La Red de Veedurías de Colombia agradeció la atención de la señora Ministra de Trabajo y su despacho para atender la preocupación que se ha puesto en consideración en días pasados respecto de la problemática de los trabajadores ambulantes de Quala, los vendedores de vive 100.
“En esta reunión se logró plantear la gravedad de la situación de más de 6.000 trabajadores y por lo mismo la resulta de esta reunión refieren a puntos concretos”, aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías.
Entre los puntos que se pactaron con el Ministerio de Trabajo y la Ministra Gloria Inés Martínez, se destacan:
La necesidad de adelantar una mesa de trabajo y una asistencia técnica por parte del Ministerio del Trabajo.
Entrar en una análisis y en un proceso de exigencia autónoma por parte de los trabajadores representados por la Red de Veedurías de cara a exigir sus garantías laborales básicas.
“Esta es la postura y la exigencia de 6.000 trabajadores adultos mayores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sus derechos fundamentales laborales que son cercenados por completo”, explica Bustos.
Por esta razón, desde la Red de Veedurías de Colombia se construirá “un proceso de mayor movilización y sensibilización pública a efecto de que no solamente nosotros, sino la comunidad en su conjunto de la ciudadanía, se vuelque en la exigencia de las garantías laborales que deben acompañar a este grupo de nuevo postrado y vulnerable de adultos mayores”, señaló Bustos.
También, destacaron con preocupación el resultado una reciente investigación sobre Quala: “Una multinacional con presencia en cerca de 8 o 10 países, donde se han erogado inclusive recursos por parte del conglomerado que hace parte de los propietarios y firmas que están detrás de la misma, estarían presuntamente relacionados con esta en paraísos fiscales con millonarios recursos como los Panamá Papers, dineros que son sacados del país, en tanto que no se le cubren las obligaciones laborales básicas a estos trabajadores”.
Pero la cosa no termina allí: al parecer, Quala también habría financiado campañas políticas en Colombia:
“Lo anterior se suma a la financiación de partidos y campañas políticas que han mantenido y asegurado en forma silenciosa como se ha atropellado a estos miles de trabajadores indefensos. Adicionalmente, algunas de estas empresas relacionadas con Quala y sus socios, han contratado de manera millonaria con el Estado obteniendo recursos con Ecopetrol por cerca de 60.000 millones de pesos”.
Desde la Red de Veedurías de Colombia, buscarán todas las medidas necesarias para que los vendedores de BonIce y Vive 100, productos de la marca Quala, tengan acceso a derechos laborales:
“Venimos planteando en el Misterio de Trabajo que, si es necesario, llevaremos a las autoridades judiciales y a los estrados internacionales para que se respete ese nivel de trabajadores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital, sino que está muy por debajo del mismo de 10 a 15.000 pesos diarios sin ningún otro beneficio que un bono mensual de 60.000 pesos que se paga sí y solo sí trabajan los 30 días, si no lo hacen por cuatro lo pierden y además son sancionados. Los trabajadores están en unas condiciones infrahumanas de esclavitud moderna frente al trabajador informal y particularmente los trabajadores de Quala”, añadió Pablo Bustos.
Desde la Red de Veedurías también indagan sobre posibles políticos involucrados con Quala mediante el financiamiento de campañas políticas. Al parecer, se trataría del Partido Centro Democrático.
La Red de Veedurías de Colombia pidió a la opinión pública en las últimas horas, no hacer caso a informes filtrados, haciendo referencia al último divulgado por el excongresista Jorge Enrique Robledo, debido a que aún ni siquiera ha sido controvertido ni conocido formalmente por parte de los destinatarios insitucionales del mismo y el cual gozaba de carácter reservado.
«Con esta información pretendían impedir la elección de nuevos directivos de Ecopetrol anunciada para este viernes 22 de marzo, pues en el supuesto informe se reflejan una serie de cuestionamientos a los candidatos integrantes de la plancha a la nueva Junta Directiva presentada por los accionistas, y al propio Presidente de Ecopetrol; basándose solamente en un estudio de Control Risk, y haciéndolo público como una condena emitida por un supuesto tribunal ético, además sin tener estos procesados las garantías del debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, así como su presunción de inocencia», aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
ECOPETROL: NO DEBE HACER ECO… A INFORMES FILTRADOS en elección de miembros de ajunta Directiva
Fracasa el exsenador Jorge Robledo quien ha salido a presentar un supuesto “serio” informe, que por ser “filtrado” es decir no controvertido ni conocido formalmente siquiera por… pic.twitter.com/WOFzSby5KF
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) March 21, 2024
De otro lado, señalan que al violarse la confidencialidad podría cometerse un ilícito, a la par de lo antiético que resulta vulnerar la intimidad o confidencialidad de un documento que ni siquiera conoce aún oficialmente la Junta Directiva saliente de Ecopetrol, ni ninguna de las instancias competentes al interior de la empresa, para luego aducir la moralidad del cuestionamiento que de allí eventualmente podría desprenderse solo con fines efectistas, sin entrar en el debate de fondo de los contenidos mismos en un diálogo sincero, directo y público con plenas garantías para sus postulantes por parte de sus detractores, que pretenden pasarlos a la hoguera pública sin juicio previo, como en la edad media.
«Estamos frente a una de las entidades públicas más importantes del país y las valoraciones de talentos y competencias gerenciales, al igual que el debate relativo al inminente relevo de sus directivos es algo que compete de manera privativa a los accionistas, pero con ajuste y apego al respeto de la honra y buen nombre de sus aspirantes, que solon pueden ser desvirtuados atendiendo a debates mucho mas serios y profundos que el propio afán de descalificar a los aspirantes, los cuales deben contar son sus aspiraciones y el respaldo serio sobre la base de sus desempeños evaluados respetando las garantías constitucionales y legales», concluyó Bustos.
Finalmente, resaltan que alguien debe responder el porqué Jorge Robledo conoció y tuvo acceso a un informe estrictamente confidencial y reservado de Ecopetrol. ¿Qué hay detrás de esta filtración?
La Red de Veedurías de Colombia advirtió a la opinión pública sobre la importancia de no prestar atención a informes filtrados, específicamente haciendo referencia al último divulgado por el excongresista Jorge Enrique Robledo. Según la organización, este informe aún no ha sido objeto de controversia ni ha sido conocido oficialmente por las autoridades pertinentes, a pesar de ser de carácter reservado.
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, explicó que dicho informe tenía como objetivo entorpecer la elección de nuevos directivos de Ecopetrol, prevista para el viernes 22 de marzo. En el informe en cuestión, se cuestionaba a los candidatos a la nueva Junta Directiva y al presidente de Ecopetrol, basándose únicamente en un estudio realizado por Control Risk. Bustos criticó que este informe se haya hecho público como una condena emitida por un supuesto tribunal ético, sin que los afectados tuvieran acceso a las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción, ni a la presunción de inocencia.
Por otra parte, la Red de Veedurías resaltó que la divulgación de información confidencial podría constituir un ilícito y ser éticamente cuestionable. Asimismo, destacaron que se está vulnerando la intimidad o confidencialidad de un documento que aún no ha sido oficialmente conocido ni por la Junta Directiva saliente de Ecopetrol ni por ninguna instancia competente dentro de la empresa. La organización expresó su preocupación por la campaña de desprestigio hacia los aspirantes a través de filtraciones, sin que se haya dado un debate público y transparente con garantías para los postulantes.
Bustos hizo hincapié en que la evaluación de talentos y competencias gerenciales, así como el debate sobre el relevo de directivos, es un asunto que compete exclusivamente a los accionistas, pero debe realizarse con respeto hacia la honra y el buen nombre de los aspirantes. Concluyó que cualquier crítica debería basarse en debates más serios y profundos, respetando las garantías constitucionales y legales de los implicados.
Finalmente, la Red de Veedurías subrayó la necesidad de investigar cómo Jorge Robledo obtuvo acceso a un informe estrictamente confidencial y reservado de Ecopetrol, sugiriendo que podría haber intereses ocultos detrás de esta filtración.
ECOPETROL: NO DEBE HACER ECO… A INFORMES FILTRADOS en elección de miembros de ajunta Directiva
Fracasa el exsenador Jorge Robledo quien ha salido a presentar un supuesto “serio” informe, que por ser “filtrado” es decir no controvertido ni conocido formalmente siquiera por… pic.twitter.com/WOFzSby5KF
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) March 21, 2024
En las últimas horas, se hicieron públicas las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación para que se ponga la lupa a la contratación del PAE en el departamento de Santander, donde se evidencia lo que sería un presunto “Cartel del PAE”, referido a la contratación alimentaria de los niños del departamento, por medio de pliegos sastres, con único proponente desde el 2020 hasta el 2024, inclusive.
Es decir, a la medida de los intereses de los proponentes únicos – gracias a los requisitos amañados que favorecen de manera perversa un entramado empresarial repetido-, gracias al cual terminaron – los mismos- favorecidos con requerimientos excluyentes soportados por clanes políticos adueñados a su vez de las instancias de decisión y en particular de la Secretaría Departamental de Educación de la región que impidieron la libre concurrencia, pluralidad de oferentes, afrentando la búsqueda objetiva de la mejor propuesta y la más económica.
“La alimentación de los niños no puede ser instrumentalizada en favor de un mismo grupo de contratistas que a su vez redundaría en réditos políticos en un claro escenario donde confluyen clientelismo y manipulación de los procesos contractuales en favor sesgado a particulares, y en detrimento del pan de niños y niñas y de sus programas de nutrición financiados con recursos públicos, motivo por el cual el programa de alimentación resulta uno de los más importantes en todo el territorio nacional y no puede ser que esto se utilice como aparentemente estaría sucediendo en el Departamento de Santander para favorecer contratos con proponente único apoyados por políticos indolentes”, aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red De Veedurías.
Según las pruebas recolectadas se deja en evidencia la no pluralidad en la contratación dado que los mismos contratistas de casi una década se han venido ganando el contrato de alimentación, los mismos que al parecer tienen vínculos con la clase política de la región (ver denuncia penal )
Así mismo, se logró observar que en la elaboración de los pliegos se cierra el proceso en un aparente favorecimiento que permite la puerta giratoria de las empresas que de manera repetitiva prestan el servicio, al parecer las únicas oferentes que estarían habilitadas para contratar con la Gobernación.
Finalmente, cada precisar que las denuncias pertinentes ya fueron presentadas ante los organismos de supervisión, control y vigilancia; motivo por el cual se espera la pronta acción de las autoridades correspondientes para que se investiguen entre otros a ex Gobernador MAURICIO AGUILAR HURTADO, Secretarios de Educación departamental MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS, BERNARDO PATIÑO MANSILLA, entre otros, los contratistas SERGIODELGADO, CARLOS DUARTE, FRANCISCO FAJARDO Y LAS COMPAÑIAS MCD Y COMPAÑÍA SAS, LE Y VE ALIMENTOS MACSOL, SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTIC SAS, STRATEGY CO SAS, SUPERLOGISTICA BGA SAS, ECOCATERING SAS, ECO SERVIR, MULTIMODAL EXPRESS, SEVAL LOGISTICA, asi como a SERVICIOS LOGÍSTICOS ULTRAMATIC SAS BIC., SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTICS S.A.S, SUPERLOGISTICA BGA SAS.
Según la Red de Veedurías de Colombia, así resultaron conforme a la denuncia, por vía de ejemplo favorecidos:
En el 2022, la Unión temporal VAMOS PAE SANTANDER 2022, integrada por MCD Y COMPAÑÍA SAS, LE Y VE ALIMENTOS MACSOL, SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTIC SAS, STRATEGY CO SAS, SUPERLOGISTICA BGA SAS SAS y la Unión temporal GUANE 2022 integrado por ECOCATERING SAS, ECO SERVIR, MULTIMODAL EXPRESS, SEVAL LOGISTICA.
En el 2023, UNION TEMPORAL UNIDOS POR SANTANDER 2023 integrada por ECO CATERING SAS, ECO SERVIR SAS, MCD Y CIA SAS, SERVICIOS INTITUCIONALES LOGISTIC SAS, ESTRATEGYCO SAS.
Y lo que es peor en el 2024 repitieron las mismas empresas: MCD Y COMPAÑÍA SAS, SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTICA SAS, FUNDACION COLOMBIA PRIMERO, SUPERLOGISTICA BGA SAS.
La Red de Veedurías de Colombia le solicitó a las autoridades pertinentes que se aclaren supuestas relaciones de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, candidato a ocupar el cargo de Contralor General, con lo que serían conocidos narcotraficante del Valle del Cauca.
De acuerdo con la denuncia dada a conocer por Pablo Bustos, presidente de la Red, estos presuntos vínculos ponen en duda la honorabilidad del cargo a contralor, «pues estos grupos delincuenciales le han hecho mucho daño a Colombia».
«Ahora también saltan a la vista los presuntos amigos y aliados políticos de su esposa, Lina María Bedoya, exgerente del Aereopuerto de Cartago, conocido por el mar de turbulencias frente a los posibles nexos con el narcotráfico de esa era oscura del norte del Valle», indicó Bustos.
Y es que de acuerdo con la información revelada por el presidente de la Red de Veedurías, Bedoya llegó al cargo -al parecer- de la mano de Luis Carlos Restrepo, conocido como alías ‘El mudo Restrepo’, condenado por parapolítica y por homicidios de líderes sindicales de la época.
A su vez, de acuerdo con Bustos, la llegada de la esposa de Rodríguez Becerra a la cartera de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle, en el Gobierno de Angelino Garzón, pareciera que fue el resultado de un acuerdo político.
«Que habría contado con el aval de Ariel Rodríguez, alías ‘El Diablo’, jefe de sicarios de alias ‘Rasguño’, también judicializado por delitos de narcotráfico y crimen organizado, y la exrepresentante a la Cámara María Nancy Montoya, sindicada por los mismos delitos», señaló el denunciante.
«Estos hechos preocupan y deben ser aclarados por el mismo candidato», concluyó Bustos, quien elevó esta petición a un día de efectuarse la elección del nuevo contralor, por parte del Congreso de la República.
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