La Red de Veedurías de Colombia ha informado que su presidente, Pablo Bustos, ha recibido amenazas de muerte. Estas amenazas provienen de grupos criminales que buscan detener las investigaciones y denuncias de masacres con cerca de 700 víctimas y 150 homicidios. La Red, bajo el liderazgo de Bustos, ha trabajado incansablemente para representar a estas víctimas y exigir justicia y reparación por los crímenes cometidos contra ellas.
Los hermanos Borré Barreto, autores confesos de 700 crímenes, podrían ser liberados debido a la expiración de los plazos procesales. Bustos ha subrayado la importancia de que la Fiscalía General de la Nación tome medidas inmediatas para evitar la impunidad y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Además, ha alertado sobre posibles suplantaciones en el proceso judicial, respaldadas por pruebas forenses.
«Es inadmisible que la Fiscalía haya tardado casi una década en este caso y busque que el proceso sea reservado, mientras solo ha acusado por 130 homicidios confesos, dejando los demás en la impunidad más flagrante», afirmó Bustos, destacando la urgencia de actuar en defensa de las víctimas y la justicia.
La Red de Veedurías de Colombia (RED-VER) ha confirmado que los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto, confesos violadores de derechos humanos y líderes de los «Rastrojos Costeños», no tienen actualmente órdenes de captura en su contra dentro del proceso penal gestionado por la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá, cuyo juicio está en curso en el Juzgado 1 Especializado de Cartagena.
Esta situación ha generado una gran preocupación en la Red de Veedurías, ya que Juan Manuel Borré Barreto podría ser liberado en cualquier momento. En este momento, solo está detenido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Ibagué, debido a una condena del Juzgado Penal del Circuito de Magangué, impuesta el 17 de abril de 2015. La Red de Veedurías ha recibido información de que el pasado 8 de mayo de 2024, Borré Barreto solicitó copias de su expediente, posiblemente para preparar una solicitud de libertad, ya que no existen otras órdenes de captura en su contra.
El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, se muestra sorprendido de que Brayan Borré Barreto esté en libertad y que Juan Manuel esté en una celda común en la cárcel de Picaleña, donde, según fuentes, tiene acceso a teléfonos, internet y otras tecnologías prohibidas, lo que viola las normas penitenciarias para un recluso de alta peligrosidad.
La Red de Veedurías también verificó que la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá ha ordenado investigar a las personas cercanas a los hermanos Borré Barreto y a otros presuntos testaferros. La Red de Veedurías participará en esta investigación para facilitar la expropiación rápida de los bienes a nombre de estos testaferros y poseedores, con el objetivo de indemnizar a las miles de familias víctimas de más de 130 homicidios confesos por los hermanos.
Finalmente, Pablo Bustos confirmó que ha obtenido una cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para solicitar medidas cautelares que impidan la impunidad de los hermanos Borré Barreto y que sus crímenes sean reconocidos como de lesa humanidad.
Cabe destacar que durante su tiempo en prisión, se ha informado que a los hermanos Borré Barreto se les han decomisado teléfonos desde los cuales han realizado extorsiones, ordenado asesinatos y gestionado operaciones de narcotráfico. Esto plantea interrogantes sobre cuántos procesos ha iniciado la Fiscalía General como resultado de estos decomisos y si el INPEC ha entregado todos los elementos probatorios necesarios para estas investigaciones.
La Red de Veedurías de Colombia ha levantado la voz de alarma sobre lo que califica de omisión crítica por parte de la Fiscalía Tercera Especializada, al no llevar a cabo las investigaciones adecuadas sobre más de 700 homicidios que habrían sido perpetrados por los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto. De acuerdo con las denuncias, solo se han presentado cargos por aproximadamente 130 de estos casos, dejando una amplia mayoría en total impunidad.
Pablos Bustos, presidente de la Red de Veedurías, expresó su profunda preocupación por la falta de acción y transparencia en el proceso judicial: “Resulta inconcebible que, tras casi diez años, muchos de estos homicidios confesados no se estén investigando adecuadamente, y que el caso se mantenga bajo reserva, excluyendo evidencias clave de más de 500 asesinatos.”
La Red también ha señalado que la Fiscalía General de la Nación ha ignorado pistas sobre los supuestos testaferros de los hermanos Borré Barreto, quienes serían familiares cercanos encargados de gestionar las ganancias obtenidas por extorsiones en varios departamentos, incluidos Atlántico, Bolívar y Sucre. Estos testaferros, según reportes, han acumulado grandes riquezas, poseyendo propiedades tanto urbanas como rurales que sirven de base para continuar sus operaciones delictivas.
Un punto adicional de controversia es la situación de Brayan Borré Barreto, quien sigue en libertad a pesar de las múltiples acusaciones en su contra, debido a demoras procesales que han llevado al vencimiento de términos. “Es urgente preguntar por qué no se ha efectuado su detención”, cuestionó Bustos.
Ante este panorama, la Red de Veedurías ha solicitado encuentros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, buscando apoyo para garantizar que los crímenes no queden sin castigo y se administre justicia de forma apropiada.
Bustos aseguró: “Nos comprometemos a ejercer todas las acciones legales necesarias, tanto a nivel nacional como internacional, para que se respeten y restauren los derechos de las víctimas, se compense el daño causado, y se juzgue con rigor a los hermanos Borré Barreto, cumpliendo con los principios de legalidad y justicia.”
La Red de Veedurías de Colombia agradeció la atención de la señora Ministra de Trabajo y su despacho para atender la preocupación que se ha puesto en consideración en días pasados respecto de la problemática de los trabajadores ambulantes de Quala, los vendedores de vive 100.
“En esta reunión se logró plantear la gravedad de la situación de más de 6.000 trabajadores y por lo mismo la resulta de esta reunión refieren a puntos concretos”, aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías.
Entre los puntos que se pactaron con el Ministerio de Trabajo y la Ministra Gloria Inés Martínez, se destacan:
La necesidad de adelantar una mesa de trabajo y una asistencia técnica por parte del Ministerio del Trabajo.
Entrar en una análisis y en un proceso de exigencia autónoma por parte de los trabajadores representados por la Red de Veedurías de cara a exigir sus garantías laborales básicas.
“Esta es la postura y la exigencia de 6.000 trabajadores adultos mayores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sus derechos fundamentales laborales que son cercenados por completo”, explica Bustos.
Por esta razón, desde la Red de Veedurías de Colombia se construirá “un proceso de mayor movilización y sensibilización pública a efecto de que no solamente nosotros, sino la comunidad en su conjunto de la ciudadanía, se vuelque en la exigencia de las garantías laborales que deben acompañar a este grupo de nuevo postrado y vulnerable de adultos mayores”, señaló Bustos.
También, destacaron con preocupación el resultado una reciente investigación sobre Quala: “Una multinacional con presencia en cerca de 8 o 10 países, donde se han erogado inclusive recursos por parte del conglomerado que hace parte de los propietarios y firmas que están detrás de la misma, estarían presuntamente relacionados con esta en paraísos fiscales con millonarios recursos como los Panamá Papers, dineros que son sacados del país, en tanto que no se le cubren las obligaciones laborales básicas a estos trabajadores”.
Pero la cosa no termina allí: al parecer, Quala también habría financiado campañas políticas en Colombia:
“Lo anterior se suma a la financiación de partidos y campañas políticas que han mantenido y asegurado en forma silenciosa como se ha atropellado a estos miles de trabajadores indefensos. Adicionalmente, algunas de estas empresas relacionadas con Quala y sus socios, han contratado de manera millonaria con el Estado obteniendo recursos con Ecopetrol por cerca de 60.000 millones de pesos”.
Desde la Red de Veedurías de Colombia, buscarán todas las medidas necesarias para que los vendedores de BonIce y Vive 100, productos de la marca Quala, tengan acceso a derechos laborales:
“Venimos planteando en el Misterio de Trabajo que, si es necesario, llevaremos a las autoridades judiciales y a los estrados internacionales para que se respete ese nivel de trabajadores cuya remuneración no alcanza el mínimo vital, sino que está muy por debajo del mismo de 10 a 15.000 pesos diarios sin ningún otro beneficio que un bono mensual de 60.000 pesos que se paga sí y solo sí trabajan los 30 días, si no lo hacen por cuatro lo pierden y además son sancionados. Los trabajadores están en unas condiciones infrahumanas de esclavitud moderna frente al trabajador informal y particularmente los trabajadores de Quala”, añadió Pablo Bustos.
Desde la Red de Veedurías también indagan sobre posibles políticos involucrados con Quala mediante el financiamiento de campañas políticas. Al parecer, se trataría del Partido Centro Democrático.
La Red de Veedurías de Colombia pidió a la opinión pública en las últimas horas, no hacer caso a informes filtrados, haciendo referencia al último divulgado por el excongresista Jorge Enrique Robledo, debido a que aún ni siquiera ha sido controvertido ni conocido formalmente por parte de los destinatarios insitucionales del mismo y el cual gozaba de carácter reservado.
«Con esta información pretendían impedir la elección de nuevos directivos de Ecopetrol anunciada para este viernes 22 de marzo, pues en el supuesto informe se reflejan una serie de cuestionamientos a los candidatos integrantes de la plancha a la nueva Junta Directiva presentada por los accionistas, y al propio Presidente de Ecopetrol; basándose solamente en un estudio de Control Risk, y haciéndolo público como una condena emitida por un supuesto tribunal ético, además sin tener estos procesados las garantías del debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, así como su presunción de inocencia», aseguró Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
ECOPETROL: NO DEBE HACER ECO… A INFORMES FILTRADOS en elección de miembros de ajunta Directiva
Fracasa el exsenador Jorge Robledo quien ha salido a presentar un supuesto “serio” informe, que por ser “filtrado” es decir no controvertido ni conocido formalmente siquiera por… pic.twitter.com/WOFzSby5KF
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) March 21, 2024
De otro lado, señalan que al violarse la confidencialidad podría cometerse un ilícito, a la par de lo antiético que resulta vulnerar la intimidad o confidencialidad de un documento que ni siquiera conoce aún oficialmente la Junta Directiva saliente de Ecopetrol, ni ninguna de las instancias competentes al interior de la empresa, para luego aducir la moralidad del cuestionamiento que de allí eventualmente podría desprenderse solo con fines efectistas, sin entrar en el debate de fondo de los contenidos mismos en un diálogo sincero, directo y público con plenas garantías para sus postulantes por parte de sus detractores, que pretenden pasarlos a la hoguera pública sin juicio previo, como en la edad media.
«Estamos frente a una de las entidades públicas más importantes del país y las valoraciones de talentos y competencias gerenciales, al igual que el debate relativo al inminente relevo de sus directivos es algo que compete de manera privativa a los accionistas, pero con ajuste y apego al respeto de la honra y buen nombre de sus aspirantes, que solon pueden ser desvirtuados atendiendo a debates mucho mas serios y profundos que el propio afán de descalificar a los aspirantes, los cuales deben contar son sus aspiraciones y el respaldo serio sobre la base de sus desempeños evaluados respetando las garantías constitucionales y legales», concluyó Bustos.
Finalmente, resaltan que alguien debe responder el porqué Jorge Robledo conoció y tuvo acceso a un informe estrictamente confidencial y reservado de Ecopetrol. ¿Qué hay detrás de esta filtración?
