En medio de la polémica y a menos de 30 días para finalizar su mandato, el alcalde saliente de Cota, Néstor Orlando Guitarrero Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán por la presunta expedición de un decreto que modificaría la planta global de cargos en la Administración Central del municipio. El proyecto, que busca crear 63 nuevos empleos, ha sido objeto de críticas y acusaciones de falta de transparencia.

El ciudadano Hugo Álvarez Rosales ha presentado una acción popular ante los Juzgados Administrativos de Facatativá, solicitando medidas cautelares de urgencia para frenar la aprobación del Decreto. Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91522678 de Bucaramanga, argumenta que la expedición del decreto, a tan solo un mes del cierre del periodo de gobierno, constituiría una amenaza al patrimonio público del municipio y a la moralidad administrativa.

¿Qué busca el decreto?

El proyecto de decreto, publicado el 30 de noviembre de 2023 en la página web del municipio, propone la creación de cargos cuyas asignaciones estarán a cargo de los gastos de funcionamiento de la entidad territorial. Se destaca que el artículo segundo del proyecto establece que las asignaciones salariales se pagarán con pleno respeto a los topes máximos señalados en la Ley 617 de 2000.

En su defensa, la Alcaldía Municipal de Cota, representada por Néstor Orlando Guitarrero Sánchez, ha argumentado que la modificación de la planta de personal es necesaria para atender las demandas de crecimiento, mejoramiento, expansión o transformación en la gestión municipal. Se hace referencia al plan de desarrollo territorial 2020-2023 «POR AMOR A COTA, SI PODEMOS» y a la participación de la «mesa municipal por el empleo público» en la elaboración de la propuesta.

Por otro lado, la Veeduría Ciudadana ha tomado acciones legales, presentando una solicitud de medidas cautelares de urgencia en los juzgados administrativos de Facatativá. La Veeduría denuncia la presunta creación de cargos «a dedo», sin seguir procesos meritocráticos establecidos por la ley. Pablo Bustos, Director de la Veeduría Ciudadana, califica la situación como un intento de «atornillar a familiares y allegados en cargos de carrera».

El ciudadano Álvarez Rosales ha solicitado que se vincule al proceso al Ingeniero William Henry Aristizábal Cardona, Secretario de Planeación Municipal del municipio de Cota. Las pretensiones incluyen la declaración de violación de derechos colectivos a la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público, así como la suspensión del trámite del proyecto de decreto.

El caso ahora está en manos de los juzgados administrativos, quienes deberán evaluar las pruebas y argumentos presentados para tomar una decisión respecto a las medidas cautelares solicitadas. La ciudadanía de Cota permanece atenta a los desarrollos de este controvertido caso que pone en tela de juicio la transparencia en la gestión administrativa del municipio.

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