La decisión de la sala plena de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia a partir de la semana 24 de gestación, ha generado todo tipo de reacciones el el espectro político, entre quienes mostraron su respaldo y los que la consideran violación al derecho a la vida.
Carolina Morales, líder y experta en asuntos de mujer y género del partido Cambio Radical, ha promovido al interior de la colectividad la necesidad de respaldar desde el Congreso la decisión tomada por la Corte Constitucional.
«Esta decisión conlleva unas implicaciones de alto impacto que obligan inmediatamente al estado a generar políticas públicas y protocolos que permitan a las mujeres una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras», manifestó.
Sin que esto, en su concepto, no genere ningún tipo de discriminación o estigma social.
«A la fecha tenemos alrededor de 50 países que modificaron su legislación para permitir un mayor acceso al aborto, por eso celebramos que se abra el debate para tomar medidas estatales como las que hoy realiza la Corte Constitucional», manifestó.
La líder de causas femeninas considera importante que el sistema de salud asuma esta decisión y se fije el procedimiento adecuado que permita a todas las mujeres del país poder interrumpir su embarazo, que reciban atención médica y psicosocial en aras de un aborto seguro.
«Legalizar el aborto bajo estas nuevas causales fijadas elimina la clandestinidad que hay en estos casos. Las secretarías de Salud a la fecha desconocen el número de lugares donde se realizan y quiénes son las personas que practican estos procedimientos», expresó.
Desde su óptica, es claro que se debe acabar con el sentimiento de culpa, pecado o castigo sobre las mujeres que desean o se practican una interrupción de embarazo.
La otra mirada
Por su parte, la senadora y hoy aspirante a la corporación Paola Holguín, del partido Centro Democrático, ha sido una de las fuertes críticas de la determinación del alto tribunal de la despenalización, pues desde su concepto
«El aborto no es nada distinto al asesinato de un ser indefenso por parte de su madre en el vientre; lo que va en contravía del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Nacional», precisó la congresista en su cuenta de Twitter.
«El absoluto poder de disposición de la mujer sobre la vida de quien está por nacer, va en contravía de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia con la ratificación de Tratados sobre derechos humanos», manifestó.
Desde su visión del tema, asesinar el propio hijo en el vientre no es un derecho. «Las mujeres que tienen dificultades con su embarazo deberían alternativas distintas a asesinar un inocente. El derecho a la vida desde la concepción debería ser sagrado», agregó.
Postura a la que también se suma la representante a la Cámara Margarita Restrepo. «Me opongo a la decisión de la Corte Constitucional. Le estamos arrebatando a los niños el derecho a nacer. Pierde Colombia, pierden nuestros niños, perdemos todos», dijo.
El número de familias beneficiarias del programa Ingreso Solidario aumentará a 4 millones de hogares. Así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
Luego de terminar la gira oficial por Europa, el jefe de Estado aseguró que esto hace parte de la política social del Gobierno Nacional para afrontar la pandemia por el COVID-19,
En la actualidad eran 3 millones las familias beneficiadas, por lo que se aumentó en un millón la tasa de receptores. Las mismas serán seleccionadas a partir de la base de datos actualizada del Sisbén IV, clasificados en el grupo A.
«Tenemos una importante noticia en nuestra política social: ya se va a materializar el aumento de beneficiarios del Ingreso Solidario para superar los 4 millones de beneficiarios», manifestó Duque Márquez.
Duque anunció además que se está trabajando con la Mesa de Equidad y el equipo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para empezar a hacer esos giros a las familias beneficiadas.
Según el presidente, los envíos a los ciudadanos se harán en la primera semana de marzo tanto para los que ya están inscritos como para quienes lo tendrán por primera vez.
Por tal motivo, ya dio instrucciones a Susana Correa, directora del DPS, y al Equipo Social de Colombia para seguir ayudando a más familias vulnerables, «para que tengan recursos para sortear dificultades», expresó Duque.
Un fuerte escándalo salpica a la exsenadora y excandidata presidencial Piedad Córdoba, luego de conocerse graves acusaciones en las que se indicó que habría manipulado fechas de la liberación de los secuestrados por las Farc con fines electorales, con presunta complicidad del Gobierno de Venezuela.
De acuerdo con la investigación revelada en la noche del domingo por Noticias Caracol, se supo que a excongresista, al parecer, como parte de su plan para llegar a la presidencia, incidió en la entrega de personas privadas de la libertad. Así lo denunció el exasesor de comunicaciones de la exsenadora, Andrés Vásquez Moreno.
Según la denuncia, Córdoba habría pactado con la cúpula de las extintas Farc un minucioso plan que buscaba impulsarla como candidata a la presidencia de la República, y en la que se detallaba posible entrega de la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt y la de los tres contratistas norteamericanos secuestrados por el grupo armado.
«Hay diferentes acuerdos entre las tres partes, en donde todos se verían beneficiados si se entregan los secuestrados a Chávez. Chávez sube la popularidad, gana el referendo en diciembre 7 de febrero de 2007 y también catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente», dijo el mencionado testigo.
El testigo estrella
En su declaración, que reposa en los despachos de la Fiscalía General de la Nación, Vásquez Moreno afirmó que tal fue la influencia de Córdoba que incluso la política -quien fue autorizada como intermediadora por el presidente de la época, Álvaro Uribe- llegó a sugerir cómo deberían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados.
Y pese a que el Gobierno le retiró la mediación que hacía con las Farc, ella continuó manteniendo comunicación con la extinta guerrilla. En los correos electrónicos que son de conocimiento del ente acusador, aparecería relacionada Córdoba con el alias de ‘Teodora’, como era llamada por el antiguo Secretariado.
«Es cierto que se estableció una comunicación con Raúl Reyes, directa o de manera indirecta entre él y ella», señaló Vásquez a Noticias Caracol, diálogo en el que también dijo que, en el caso de Betancourt, la exsenadora habría planteado todo tipo de argumentos para que no fuera liberada pronto, como también aonteció con los norteamericanos.
En la denuncia, también se destaca lo que sería la estrecha relación entre Córdoba y el barranquillero Álex Saab, hoy detenido en los Estados Unidos. Y la gestión que llevaría a cabo para gestionar pagos a empresarios colombianos, de deudas de sus pares en Venezuela; pero también de enredar los mismos cuando se trataba de firmas de uribistas.
Reacción de la excongresista
Tras conocerse esta delicada denuncia, la exsenadora se refirió en su cuenta de Twitter y le pidió al citado medio derecho a la réplica. «Respecto al calumnioso informe publicado hoy en @NoticiasCaracol exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política», publicó Córdoba.
Respecto al calumnioso informe publicado hoy en @NoticiasCaracol exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política.
Como es costumbre, los debates presidenciales siempre son el ‘nido’ de tire y aflojes, muchas acusaciones, peleas y pocas propuestas. Este, organizado por el diario El Tiempo y Revista Semana, no fue a la excepción a la regla.
Uno de los puntos álgidos fue discusión entre dos de los protagonistas de la coalición Centro Esperanza, Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria, por la entrada de ‘lobos’ a la alianza y el rechazo de la moral superior.
«Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el Cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo», expresó Betancourt.
«Mire, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre», ripostó Gaviria, quien le pidió a su contendiente mirar cómo habían sido conformadas las listas al Senado y Cámara de la Alianza Verde.
Adicionalmente, la ‘pelea’ ya común entre Gustavo Petro y Oscar Iván Zuluaga por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que el candidato de la Colombia Humana acusó de tener nexos con paramilitares.
«Llevo 20 años trabajando con Uribe y estuve en los ocho años de Gobierno y me siento orgulloso de lo que ha hecho. Nadie como él combatió a las estructuras paramilitares, las desmontó», manifestó Zuluaga.
Negociarían con el Eln
Una de los primeros temas para los precandidatos fue si negociarían un acuerdo con el Eln, y seis de ellos dieron respuerta afirmativa, aunque Zuluaga resaltó que no sería de la misma manera que con las Farc.
«No es posible, a partir de un acuerdo de impunidad total pretender que este sea el punto de partida con el ELN», enfatizó Zuluaga sobre el particular.
«No vamos a aceptar que nos condenen a una violencia permanente. Hay encontrar propósitos comunes y la paz es una de ellas», dijo por su parte Camilo Romero, quien hace del Pacto Histórico.
A su vez, los aspirantes Sergio Fajardo y Betancourt dijeron que no, y Juan Manuel Galán, también de la coalición Centro Esperanza, decidió no responder puntualmente la pregunta.
Corrupción
Otro de los temas que tocaron por ser uno de los más hablados hoy en día fue el de la corrupción, la cual tuvo como ‘picante’ a la discusión entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, quienes se lanzaron ‘pullas’ entre sí’.
«Hay candidatos que no tienen autoridad moral. Acá hay muchos imputados por corrupción y los que más procesos tienen por corrupción, delitos graves, son los que más hablan de lucha contra la corrupción. No les crean», refirió Gutiérrez.
Francia Márquez expreso que la corrupción se combate cerrando la brecha de desigualdad, Petro mencionó la reforma tributaria, y Zuluaga propuso un bloque de búsqueda.
«Propongo un bloque de búsqueda especializado que permita que las entidades del Estado actúen de manera decidida y que haya justicia para que las personas que cometen actos de corrupción», dijo Zuluaga.
Del mismo modo, Fajardo incitó a estar pendientes entre quiénes se saludaban porque así gobernarían y Betancourt indicó cómo en plena carrera electoral lo que hay es corrupción y millones de dinero para votos.
«Ojo a la foto hoy, miren a quién abrazan, así van a gobernar, porque por la forma como se llega al poder, así se gobierna, y el clientelismo y los que abrazan corruptos hoy», señaló Fajardo.
Reforma, ¿Sí o no?
Finalmente, otro de los temas a resaltar es la reforma tributaria, en el que Petro, Márquez, Gaviria, Romero y Zuluaga dijeron que sí harían una nueva, aunque por motivos diferentes.
«Yo derogaría la reforma actual, elevaría el impuesto a los dividendos, se crearía una renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales y se aumentaría el impuesto predial a latifundios superiores a cierto nivel de hectáreas», precisó Petro.
Contrario a lo manifestado por Gutiérrez, Betancourt, Hernández y Galán, los cuales fueron enfáticos en decirle no a la reforma, porque primero deben solucionar temas internos importantes.
Tras conocerse una serie de audios de voceros y líderes de la revocatoria de Medellín, en los cuales habría indicios de triangulación de fondos y ofrecimiento de dádivas como días libres a empleados de empresas que apoyan el proceso contra el alcalde Daniel Quintero Calle, se conocieron fuertes voces de rechazo de la ciudadanía en las redes sociales.
Los medellinenses han empezado a exigir a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones que permitan conocer el origen de los fondos que recibió el comité de revocatoria, liderado por Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, y si existieron más casos de utilización de trabajadores de terceros en la recolección de firmas.
Andres Rodríguez promotor de la revocatoria pide a empresarios que paguen a sus empleados con días libres por firmas violando la Ley 1864 de 2017. pic.twitter.com/OoVfLcZZjz
Al respecto, Quintero Calle se ha manifestado en redes sociales y, a través de un video, señaló que estas son prácticas corruptas que no deben repetirse en el país. «Nosotros llamamos a la ciudadanía para que denuncie estos hechos y quienes los hayan cometido deben pagar por ello ante las autoridades y la justicia», sostuvo.
«Un audio demuestra cómo le pedían dádivas a los empresarios para recoger firmas. Esto también es una muestra de un delito muy grave, y lamentablemente algunos empresarios ya lo habían cometido. Esa revocatoria no fue ni ciudadana ni voluntaria», agregó el mandatario local en su intervención.
Finalmente, reiteró que el proceso revocatorio liderado por sectores políticos afines al uribismo no corresponde a una iniciativa ciudadana y, por ende, se debe dar paso a abrir los procesos como lo ha señalado un juez recientemente para revisar las firmas, y constatar que, en efecto, gran parte de ellas no tendrían visos de legalidad.
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