por Konuco | Feb 8, 2022 | Destacadas, Judicial e Investigación
En un proceso penal, cada uno de los intervinientes cumple con un rol determinante que, al final, le da garantías al procesado, a la sociedad y por supuesto a la nación. Este es un postulado que tomó fuerza este martes, durante la audiencia de preclusion del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es señalado de haber cometido presunto fraude procesal y manipulación de testigos.
Es es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales, como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la constitución.
Así lo considera el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, teniendo en cuenta que el procurador delegado José Enrique Sanjuán cuenta con varios años de experiencia y que hace parte de la carrera en esta entidad, por lo que no debe ser sometido a un matoneo moral por cumplir con las funciones que la ley le obliga ejercer, por cuenta del escenario político electoral que el país enfrenta.
Lo anterior, debido a la solicitud de preclusion que hizo el funcionario, al considerar que el testigo estrella en el caso, Juan Guillermo Monsalve, hoy preso, al parecer no habría pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su versión sobre presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales serían sospechosas.
«Enviaremos escrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la vida y honra del procurador delegado para el caso Uribe, porque este funcionario público está cumpliendo con su deber», dijo Bustos.
«Quiero aclarar que no le conozco y en la Red de Veedurías de Colombia tampoco le conocemos, pero consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario además de ser un error y en un equívoco de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías, se podría generar un temor en futuras audiencia y por consiguiente crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho», agregó.
Frente al caso del expresidente y senador, la Red de Veedurías de Colombia se muestra respetuosa de las decisiones que la justicia tome. No obstante, pide a las partes no mediatizar para generar odios en pleno proceso electoral.
Toda vez que, según Bustos, los políticos no deben convertirse en y los jueces tampoco pueden ser mediatizados para convertirse en actores políticos. Las garantías deben ser para todos los ciudadanos.
por Konuco | Dic 6, 2021 | Bogotá, Destacadas
La Red de Veedurías de Colombia advirtió que, de manera extraña, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) publicó en algunos medios avisos publicitarios que ofertaban seis locales con mezzanine con un valor comercial que, a la luz de los posibles compradores, habria sido desmotivante por cuenta del alto costo con el que se presentó.
Sin embargo, la realidad del proyecto plantea cerca seis locales comerciales ubicados en el sector de San Victorino que cuentan en la parte de atrás con otros 60 locales comerciales que recientemente entraron a la SAE dentro del mismo proyecto.
De acuerdo con el veedor Pablo Bustos quiere decir que, no solo se ofertaron esos seis, sino que también otros 60 locales que de haber sido conocidos por todos los interesados tal vez -en su concepto- tendría más oferentes.
Motivo por el cual, dese su análisis, el manto de dudas de cara a este proyecto recae por cuenta de los compradores y la SAE, quienes al parecer habrían coordinado la compra por un valor inferior, teniendo en cuenta la publicidad que se dio a conocer en los medios de comunicación donde se presentó la oferta.
«Resulta increíble pensar que la SAE se haya equivocado en más de 800 metros cuadrados en la publicidad que se le entregó a medios de comunicación, en donde se vendía la ‘joya de la corona’ representada en el único lote disponible en el corazón mayorista de América Latina «, señaló Bustos.
«Toda vez que en realidad se entregarán 60 locales tras una puja comercial de seis, que a toda luz generaría un detrimento patrimonial», agregó Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
A su vez, anunció que interpondrá las acciones legales pertinentes, inicialmente ante la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República para que se investigue el patrimonio de la funcionaria que estuvo involucrada en este hecho.
Porque según anónimos allegados a esta Veeduría, se habrían pagado importantes sumas de dinero como coimas para que este negocio, al parecer, pudiera darse sin el lente veeduríal y el control de los organismos de control del Estado encargados para tales fines.
Por lo anterior, la Red también pedirá a la Contraloría General de la Nación y a la Procuraduría General, que investigue los motivos por los cuales esta publicidad con la que se ofertó el inmueble se hizo bajo parámetros engañosos, toda vez que se prometió un bien inmueble mucho más inferior a lo que realmente se va a entregar.
Cabe precisar que recientemente Catastro presentó el avalúo catastral de los bienes inmuebles para el sector de San Victorino, donde se registró un fuerte incremento. Por lo anterior, los locales que fueron vendidos por cerca de $19.000 millones ara el momento de la venta realmente costarían $55 mil millones de pesos y por cuenta del avalúo actual, estarían rondando por los $70 mil millones de pesos.
Es importante mencionar que las víctimas, que en su mayoría son comerciantes, presentarán acciones legales toda vez que sobre estos terrenos ya se está vendiendo un proyecto inmobiliario sobre el cual se dice en el sector se habrían recaudado más de $22.000 millones.
por Konuco | Oct 20, 2021 | Educación
En un nuevo pronunciamiento, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, lanzó duros cuestionamientos al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al que llamó al respeto y al acatamiento de las órdenes judiciales, con ocasión del caso que involucra al exalcalde de Magangué (Bolívar), Jorge Luis Alfonso López.
«En Colombia, el nuevo deporte nacional parece ser el irrespeto y desacato de las decisiones judiciales por parte de algunos altos servidores públicos integrantes del Ejecutivo, a cuyo extravagante torneo concurre ahora el propio señor Ministro de Justicia, Wilson Ruiz», indicó Bustos.
De acuerdo con el veedor, Ruiz «quien en lugar de dar ejemplo, denosta y e intimida al juez de ejecución de penas que dispuso el traslado a prisión domiciliaria del exalcalde Jorge Luis Alfonso López».
El mencionado político registra, según Bustos, un grave estado de salud, «medicamente conceptuado, dado que el según el juez evidencio que el centro penitenciario donde se hallaba recluido no le podría brindar el cubrimiento medico que demanda sus múltiples patologías».
En su concepto, Ruiz debió acudir a los recursos de ley que son el mecanismo expedito para controvertir válidamente las decisiones judiciales, y no las intimidaciones extraprocesales como consideran se han dado en este proceso, que involucra al hijo de la excongresista Emilse López, alias ‘La Gata’, condenada por parapolítica.
«El rechazo del ministro de Justicia a tal medida, por fuera del trámite procesal y de los recursos que le son propios desdice de su condición como jurista y parece como si en el país existieran los delitos de sangre, y que le incomodara la aplicación y respeto de los derechos humanos fundamentales consagrados para los internos», dijo Bustos.
«Una cosa es discrepar de las ordenes judiciales, y otra señalarlos de corruptos o bandidos a los jueces, como parece traslucirse en la formulación de quejas disciplinarias en su contra, cuando en Estado cuenta con las oportunidades y recursos legales para controvertir o discrepar judicialmente tal decisión», puntualizó.
por Konuco | Oct 19, 2021 | Educación
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, se pronunció este martes sobre lo dicho por la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional Eva Carrascal, quien le confesó a la justicia que recibieron importantes sumas de dinero para favorecer el traslado de pacientes entre EPS.
Lo que afectó a cerca de cinco entidades: Entre ellas la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS (AMBUQ), con medidas que en su concepto vulneran la afrocolombianidad.
De acuerdo con Bustos, es evidente el sesgo del superintendente Fabio Aristizábal, quien según su postura estaría tomando represalias por las decisiones judiciales falladas y en firme proferidas por varios tribunales en su contra, a las que incluso hoy en día se ilegalmente se rehusa a dar cumplimiento.
Los hechos denunciados afectan a más de 760.000 usuarios cuyos recursos de salud terminaron en las arcas de distintas EPS, según la denuncia de la Red de Veedurías. Y recursos del orden de los 60.000 millones de pesos.
Este proceso cursa en la Fiscalía General de la Nación, en donde ya hay una condena que pesa sobre Carrascal, quien indicó en su confesión que José Oswaldo Bonilla, actual superintendente delegado para las supervisión de instituciones en la Supersalud sería una ficha clave en el entramado de corrupción del traslado de pacientes.
Y quien, según la Red de Veedurías de Colombia, curiosamente fue promovido y se desempeña actualmente en el cargo que en su momento ocupó la condenada Carrascal.
«Las denuncias radicadas ante la Fiscalía contemplan los presuntos y reiterados punibles en concurso de prevaricato por acción y fraude procesal, entre otros y quejas ante la Procuraduría General contra el Superintendente Nacional del Salud, Fabio Aristizábal, y otros, derivados de sus múltiples, abiertos e ilegales desacatos durante mas de 20 meses», expresó Bustos.
Lo anterior «De dos ordenes judiciales impartidas, que se hallan en firme, por dos tribunales diferentes por la manifiesta violación a los derechos a la salud, igualdad, trabajo, vida y a la no discriminación de una EPS de asociados. afrocolombianos a la cual el Supersalud en abierto desacato les arrebató mas de 760.000 de sus afiliados», agregó el presidente de la Veeduría.
Paradójicamente, según Bustos, cuando la EPS ostentaba uno de los mejores estándares de desempeño a nivel nacional, certificado por Minsalud. Además, tal incumplimiento a las decisiones judiciales habría sido, según el Tribunal Superior, una retaliación de Supersalud contra la EPS AMBUQ.
«Dado que se puso al descubierto que esa intervención se produjo a cambio de dinero para favorecer otras EPS con base en graves actos de corrupción, según confesión de Eva Carrascal, la exfuncionaria de esta Superintendencia condenada por tal hecho», refirió Bustos.
La red remarcó que Aristizábal, actual Superintendente de Salud en dos ocasiones, ha desacatado órdenes judiciales que le obligan a él y a la Entidad, suspender la intervención irregular que realiza sobre los afectados que pertenecen a la comunidad afro en lo que sería un claro acto de racismo y acto corrupción.
«En un Estado de Derecho nadie puede desacatar las órdenes judiciales y menos quién está obligado a hacerlas cumplir, como es el Superitendente de Salud, llamado a dar ejemplo y más en recursos públicos y el derecho a la salud», indicó Bustos.
