A ponerse pilas: este viernes se vence plazo para pagar impuesto predial con descuento en Bogotá

A ponerse pilas: este viernes se vence plazo para pagar impuesto predial con descuento en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda le recordó a la ciudadanía que hasta este viernes está habilitada la opción de pago de impuesto predial con el 10% de descuento.

La entidad indicó que se dará agilidad y prioridad en la atención presencial para el pago de esta obligación tributaria, por lo que recordó que el horario de atención en los SuperCADE Américas, 20 de Julio, Suba y CAD, será de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

A su vez, quienes quieran pagar con descuento el impuesto predial a través de los canales virtuales, deben asegurarse de tener el número correcto y completo del CHIP o placa del predio.

«La recepción de solicitudes del Predial Bogotá 2022 por redes sociales será hasta las 5:00 p. m., teniendo en cuenta el 10% de descuento; así buscamos garantizar la atención a los contribuyentes», informó esta dependencia.

Del mismo modo, tener en cuenta los cinco pasos que la Secretaría de Hacienda recomienda aplicar en este tipo de procesos.

Tenga en cuenta:: 

 

Alerta en Bogotá: se acabaron las vacunas de Sinovac, urgente llamado de la Secretaría de Salud

Alerta en Bogotá: se acabaron las vacunas de Sinovac, urgente llamado de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Bogotá informó en las últimas horas que en la ciudad ya no hay disponibilidad de vacunas de la farmacéutica Sinovac contra el COVID-19, en los puntos habilitados para su aplicación.

De esta manera, la entidad aclaró que ya solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social la entrega de nuevas dosis de este biológico, que en la capital colombiana se aplica a niñas y niños entre los 3 y 11 años, así como para las personas de mayores de 18 años que requieren este biológico para segundas dosis y de refuerzo.

Mientras llegan nuevas dosis, la Secretaría de Salud continúa la vacunación contra el virus en los puntos habilitados con biológicos de las farmacéuticas Pfizer, Janssen y Moderna, por lo que invita a la ciudadanía a no dejar de asistir para completar sus esquemas de protección.

Los puntos para la vacunación son publicados a diario a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud, así como en la página web oficial.

 

En manos de la Contraloría Distrital: definida competencia en actuación sobre ejecución de contrato de Doña Juana

En manos de la Contraloría Distrital: definida competencia en actuación sobre ejecución de contrato de Doña Juana

En una decisión adoptada la semana pasada, la Contraloría General de la República canceló la acción conjunta de auditoría especial que realizaba desde abril pasado, por solicitud de la Contraloría de Bogotá al Relleno Sanitario Doña Juana, por el contrato de concesión 344 de 2010 suscrito por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

El ente fiscalizador procedió a remitir la información recaudada nuevamente a la Contraloría de Bogotá, para que continúe con la actuación, dentro de sus competencias.

Esta auditoría tenía que ver con la revisión sobre el asunto denominado ‘Pagos adeudados por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) al Consorcio Concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR)’.

Lo anterior por concepto de remuneración, según el contrato de concesión 344 de 2010 suscrito para la Administración, Operación y Mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña en Bogotá, en sus componentes de disposición final de residuos sólidos.

Así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental con respecto a las condiciones técnicas ambientales del manejo del relleno.

«La información que se ha venido solicitando dentro de la presente actuación, y las respuestas recibidas, corresponden en buena medida a situaciones contractuales y de conflictos derivados de la ejecución del contrato de concesión 344 de 2010 suscrito por la UAESP y CRG», se explicó en el acta de evaluación interserctorial.

«Temas que, por su resorte, son competencia de los jueces del contrato y de la Contraloría de Bogotá D.C., esta última con personal idóneo y conocimiento histórico de la evolución de dicho contrato», destacó el acta.

Alcaldía de Bogotá denunciará a operador del relleno sanitario de Doña Juana: estos son los motivos

Alcaldía de Bogotá denunciará a operador del relleno sanitario de Doña Juana: estos son los motivos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) presentó denuncia contra los representantes legales del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. (CGR).

Lo anterior por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial, en el caso del manejo del relleno Doña Juana, que sirve a la capital de la República.

«CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados durante cuatro años», afirmó López durante su intervención.

«No contento con eso, CGR ha pretendido engañar a las autoridades judiciales con información falsa, dada en nuestra opinión de mala fe, para evadir su responsabilidad, seguir incumpliéndole a los bogotanos», precisó la mandataria.

De acuerdo con López, este consorcio demandó al Distrito  por aspiraciones superiores a 1 billón de pesos, a juicio de López «de manera infundada y abusiva».

Medidas contra CGR

La acción judicial fue interpuesta por Luz Amanda Camacho, como directora de la Uaesp, ante la Fiscalía General de la Nación. Y en contra de Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal de CGR, y contra todos quienes hayan actuado en representación del mismo desde 2010.

Lo que motivó a entablar la denuncia fue el incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010, porque, tras casi doce años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta (PTL) y del sistema, esto no se ha hecho.

E incluso, según denunció la Administración Distrital en esta acción judicial, está en peores condiciones de lo que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.

«Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la Alcaldía desde que soy alcaldesa, ningún otro operador que yo conozca, le está haciendo semejante estafa a los bogotanos por no recibir un tratamiento de lixiviados pese a que lo seguimos pagando», subrayó López.

La mandataria le solicitó a la Fiscalía darle celeridad a la denuncia interpuesta. «Le ruego a la Fiscalía darle prelación a esta denuncia, le ruego la debida diligencia en esta investigación; necesitamos que la justicia pare, frene y sancione la estafa», sostuvo.

Igualmente, le pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá para que les brinde garantías a los ciudadanos sobre la designación de los jueces de los tribunales de arbitramiento. «Que los jueces sean imparciales, sean jueces, no solo de toda reputación jurídica, sino de total imparcialidad», destacó.

En su declaración, la alcaldesa López aseguró que esta situación ya le fue informada al presidente electo Gustavo Petro. «Le he pedido que, desde su Gobierno, una vez se posesione, se tomen las medidas legales para garantizar y proteger a los bogotanos de este abuso», indicó.

El proceso

Según la Uaesp, el consorcio ha abusado de los ingresos que ha percibido de la entidad y de los bogotanos, no cumple con el tratamiento de lixiviados, ni ha concluido la optimización del STL (Sistema de Tratamiento de Lixiviados), generando un mayor impacto ambiental sobre los ríos Tunjuelo y Bogotá.

Lo pactado en 2010, según la Administración Distriral, era que el operador tenía la obligación de gestionar la optimización del sistema de lixiviados y para eso ha recibido más de 163.000 millones de pesos.

Sin embargo, en la actualidad no existe tal resultado de lo contratado de acuerdo con Claudia López por lo que, del 100 por ciento de los parámetros que dicta la norma, el operador cumple apenas con cerca del 50%.

Se deduce que el incumplimiento de estas obligaciones guarda relación directa con la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado, respecto a la catástrofe ecológica del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes a este.

Según la denuncia, por la conducta del concesionario no se ha podido satisfacer la necesidad advertida por la Uaesp en el contrato y, contrario a ello, se está realizando un vertimiento ineficiente e ilegal de los residuos al río Tunjuelo.

Igualmente, la alcaldesa López advirtió que lo que sería la conducta omisiva del consorcio frente al cumplimiento de sus obligaciones implica que los costos de inversión necesarios para la optimización del sistema asciendan a más de 110.000 millones de pesos.

Que serían inferiores si las sumas canceladas se hubieran destinado a la satisfacción de las obligaciones contractuales.

En cuanto al delito de fraude a resolución judicial, la obligación corresponde a las órdenes y condenas que se impusieron al consorcio en el laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2018, que quedó ejecutoriado el 11 de octubre del mismo año. Y que no se han cumplido.

Respecto del delito de fraude procesal, el Distrito considera que se configuró a partir de un medio fraudulento por sus afirmaciones mentirosas, tendenciosas, convenientes y sesgadas.

Con lo que el representante legal pretendió hacer incurrir en error a la magistrada con la finalidad de obtener, como medida preventiva, la suspensión del POT como provecho ilícito a su favor en el marco del ya referido incidente de desacato.

Asimismo, pretenda aducir la existencia de estudios relacionados con la factibilidad de la propuesta incluida en Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuando, después de cuatro años, no ha presentado los estudios de diseño requeridos para la optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

Esto se puede advertir, según el Distrito, a partir de las reiteradas falsedades que fueron hechas en el oficio presentado por el representante legal a la magistrada y que fueron reafirmadas en la audiencia del 3 de junio de 2022.

A través de estos actos, el consorcio habría pretendido confundir a la justicia y hacer creer que las actuaciones adelantadas por la Alcaldía, respecto a la inclusión de un sistema de tratamiento térmico de residuos alternativo, carecía de sustento y era el resultado de una improvisación.

“Voy a proteger los derechos de los bogotanos con todas las herramientas que estén a mi disposición. Una, es la garantía de imparcialidad a la Cámara de Comercio para la designación de los tribunales de arbitramiento, y otra, de celeridad a la Fiscalía para que tramite esta denuncia», puntualizó López.

Por el asesinato de la psicóloga Adriana Pinzón, autor del crimen pagará 28 años de cárcel

Por el asesinato de la psicóloga Adriana Pinzón, autor del crimen pagará 28 años de cárcel

Jhonatan Torres Campos, quien fuera el cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, se declaró culpable del macabro homicidio ocurrido el pasado 7 de junio, en Zipaquirá (Cundinamarca) y, de manera voluntaria, suscribió un acta de preacuerdo dentro del proceso que se le sigue como el responsable de este crimen.

Torres Campos no tuvo otra alternativa, debido a la contundencia de la actividad investigativa efectuada por la Fiscalía General de la Nación, que recolectó abundante material probatorio para endilgar la responsabilidad de este escabroso suceso, que consternó a la comunidad del municipio.

En ese sentido, el hombre se comprometió a aceptar los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. De igual manera, previo aval judicial, recibiría una pena de 28 años de prisión y deberá pagar una multa de 600 salarios mínimos mensuales vigentes; además de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La copiosa evidencia física da cuenta de que Torres Campos habría sido la última persona que vio a la víctima con vida. Asimismo, permitió detectar las contradicciones en las que, supuestamente, incurrió para evitar que los investigadores lo descubrieran y ubicaran el cuerpo de su cuñada.

Luego de que los familiares de la psicóloga reportaron su desaparición, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha un plan metodológico para avanzar con rapidez en el esclarecimiento.

El crimen

Inicialmente, los videos de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía Pinzón mostraron que Torres ingresó al apartamento ese 7 de junio, hacia el mediodía. Entre la tarde y noche salió en dos oportunidades con el carro de su cuñada. Primero, con un morral negro; y luego, con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl.

De otra parte, en la inspección hecha al inmueble de la mujer, los peritos del CTI hallaron rastros de sangre en una habitación y en otros puntos.

Adicionalmente, un conocido del investigado reveló que el sujeto le dio a guardar un maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción.

El pasado 15 de junio, el señalado agresor fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las labores investigativas continuaron y arrojaron nuevos elementos que permitieron a un equipo especializado del CTI ubicar el cuerpo de Adriana Pinzón Castellanos, la madrugada del 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca).

La mujer estaba oculta en cuatro bolsas plásticas industriales y, según el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenía algunas heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

La Fiscalía determinó que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el afán que tendría Torres Campos por cubrir varias deudas. El preacuerdo suscrito fue socializado con las víctimas y será presentado ante un juez de conocimiento para su aprobación.