por Konuco | Sep 14, 2022 | Judicial e Investigación
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra
José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, presunto responsable del delito de
desaparición forzada agravada.
Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 4 de abril en el municipio de San
Andrés de Cuerquia, norte antioqueño, donde desapareció el ingeniero forestal Andrés Camilo
Peláez Yepes, de 26 años de edad, contratista de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para
el proyecto Hidroituango.
Desde el día de su desaparición, el grupo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI) de la Seccional Medellín ha realizado tres búsquedas en terreno o prospecciones para
tratar de ubicar la víctima, sin que hasta el momento haya sido encontrada.
Labores de policía judicial evidenciaron que alias Huevito, al parecer, hace parte de la banda
criminal El Mesa que delinque en el municipio de Bello y otras poblaciones del norte de
Antioquia.
El conjunto de elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, que incluye análisis
técnicos y testimonios, vincularían al presunto implicado en el delito por el que está siendo
judicializado.
El procesado fue capturado por servidores de la Policía Nacional; y negó su responsabilidad
frente a los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula de la Seccional Antioquia.
por Konuco | Sep 14, 2022 | Bogotá, Judicial e Investigación, Nacional
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas argumentó que no ostenta la calidad de tercero ante la JEP para que la jurisdicción asuma competencia en su caso.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP decidió no aceptar el sometimiento y excluir de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, reconocido narcotraficante, quien junto con su hermano Víctor Manuel, lideró el denominado ‘Clan de Los Mellizos’, organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde finales de los 80 y durante cerca de 25 años.
La SDSJ decidió no aceptar su sometimiento y excluirlo de la Jurisdicción al considerar que Mejía Múnera “no ostenta la calidad de tercero para que (la JEP) asuma competencia respecto de las innumerables conductas cometidas como narcotraficante y que se le endilgan en la justicia penal ordinaria”. Y agregó que no es menos importante que, como eventual compareciente voluntario, realizara un aporte temprano a la verdad mediante la presentación de un escrito de Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) “serio, respaldado en documentación sólida, con explicaciones profundas sobre la verdad que pretendía aportar y sobre los roles asumidos en su periplo delincuencial (…), lo cual no hizo, manteniendo así una conducta contumaz frente a lo ordenado por la magistratura”.
Este es el comunicado oficial de la JEP
76.Comunicado 076 de 2022
En contra suya se siguen más de 70 investigaciones y procesos penales ante la justicia penal ordinaria que estarían relacionados con la comisión de delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, homicidios, secuestro simple y extorsivo y concierto para delinquir, entre otras graves conductas.
Mejía Múnera pagó a las las Autodefensas Unidas de Colombia para adquirir como ‘franquicia’ el ‘Bloque Vencedores de Arauca’, buscando así evitar la extradición a Estados Unidos. Como supuesto comandante paramilitar de dicho bloque logró desmovilizarse beneficiándose de la Ley 975 de 2005 ante Justicia y Paz, situación que fue esclarecida en su momento por el Tribunal Superior de Bogotá de dicha jurisdicción y confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al establecer tal situación y excluirlo de la jurisdicción transicional.
En tal sentido, y encontrándose aún privado de la libertad en Estados Unidos, a donde finalmente fue extraditado en 2009, intentó someter su situación jurídica ante la JEP.
Como consecuencia de lo decidido, la SDSJ ordenó que continúen las investigaciones y procesos penales seguidos en su contra ante la justicia penal ordinaria.
por Konuco | Sep 10, 2022 | Destacadas, Judicial e Investigación, Nacional
El viernes 9 de septiembre aterrizó en la capital el coronel Benjamín Núñez en un vuelo comercial. Nuñez está implicado en el asesinato de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo en el corregimiento de Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio de este año.
La Fiscalía responsabilizó al coronel Núñez por el asesinato de los jóvenes, que fueron detenidos ilegalmente, golpeados y torturados. Núñez fue puesto a disposición del CTI para la legalización de su captura.
La Fiscalía aseguró que “En un estado evidente de indefensión rodeado por cuatro funcionarios, los tres jóvenes golpeados en distintas partes del cuerpo, uno de ellos amarrado y otro con una lesión antigua, lo que les impedía poder defenderse. Esta situación fue aprovechada por el coronel Benjamín Núñez quien, haciendo uso de su arma de dotación, disparó tres veces a corta distancia a Carlos Ibáñez (brazo, abdomen y tórax) y José Carlos Arévalo (tórax) y un disparo en contra de Jesús David Díaz”.
Este sábado 10 de septiembre en la madrugada llegó a Bogotá después de comparecer ante las autoridades Mexicanas. Llegó fuertemente custodiado por agentes del CTI de la Fiscalía. Llegó al aeropuerto El Dorado en compañía de los funcionarios del ente acusador y de la Cancillería nacional.
Núñez quedó a disposición de las autoridades, el CTI realiza las labores correspondientes para legalizar la captura y realizar todas las labores del caso.
La Fiscalía General de la Nación anunció cuáles serán los delitos que se le imputarán al coronel. Se le acusará por dos presuntos crímenes de privación ilegal de la libertad y homicidio.
por Konuco | Sep 9, 2022 | Judicial e Investigación, Nacional
La sanción ambiental llegó porque no contaban con la modificación que advertía los cambios que se hicieron a Hidroituango durante 2018 con la nueva construcción del túnel que se generó por cuenta de un taponamiento que dejó grandes daños en la infraestructura.
Un fallo del Consejo de Estado podría allanar el camino para que EPM se salve de pagar una millonaria multa por Hidroituango. El alto tribunal revocó el auto que rechazó una demanda de la empresa pública contra una sanción ambiental que le profirió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En la decisión, se ordena al Tribunal Administrativo de Antioquia examinar nuevamente si la acción jurídica cuenta con los argumentos necesarios para ser aceptada.
La demanda presentada por EPM buscaba tumbar la sanción ambiental de más de $5.500 millones que le impuso ANLA contra Hidroituango, una sociedad de la que hace parte EPM. La sanción, que data de enero de 2021, tiene que ver con el desarrollo de la construcción, el llenado y la operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, proceso en el que la sociedad habría incurrido en varias infracciones ambientales. Por esto, la Agencia los sancionó con alrededor de $5.500 millones.
A pesar de que la multa obedece a los daños ambientales que ocurrieron en la construcción de la hidroeléctrica, EPM aseguró que, a pesar de que modificaron el diseño de las obras, el impacto ambiental sería el mismo. “El Grupo Técnico Evaluador con base en la revisión del estudio del impacto ambiental (EIA) y la visita de campo, considera con relación a la construcción y operación del SAD, que no se presentarán impactos diferentes a los que ya fueron identificados, evaluados y valorados en el licenciamiento ambiental del Proyecto”, aseguraron en la demanda
por Konuco | Sep 7, 2022 | Bogotá, Judicial e Investigación, Tecnología
El presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad, Ecos, José Saavedra, informó que gracias a la facultad que otorga la Ley 2197 de 2022 “por medio de la cual se establecen normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones” a cualquier ciudadano, incluidos los guardas de seguridad, de capturar delincuentes y entregarlos a la policía, 369 criminales en las calles fueron puestos a disposición de las autoridades de manera efectiva.
«Hemos empezado la campaña de vigilancia móvil en la calle, en compañía de la policía nacional, en donde lo que estamos cumpliendo como seguridad privada, a la fecha se han capturado cerca de 369 delincuentes en Bogotá. Así lo permite la constitución política realizar esas capturas y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, dijo Saavedra.
La estrategia en la que los guardas colaboran en la identificación y entrega de delincuentes a la Policía se da teniendo en cuenta el alto nivel de delincuencia en Bogotá, pues según el DANE, 8 de cada 10 personas dicen sentirse inseguras. Las órdenes de inseguridad en la capital están por el 72% y solo en zonas como Unicentro están en un 8%.
“Tengamos en cuenta que la vigilancia móvil puede ser dentro o fuera de los sitios donde estamos: centros comerciales, puertos, aeropuertos y también zonas residenciales y los CAI de diferentes barrios se han unido de manera mancomunada con este tipo de operaciones” agregó el presidente de ECOS.
Esta campaña también ha sido expuesta a la alcaldesa, Claudia López, para mejorar la seguridad en la ciudad y así trabajar conjuntamente contra la inseguridad de la capital del país.
“Quisiéramos que en algunas zonas de Colombia existiera el ´CAI comunitario’, donde ese cuadrante no solamente se manejara por la policía nacional, sino que allí también estuviera un supervisor nuestro para evitar un poco el policía en la moto y más bien tener drones” así puntualizo Saavedra.
