por Konuco | Abr 2, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, D.C., 2 de abril de 2024. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Latinoamérica a defender los derechos políticos y garantizarlos sin importar la ideología. “Acabar con la Convención Americana de Derechos Humanos nos lleva a toda América Latina a la barbarie”, dijo.
En la posesión de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, el mandatario manifestó que “lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solamente al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental”.
Reiteró que «el punto democrático es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de que sus maneras de pensar o creer cambien siempre en el tiempo”.
El Presidente indicó que “el derecho a elegir no es solo individual. Es de la sociedad y hoy esta discusión (se evidencia) muy bien en los hechos de Venezuela a la señora María Corina (Machado) y otros previamente: se inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas”.
“A Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela. Exactamente lo mismo que me querían inhabilitar a mí aquí”, enfatizó.
Durante su intervención, agregó que “pasa lo mismo aquí como una especie de doble moral; atacamos lo que hacen allá porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí se hace lo mismo, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado y no solo para individuo, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela, últimamente, taparon las circunstancias con un fallo judicial”.
El mandatario explicó que una sanción administrativa, como la que otorga la Contraloría, la Procuraduría a través de procesos disciplinarios, “es exactamente lo mismo que la que se hace en Venezuela”.
El Presidente puntalizó que “en Colombia se vulnera el derecho fundamental político, porque se permite que autoridades administrativas inhabiliten y quiten derechos políticos, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana”.
En ese sentido, dijo que «si nosotros queremos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en un país como Venezuela, habría que agregarle Perú, habría que agregarle Paraguay, habría que agregarle Honduras, habría que agregarle Guatemala en los últimos años. También tendríamos que agregar Colombia»
Anotó que se ha hecho un “uso extorsivo de los órganos de control locales de la política para oponerlas al uso de oponentes o detractores, o se ventila a través de la justicia penal, como se ha politizado la Fiscalía”.
Al referirse a su caso, dijo que el Consejo de Estado lo volvió doctrina, un hecho jurídico fundamental estructurante, que rescató el derecho político en el país.
“Yo quisiera que, ojalá, podamos restituir el derecho político en toda su plenitud y la discusión latinoamericana”, dijo al solicitar que se amplíe “a los derechos de la mujer, de la naturaleza, sociales, culturales, colectivos”.
por Konuco | Abr 1, 2024 | Destacadas, Política
En las últimas horas, El Konuco conoció en primicia que ocurrió un ataque armado contra la vivienda donde se encontraba la defensa del señor Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Al parecer, diez hombres armados intentaron ingresar a la fuerza al lugar donde se encuentra ubicado el equipo de defensa de López Martínez. El hecho ocurrió en el marco de una persecusión política que sufre Olmedo López Martínez, a quien señalan de ser el responsable del escándalo de los carrotanques en La Guajira.
«La defensa de Olmedo López quiere denunciar ante la opinión pública que aproximadamente más de diez hombres intentaron ingresar al lugar de mi residencia de forma violenta, armados, lo cual es un hecho totalmente preocupante por cuanto era en ese lugar en donde estábamos preparando la defensa técnica», aseguró el abogado penalista José Moreno.
Este no sería el primer ataque que reciben, ya que personas cercanas al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, están sufriendo daños en sus viviendas y hostigamientos.
«Lo más grave es que un hecho similar ocurrió a uno de ellos, en donde fue vandalizada su vivienda, el lugar donde vivía con su familia, lo cual se da posterior a las más de cinco peticiones que hemos radicado a la Fiscalía para comparecer, para aclarar y para colaborar ante cualquier llamado que haga la justicia en torno a los hechos que son objeto de investigación».
Aseguran que hay plena disposición para colaborar con la justicia, pero piden garantías de seguridad y que se respeten sus derechos mientras se conoce el veredicto de la investigación en curso.
«Debemos recordar que estamos en un Estado Social de Derecho en donde debe primar la presunción de inocencia, donde debe primar ese derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Exigimos hoy a las a las autoridades que nos brinden la garantías procesales».
por Konuco | Mar 26, 2024 | Destacadas, Política
En respuesta a las declaraciones injuriosas de Carlos Carrillo, recién nombrado director de la UNGRD, la firma de abogados MUVA LEGAL, representante legal del señor Olmedo López, ha anunciado medidas legales. Se acusa a Carrillo de difundir afirmaciones deshonrosas y calumniosas sobre López, las cuales, según la firma, carecen de veracidad.
La defensa argumenta que, en lugar de enfocarse en sus deberes en la UNGRD, Carrillo parece estar concentrado en atacar la gestión de López. El abogado de este último exige una retractación inmediata de los comentarios injuriosos y calumniosos, alegando que estos afectan negativamente el buen nombre y la reputación de su cliente.
«Se está denigrando a nuestro representado, afectando su buen nombre, honra y reputación y le adjudica una comisión de delitos, motivo por el cual le solicitamos de inmediato la retractación de sus comentarios injuriosos y calumniosos, que lo único que demuestran es el total desconocimiento del manual de contratación de la entidad y la ley», cita su abogado.
Asimismo, se sugiere que Carrillo estaría utilizando su posición para obtener ventajas políticas, y se insta a que presente cualquier denuncia concreta ante las autoridades correspondientes en lugar de incurrir en politiquería.
MUVA LEGAL insinúa que detrás de las acusaciones de Carrillo podría haber conflictos personales de larga data entre López y él, y se le insta a revelar estas disputas tanto al presidente Gustavo Petro como al público en general.
«Ya es necesario que el señor Carrillo le cuente al país sobre su mal querencia con el director anterior y sea claro con el presidente Gustavo Petro, ya que esto viene de tiempo atrás y al parecer, se debe a una disputa personal».
La firma se compromete a utilizar todos los recursos legales disponibles para proteger la integridad moral y el buen nombre de López, así como para reparar los daños causados por Carrillo. Se le acusa de engañar a la opinión pública y de manipular el sistema judicial con fines políticos. Se menciona la presentación de pruebas pertinentes en el momento oportuno.
por Konuco | Mar 16, 2024 | Política
Los Contralores departamentales, distritales y municipales, reunidos en la ciudad de Montería, en el marco del XII CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES, le presentaron al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA unas OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y PROPUESTAS al Proyecto de Decreto «Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, en materia de los objetivos generales del sector de los combustibles líquidos derivados del petróleo y dictan otras disposiciones.», al considerar la inconveniencia de algunas de las modificaciones propuestas por dicha cartera.
Así por ejemplo, NO ESTÁN DE ACUERDO con que las empresas de servicios públicos le brinden a los usuarios la posibilidad de realizar pagos independientes para los servicios públicos domiciliarios y los cobros de terceros, ya que en el recibo de la energía en muchas veces se cobra el servicio público domiciliario de Aseo, así como el IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, de tal manera que si el usuario puede optar por pagar solo lo correspondiente a la energía, se desconocerían tanto el Parágrafo del artículo 147 de la Ley 142 de 1994 como el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016.
En cuanto al Parágrafo del artículo 147 de la Ley 142 de 1994, allí se dispone quecuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.
En cuanto al artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 allí se dispone que el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios.
La otra modificación propuesta en el proyecto de Decreto que los Contralores Territoriales NO ESTÁN DE ACUERDO es la prohibición a las entidades territoriales de fijar tributos cuyo hecho generador esté asociado al consumo, del servicio público de energía eléctrica, cuya redacción podría traer dificultades para fijar las tarifas del IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO con base en el consumo de energía eléctrica de los usuarios como hoy se viene haciendo, modificación que no tiene en cuenta que por Sentencia de Unificación Jurisprudencial 2019-CE-SUJ—4-009 de fecha 06 de noviembre de 2019 el Consejo de Estado, allí se fijó la siguiente regla para la determinación de la tarifa de dicho impuesto:
“Subregla f. El consumo de energía eléctrica es un referente idóneo para determinar la base gravable de sujetos pasivos que tienen la condición de usuario regulado del servicio público de energía eléctrica».
Los Contralores territoriales le señalaron al Ministro de Minas la inconveniencia de prohibir que el HECHO GENERADOR de cualquier impuesto local tenga relación con el CONSUMO DE ENERGÍA, para lo cual proponen que se incluya un parágrafo en el que se deje en claro que ello no aplicaría para la determinación de la TARIFA del IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMRBADO PÚBLICO la cual se viene calculando como un PORCENTAJE de dicho consumo.
También le recuerdan al Ministro de Minas que en la mayoría de las veces las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO (empresas de ASEO y ALCANTARILLADO) son del orden municipal, Distrital y en algunos casos Departamental, por lo que podría afectarse la eficiencia en el recaudo de las tarifas de dichos servicios de mantenerse el proyecto propuesto, en aquellos casos en que se vengan facturando conjuntamente con el servicio de energía, poniéndose en riesgo la suficiencia financiera de dichas empresas.
En cuanto al SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, de mantenerse la redacción inicialmente propuesta en el proyecto de decreto, también se pondría en riesgo la prestación de dicho servicio, sin que se haya señalado cuál sería la fuente para financiarlo, si los usuarios dejan de pagarlo en la factura de energía.
Concluyen los Contralores territoriales manifestándole al Ministro de Minas que entiende la urgencia en la REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS, en especial el referido a las PÉRDIDAS RECONOCIDAS (PR), así como también que la CREG efectúe la revisión del cumplimiento de los principios tarifarios de todos los componentes del Costo Unitario a fin de que puedan ser modificados en caso de que de la revisión ello resulte aconsejable, y, que la CREG efectúe también los estudios necesarios para unificar las tarifas de transporte para los energéticos utilizados para el abastecimiento de la demanda del país, tal como lo propone el proyecto de Decreto, lo cual consideran es un gran acierto, más sin embargo, piden que las medidas que están OBSERVANDO se sometan a un análisis más detallado, a fin de no terminar afectando los servicios de saneamiento básico y de alumbrado público, en los que las Contralorías Territoriales tienen competencia para ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control.
por Konuco | Mar 8, 2024 | Política
Medellín, 8 de marzo del año 2024. En el debate de control político a Tigo-UNE del cual fue bancada citante, el concejal el señor Juan Carlos Upegui reveló con pruebas claras que la Junta Directiva de la compañía celebró un contrato para la venta de 1.132 puntos de infraestructura de telecomunicaciones por $300.000 millones (USD $76 millones) con la sociedad Towernex Colombia S.A.S., creada el 23 de noviembre de 2023 en la ciudad de Bogotá con un capital de tan solo $2 millones.
Como resultado de la investigación realizada, el concejal expuso que el objeto social de dicha empresa fue creado a la medida del proceso, es decir, la prestación, adquisición, instalación y explotación de servicios de telecomunicaciones y consultoría en esta área; pero no cuenta con la experiencia ni la capacidad financiera para afrontar una transacción de tal magnitud.
Por otro lado, señaló que esta sociedad sería una empresa fantasma tenido en cuenta que al revisar su representación legal, la misma no está a cargo de una persona natural sino jurídica: BPO Gestoría 2 S.A.S., sociedad creada el 21 de agosto del año 2014 en Bogotá y cuyo objeto social se centra en la tercerización de servicios administrativos, financieros y legales; así como la representación y gestión empresarial de otras sociedades; práctica que en muchas ocasiones es considerada al límite de la legalidad.
El concejal el señor Juan Carlos Upegui también denunció que Tigo-UNE estaría siendo conducida a una quiebra controlada a raíz de los negativos resultados financieros de los últimos años que distan de los proyectado al momento de la fusión y reiteró la preocupación existente alrededor de las condiciones laborales de los servidores de la compañía, quienes habrían sufrido despidos masivos incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 17 de 2013 que reglamenta la fusión de EPM y Millicom.
