Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro por dos delitos

Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro por dos delitos

En la mañana de este jueves, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió a la audiencia de acusación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla.

Luego de concluir con la exposición de la acusación, el Juzgado decidió que la primera audiencia de preparación para la etapa de juicio se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de este año a las 9:00 a. m. de manera presencial.

Los delitos por los que es acusado Nicolás Petro

Se destaca que las acusaciones contra el hijo del presidente apuntan a delitos cometidos durante su período como diputado en la Asamblea del Atlántico. Además, desempeñaba un rol central en la campaña de su padre en la Costa Atlántica. Estas circunstancias subrayan la importancia de la investigación, vinculando las posibles transgresiones a su influencia política y su participación estratégica en el ámbito electoral regional.

Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales de prueba indican que, entre junio y diciembre de 2022, Petro Burgos habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que Nicolás Petro, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado.

La Fiscalía destacó que Petro Burgos destinó 1.205 millones de pesos a arriendos, un apartamento, una vivienda, y artículos lujosos, contrastando con los 280 millones percibidos por su cargo en la Asamblea de Atlántico en 2022. Sin evidencia de otra actividad económica o movimientos financieros, estas discrepancias subrayan las sospechas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y plantean preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para sus gastos.

Según la Fiscalía, el posible incremento patrimonial injustificado asciende a los 1.053 millones de pesos.

Iván Cepeda: “La Fiscalía estaría propiciando un escenario de impunidad para Uribe”

Iván Cepeda: “La Fiscalía estaría propiciando un escenario de impunidad para Uribe”

Bogotá D.C., 10 de enero de 2024.- Como es de conocimiento público, el día de ayer, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado mediante el cual informa acerca de la renuncia del Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y señala que “con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos”, la investigación le fue asignada al fiscal Doce Delegado ante el Alto Tribunal. En nuestra condición de víctima y representante de víctima nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente:

1.- En 2012, el expresidente Álvaro Uribe interpuso denuncia en contra de Iván Cepeda Castro, ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2018, el Alto Tribunal se inhibió de abrir investigación formal y, por el contrario, compulsó copias en contra del exmandatario, por haber incurrido presuntamente en manipulación de testigos. Los hechos que desencadenó esta decisión dieron origen a la investigación que hoy se sigue en contra de Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

2.- Luego de dos intentos fallidos de preclusión, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el 13 de octubre de 2023, asignó esta actuación procesal al fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia Fajardo, quien, invocando el artículo 294 de la ley 906 de 2004, dispuso la realización de “actos de investigación complementarios”, por el término de noventa (90) días, los cuales vencen el día de hoy, 10 de enero de 2024.

3.- El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas.

4.- Tras dos años de investigación en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y más de tres años en la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, en el expediente obra un robusto material probatorio, así como las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dos Jueces de la República, mediante las cuales negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por el ente investigador, las cuales indican que a la Fiscalía General de la Nación no le queda un camino distinto a presentar, de manera inmediata, escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez.

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5.- De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción.

6.- Dado que en segunda instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de nuestra solicitud de amparo presentada en contra de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación, en este caso, pondremos al Alto Tribunal en conocimiento de este nuevo hecho, para que sea considerado al momento de dictar el fallo de tutela de segunda instancia.

5 advertencias del Pacto Histórico sobre Fico Gutiérrez en Medellín

5 advertencias del Pacto Histórico sobre Fico Gutiérrez en Medellín

Frente a la nueva Alcaldía de Fico Gutiérrez en Medellín, el Pacto Histórico en cabeza del concejal José Luis Marín entregaron varias alertas con las que buscan hacer control político y, desde su visión, poner en conocimiento a la ciudadanía sobre las decisiones que tome la nueva administración.

  1. Vendedores ambulantes, jóvenes y estudiantes

“Federico ya gobernó y en su gobierno persiguió estudiantes, persiguió jóvenes, criminalizó a los trabajadores de las economías informales, tanto que su subsecretario de Espacio Público dijo que era un arma desintegradora para desaparecer todos esos trabajadores del centro. Mucho de su gabinete es el mismo que tuvo en su administración pasada, por lo que no podemos esperar cosas distintas”

  1. Secretaría de la No Violencia y firmantes de paz

“Nos genera incertidumbre la continuidad de la Secretaría de No Violencia como una apuesta por darle una institucionalidad para la Paz. Ahora estamos en medio de unos diálogos de la paz total que el gobierno nacional viene liderando y que, por supuesto involucran a nuestra ciudad, pero también tenemos desde el 2016 la firma del acuerdo final de paz que nos genera además el hecho de que en la ciudad haya más de 350 firmantes de paz y no sabemos qué va a pasar con esta apuesta por la paz”.

  1. Concejo de Medellín y control político a Fico Gutiérrez

“Desde que hay elección popular de alcaldes y gobernadores Federico es el alcalde de Medellín que tiene más a favor. Federico puede tener 15 o hasta 18 concejales que estén a favor de su gobierno y les cuento una cosa el Consejo no es el Comité de aplausos de la Alcaldía, se supone dentro de las funciones que el Consejo hace control político, qué control político se puede esperar”.

  1. Plan de Ordenamiento Territorial

“Es un secreto a voces que quienes financiaron la campaña de Federico Gutiérrez para estas elecciones territoriales fueron las inmobiliarias, los constructores, por eso nos genera una gran alerta, cómo será la actualización del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el que esperamos, además que figuras como el mejoramiento integral de barrios, no desaparezcan que la política pública de protección adoradores, siga siendo una efectiva herramienta para proteger a las comunidades afectadas por el desarrollo”

  1. Privatización de EPM

Desde la coalición del gobierno del Consejo de Federico Gutiérrez ya se habla de la democratización de EPM, que abre la puerta a la declaratoria como una empresa mixta para la satisfacción de la empresa pública más importante de Medellín. Ojo con eso es el patrimonio de la ciudad”.

Ordenan libertad para el exsenador Arturo Char

Ordenan libertad para el exsenador Arturo Char

En las próximas horas, el exsenador Arturo Char podría recuperar su libertad tras la orden del juez sexto penal municipal de Santa Marta, Carlos Domínguez, por vencimiento de términos. La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento contra Char el 6 de septiembre de 2023, quien se entregó a las autoridades al regresar de Miami. La investigación se centró en los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

A pesar de que el 15 de diciembre de 2023 se radicó un proyecto de fallo de la magistrada Cristina Lombana para conceder la libertad de Char a partir del 5 de enero, la sala plena no tomó ninguna decisión. Esta demora generó el vencimiento de términos y condujo a la orden de liberación por parte del juez, subrayando las complejidades y tiempos procesales en el caso.

Solicitud de Habeas Corpus, la clave para liberar a Arturo Char

El horizonte de libertad para el exsenador Arturo Char se vislumbra con el respaldo de la Procuraduría 20 Judicial II de Apoyo a Víctimas a la solicitud de Habeas Corpus presentada por su defensa. El procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño respalda la liberación, argumentando que se vencieron los términos legales de su prisión preventiva. El documento legal enfatiza que la situación jurídica de Char se definió el 4 de septiembre de 2023, fecha en que se impuso la detención en el Batallón José María Córdoba, en Santa Marta.

El procurador cuestiona la prolongada detención del político y la falta de avances en su caso, considerando procedente su liberación. Rodríguez Avendaño destaca que la demora en la calificación de la investigación no recae en la defensa, sino en la carencia de progresos en el proceso. Esta decisión subraya la importancia de respetar los términos legales y garantizar el debido proceso en el caso del exsenador.

La solicitud de Habeas Corpus, presentada por el abogado Iván Cancino González en nombre de Char, alega la presunta violación de derechos fundamentales y la prolongación ilícita de su libertad. La Procuraduría respalda este argumento, señalando que han transcurrido más de 120 días sin calificar la investigación desde la imposición de la medida restrictiva.

Según Rodríguez Avendaño, la garantía fundamental del término razonable para calificar la investigación se encuentra afectada, ya que no se avanzó en el caso de Char dentro del plazo establecido por la ley.

Alfredo Ramos: “50 escándalos de Daniel Quintero en 2023”

Alfredo Ramos: “50 escándalos de Daniel Quintero en 2023”

El exconcejal de Medellín Alfredo Ramos Maya hizo mención en su cuenta de X, la cantidad de escándalos en los que se vio involucrado el exalcalde Daniel Quintero durante el año 2023.

  1. Por primera vez en la historia de Medellín, un alcalde renunció a su cargo. Daniel Quintero lo hizo en el momento de mayor desaprobación de alcalde alguno en la historia (apenas alrededor del 25% de favorabilidad), con la supuesta excusa de hacer campaña política. Apenas duró una semana, pues no soportó las rechiflas cada vez que salía a la calle en las pocas ciudades que visitó.
  2. Por primera vez en la historia de la ciudad, un secretario de despacho fue expulsado de su cargo en Medellín a través de una moción de censura. Juan David Duque, secretario Privado, derrochó los dineros de los Fondos Fijos (caja menor) pagando gastos personales y lujos. Nunca dio respuesta al manejo de los mismos.
  3. En el manejo de los Fondos Fijos del despacho del alcalde, se evidenciaron gastos de Diana Osorio, gestora social de Medellín, que no tenía razones para hacer uso del mismo y constituyendo un presunto delito.
  4. Otra de las implicadas en el derroche de la “caja menor”, Gloria Patricia Agudelo Tabares, pagadora de los Fondos Fijos, tuvo un aumento desmesurado de su patrimonio: se compró dos apartamentos y un carro en los últimos dos años.
  5. Se conoció que no sólo Juan David Duque abusó de los dineros de los Fondos Fijos. También lo hicieron los exsecretarios de gobierno Fredy Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, entre otros alfiles de Quintero.
  6. Un bebé de 17 días de nacido murió en el Hospital General de Medellín por falta de atención médica. El Hospital no permitió que cirujanos lo intervinieran pues los médicos no tenían contrato en el momento del suceso.
  7. Pese a que su gerente nunca aceptó el desastroso estado de sus finanzas, el Hospital General de Medellín cerró los servicios neonatales por falta de insumos, poniendo en riesgo a madres y recién nacidos. Se llegó a tal extremo, que los pacientes tuvieron que comprar sus propios medicamentos de bajo costo. En los baños, no volvieron a poner papel higiénico ni toallas de mano.
  8. Se volvieron comunes las protestas de médicos de diferentes especialidades, enfermeras, personal administrativo, entre otros, por falta de pagos durante varios meses en el Hospital General. A pesar de ello, su gerente prefirió derrochar recursos en muros verticales, reformas del auditorio y adquisición innecesaria de ascensores.
  9. Contratos a dedo de obras de mitigación e interventorías por urgencias manifiestas, entregó el Dagrd a consorcios creados una semana antes de su adjudicación. Aún esperamos que se responda cómo sabía el Dagrd de la existencia de dichos consorcios, integrados por empresas que nunca habían contratado en Medellín.
  10. Citando a una junta directiva extraordinaria y buscando presionar a integrantes del gobierno nacional, desde la Alcaldía de Medellín pretendieron una toma hostil para quedarse con la gerencia del Metro de Medellín.
  11. Aumentaron de forma desmesurada el avalúo catastral en corregimientos con riesgos inminentes de desplazar a los campesinos que viven allí, con impactos en impuesto predial, valorización e impuesto sobre el patrimonio.
  12. La sobretasa ambiental que pagamos los ciudadanos de Medellín fue destinada para pagar rumbas y eventos sociales por parte del Área Metropolitana, y no para su destinación ambiental. Mientras tanto, las autoridades ambientales no hicieron nada para evitar las inundaciones.
  13. EPM tuvo que entregarle $78.000 millones adicionales a los que le corresponde entregar por excedentes, amenazando con desfinanciar la matrícula cero en las tres instituciones de educación superior locales. Esto, pese a que el gobierno de Medellín tuvo casi $1 billón adicional recaudado frente a lo presupuestado. La pretensión original era desfinanciar EPM en $330 mil millones.
  14. Con contratos corbatas desangraron al canal público Telemedellín. Varias personas fueron contratadas a través de la tercerizadora Maxempleos, recibiendo salarios pero no ejecutaban ninguna actividad en el canal. Igualmente, se demostró que algunas de ellas trabajaron para la campaña de Denison Mendoza a la Alcaldía de Cali.
  15. Candidatos de Daniel Quintero como Juan Carlos Upegui, Esteban Restrepo y Albert Corredor no limpiaron la publicidad que instalaron en el espacio público de la ciudad. La Subsecretaría de Espacio Público nunca los obligó a quitar la misma, pese a su obligación legal.
  16. Días antes de elecciones, Daniel Quintero hizo un show denunciando la supuesta instalación de seis cámaras espías en la sede de Upegui. Se comprobó que las mismas pertenecían a un contratista del Metro de la 80.
  17. Psicólogos del programa Entorno Protector de la Secretaría de Educación fueron presionados para recoger firmas y hacerle campaña al candidato a la alcaldía Albert Corredor, esto con la complicidad del operador de los contratos, la Institución Universitaria Católica del Norte, entidad que recibió alrededor de $150 mil millones en contratos de dicha Secretaría.
  18. Fueron nueve vehículos los que siguieron usando Daniel Quintero, Diana Osorio y el Mayor Sergio Yepez, pese a que ya no estaban en la administración. Luego del escándalo, los devolvieron a cuentagotas.
  19. En entrevista con un medio de comunicación nacional, Juan Carlos Upegui, candidato de Quintero y primo de Diana Osorio, reconoció que varios contratistas de la Alcaldía fueron aportantes a su campaña.
  20. En un 282% aumentó la deuda pública de la ciudad, pasando de $382.000 millones en 2020, a $995.000 millones para el 2024. Esto, pese a que el gobierno Quintero tuvo un aumento del 57% en el presupuesto en ese mismo lapso.
  21. Aunque medios de comunicación revelaron que Diana Osorio trabajó en una empresa privada mientras era gestora social, ella se dedicó a negarlo. La empresa se llama Proyect Services y nunca se conoció por qué la tenía contratada.
  22. Daniel Quintero reconoció que EPM engañó al gobierno nacional durante la presidencia de Iván Duque, para que el Ministerio de Hacienda aprobara préstamos con la banca internacional, previo al encendido de las primeras turbinas de Hidroituango.
  23. El gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez, se comparó con Jesucristo. Dijo que “lo estaban crucificando por defender a los pobres”. Dirigió una de las entidades que más se robó la plata de la ciudad, de la cual la veeduría Todos por Medellín hizo denuncias de cartelización y la Fiscalía imputó a varios exdirectivos y contratistas.
  24. Con obras inconclusas y sin prestar todos los servicios, le entregaron a la comunidad la Unidad Intermedia de Buenos Aires, con retrasos de más de un año desde que anunciaron que estaba lista. Actualmente, opera como un centro de salud y está desocupada en más del 90%.
  25. La Secretaría de Comunicaciones, a través de un contrato con la Universidad Nacional, destinó dineros públicos, más de 9.000 millones de pesos, para financiar las campañas a alcaldía y concejo del movimiento Independientes.
  26. Revendidos en prenderías de la ciudad terminaron los “Computadores Futuro”. Los equipos fueron entregados hasta con un año de demora, con precarias especificaciones técnicas y varios ni conectaban a internet.
  27. La Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) fue un constante nido de corrupción. Aunque ofrecía servicios de ciberseguridad, las redes públicas sufrieron un hackeo que derivó en la publicación de más de 100.000 documentos, muchos de ellos con información confidencial de la línea 123.
  28. Violando una vez más la privacidad de datos, la Alcaldía siguió enviando sin autorización mensajes de texto a los ciudadanos promocionando supuestos logros. Esto, pese a que anunció que había borrado la base de datos Medellín me cuida, dos años después de terminar la pandemia.
  29. Pagando favores de las elecciones presidenciales, la Alcaldía le entregó un contrato a Julián Caicedo, pareja del gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Cobró $1.800.000 en la Secretaría de Desarrollo, únicamente, por buscar una reunión con el cónsul de Miami. Pretendía cobrar $25 millones sin siquiera venir a Medellín.
  30. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), adjudicó en el lapso de 3 meses a dos empresas que nunca habían contratado en la ciudad (LAM Construcciones y SIS Organization), el mantenimiento de 5 colegios públicos con vigencias futuras, recibiendo cada una $14.000 millones
  31. La misma EDU autorizó adiciones de hasta el 1.100% en contratos que eran de poco monto para evitar licitaciones públicas, en una práctica recurrente de corrupción tras la modificación de su estatuto contractual.
  32. Dejaron sin contratos a docentes que atendían a los niños con discapacidades físicas y cognitivas en 230 colegios de la ciudad. Los padres de los menores tuvieron que dejarlos de enviar durante varios días.
  33. El gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez, habría ofrecido pagar $200 por cada persona que inscribieran en las bases de datos de las campañas de Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui. Medios de comunicación que presentaron chats de WhatsApp en los que, desde su celular personal, ofrecía esos montos a líderes comunitarios.
  34. Engañaron a la gente con el supuesto descuento de las tarifas de energía de EPM. Después de campaña los aumentos regresaron y con creces. La promesa de campaña fue el mayor engaño: mientras que la inflación creció 20%, las tarifas de agua, energía y gas crecieron 50% en el mismo lapso de 3 años.
  35. Ruta N, otra entidad plagada de denuncias y fracaso, clausuró Ruta Naranja, uno de los programas más importantes ofrecidos en el distrito creativo del Perpetuo Socorro. Allí se prestaban espacios y guiaban a los emprendedores e innovadores de la ciudad.
  36. A la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, APP, le quedó grande la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot. El proyecto quedó quieto desde septiembre de 2022, pese a que se prometió empezar a trabajarse desde noviembre de 2021.
  37. Una ciudadana que le gritó a Daniel Quintero en el Parque Lleras, reclamándole por la corrupción, fue retenida y amenazada por parte del jefe de escoltas del exalcalde. La queja fue desestimada por la Inspección de Policía a cargo.
  38. El Instituto de Vivienda Isvimed hizo lobby ante la Contraloría para que le certificara los estados financieros que, según quedó demostrado en los informes, estaban plagados de errores. La entidad sumó millonarias pérdidas y se suma a los fracasos frente a la problemática de vivienda en la ciudad, con efectos graves en el aumento de arrendamientos.
  39. Alexandra Agudelo, la exsecretaria de Educación que ferió el cuidado de la niñez en el programa Buen Comienzo, fue inhabilitada por ocho años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría.
  40. La exsecretaria Privada de Quintero, María Camila Villamizar, fue atornillada en EPM, ocupando desde Bogotá un cargo que se le hizo a la medida y en el que nunca presentó un logro serio.
  41. Auditoría interna de Metrosalud, entidad al servicio del exsenador Julián Bedoya, demostró que material quirúrgico tuvo aumentos hasta de 10 veces en precios de año a año y se compraron sin estudios de mercado.
  42. Pese a que 12 firmas presentaron un interés inicial, la construcción de las unidades 5 a 8 de Hidroituango fue entregada a un consorcio que fue único proponente, en un contrato que asciende a $1,14 billones.
  43. EPM entregó de manera cuestionada un contrato de vigilancia por $73 mil millones a la empresa Su Oportuno Servicio, pues no cumplía con requisitos técnicos establecidos por la dependencia que definía los mismos. Pese a ser descartada, otra dependencia internamente autorizó su inclusión y posterior adjudicación.
  44. La Secretaría de Cultura tuvo escándalos en varios de sus principales programas: el no pago a realizadores dentro del festival de cine Miradas, a proveedores de la Fiesta del libro y la improvisación y favorecimiento a privados del Festival Altavoz.
  45. A pesar de los cuestionamientos por favorecimiento de años anteriores, la Agencia APP no tuvo escrúpulos para seguir contratando a la empresa minera Global Mining, sin experiencia en tecnología, para el manejo de plataformas tecnológicas.
  46. A la cuestionada Metroparques se le entregó el manejo del gimnasio del Centro Administrativo La Alpujarra, pese a que no tiene esa capacidad dentro de su objeto contractual.
  47. Llamativa la cesión del contrato de pavimentación de vías de Medellín, por casi $70 mil millones, de un consorcio al que le fue adjudicado sospechosamente el contrato y que pocas semanas después de su adjudicación prefirió no seguir con el mismo.
  48. Se comprobó que diversos contratos de mantenimiento de infraestructura educativa fueron contratados por debajo de su real presupuesto por parte de la EDU para evitar que hubiera licitaciones abiertas a todas las empresas.
  49. Para la última obra de valorización en El Poblado solo se presentó un oferente. El contrato sería por un poco menos de $10.000 millones, pero será un valor muy superior con las adiciones, así evitando hacer convocatoria pública.
  50. Diana Osorio se negó a presentar públicamente su declaración de renta y nunca le demostró a los ciudadanos cómo ha pagado una casa de $2.000 millones en el cuatrienio.