialmente en áreas rurales, y la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estos esfuerzos son parte de la visión del presidente Petro para fortalecer el sistema educativo y asegurar una educación de calidad para todos los colombianos.

El cambio en el Ministerio de Educación forma parte de una serie de ajustes en el gabinete de Petro, quien ha enfatizado la necesidad de alinear a su equipo con las metas de su administración. Con este nombramiento, se espera que Rojas aporte su experiencia y liderazgo para avanzar en los objetivos educativos del gobierno y enfrentar los desafíos actuales del sector.

Foto: SAE

Exconstituyentes, líderes políticos y académicos rechazan la propuesta de nueva constituyente de Petro

Exconstituyentes, líderes políticos y académicos rechazan la propuesta de nueva constituyente de Petro

Un grupo de más de 200 personalidades del ámbito político, académico y exconstituyentes han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia. Esta oposición se ha intensificado tras la reafirmación de la iniciativa por parte del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El comunicado, firmado por figuras como la excanciller Carolina Barco y el exministro Alfredo Rangel, destaca la importancia de la Constitución Política de 1991 como base de la estabilidad democrática y los derechos fundamentales en Colombia. Los firmantes argumentan que existen mecanismos institucionales adecuados, como el Congreso y los mecanismos de participación ciudadana, para llevar a cabo reformas constitucionales.

«Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia», señalaron los firmantes.

También advirtieron sobre los significativos costos económicos que implicaría una Asamblea Constituyente, especialmente en un momento de ajustes fiscales y necesidad de reactivación económica.

 

Primera carta: rechazo generalizado

La primera carta, titulada ‘No a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Petro’, está firmada por más de 200 personalidades, incluidos exministros, académicos y líderes políticos destacados. Los firmantes sostienen que la Constitución de 1991 ha brindado múltiples beneficios y que existen otros mecanismos democráticos para proponer cambios, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que no deben ser obviados.

Advierten que una constituyente podría generar inestabilidad institucional y política, así como riesgos económicos y para la democracia. Entre los firmantes se encuentran Alejandra Carvajal, Alfredo Rangel, Carolina Barco, Guillermo Botero y Juan Carlos Echeverri.

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Segunda carta: voces de los Constituyentes del 91

La segunda carta, titulada ‘Protejamos, desarrollemos y hagamos valer la Constitución de 1991’, está firmada por nueve exconstituyentes del 91: Gustavo Zafra, Hernando Herrera, Jaime Castro, Juan Carlos Esguerra, Carlos Rodado, Angelino Garzón, Álvaro Echeverry, Antonio Galán y Guillermo Ospina. Estos exconstituyentes destacan la amplitud y adaptabilidad de la Constitución vigente y rechazan la idea de que el Acuerdo de Paz con las FARC justifique un proceso constituyente. Subrayan la importancia de trabajar por transformaciones democráticas con serenidad y respeto al orden jurídico establecido.

Ambas cartas reflejan una preocupación compartida por sectores clave de la sociedad colombiana respecto a la propuesta presidencial, subrayando la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país. Este rechazo destaca la importancia del debate público sobre el futuro constitucional de Colombia y las vías democráticas para abordar reformas legislativas.

 

Declaraciones adicionales

Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Constituyente del 91, considera la propuesta de Petro innecesaria y contraproducente. «La Constitución de 1991 ha sido un marco de estabilidad y progreso para Colombia. No necesitamos una nueva constituyente, sino mejorar la implementación de lo que ya tenemos», afirmó.

Humberto de la Calle, otro miembro destacado de la Asamblea del 91, se opone a la propuesta, argumentando que «el problema no es la Constitución, sino la forma de gobernar. Lo que necesitamos es un liderazgo que busque acuerdos dentro del marco constitucional actual».

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que la propuesta de Petro podría tener como objetivo perpetuarse en el poder y desestabilizar el país institucionalmente. «Nunca le ha importado el Estado de derecho; busca perpetuarse en el poder a toda costa», señaló.

La exfiscal general Viviane Morales calificó la propuesta como una «amenaza dictatorial» que intenta eludir el ejercicio democrático del Congreso. «Es un intento de romper la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado construir», dijo Morales.

El exmagistrado Jaime Arrubla y el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra también expresaron su rechazo. Arrubla destacó que cualquier reforma debería pasar por los canales legales existentes, y Esguerra calificó la propuesta de Petro como un «monumental sofisma».

Este rechazo generalizado refleja la preocupación de sectores clave de la sociedad colombiana ante la propuesta presidencial, subrayando la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país.

Foto: Néstor Gómez /El Tiempo