El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia 031 de 2023 debido a las graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca, y Pradera y Florida, en Valle del Cauca. Estos municipios están siendo afectados por la disputa territorial y social entre el ELN, la Segunda Marquetalia y el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, grupos armados ilegales que han puesto en riesgo a las comunidades locales.
Los enfrentamientos y hostigamientos entre estos grupos armados han llevado a situaciones de alto riesgo para la población civil, incluyendo ataques indiscriminados contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres. Además, estos grupos ilegales someten a las comunidades y las obligan a «colaborar» mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones, lo que incluye el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
La subregión entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, que incluye a Florida, Pradera, Miranda y Corinto, funciona como un corredor estratégico para estos grupos armados, permitiendo la conexión entre varios departamentos y facilitando el tránsito hacia Cali y su área metropolitana. “Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido en la Alerta y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, realizamos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que tomen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, concluyó el Defensor del Pueblo.
Además de la población civil, se ha destacado el riesgo para líderes y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades indígenas y campesinas, firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos.
La Defensoría del Pueblo ha emitido 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para tomar medidas que mitiguen y prevengan el riesgo y salvaguarden los derechos fundamentales de la población civil en estas áreas afectadas por la violencia y el conflicto armado.
