El proceso de desaceleración económica mundial no ha sido una sorpresa este año dado el rebote inflacionario pospandémico que llevó a terreno contractivo la política monetaria en la mayoría de los países, además del retiro de estímulos fiscales y el agotamiento del ahorro que lograron los hogares durante los confinamientos.

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, que se ha evidenciado en un aumento sin precedentes durante este siglo del costo de vida, así como en el deterioro de las condiciones financieras de los hogares. Al final, en el contexto bancario, esto ha afectado el desempeño de la cartera de consumo, que ya ha empezado a decrecer, de la mano de unos indicadores de vencimiento que han subido significativamente. Este comportamiento se agudiza en créditos de libre inversión y tarjetas de crédito, productos que se expandieron fuertemente durante 2022.

Así las cosas, de acuerdo con el último informe de Banca & Economía que publicó Asobancaria, la dificultad de los hogares para pagar sus obligaciones podría generar reportes negativos en centrales de riesgo y, de no normalizarse la situación, esto podría traducirse en exclusión financiera.

“Si se tiene en cuenta que la inflación afecta en mayor medida la capacidad de pago de las personas de menores ingresos, cuya capacidad de ahorro también se puede ver afectada con mayor facilidad, son estos hogares los que mayores dificultades empiezan a presentar para acceder a crédito formal. Esto, a pesar de los esfuerzos que han realizado las entidades crediticias desde marzo de 2023 para reducir, de manera autónoma, las tasas de interés de los créditos para los hogares más vulnerables”, señala el documento.

Añade que “también es relevante considerar que, para las personas de bajos ingresos, en la mayoría de las ocasiones la tarjeta de crédito representa su primer contacto con el crédito formal. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, a la fecha hay cerca de 16 millones de tarjetas de crédito, y se estima que se otorgan alrededor de 2,3 millones a líneas de negocio enfocadas en personas con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos vigentes. Adicionalmente, el número de tarjetas diferentes a las franquicias tradicionales ascendió a más de 1,7 millones, con una participación importante entre la población de ingresos bajos. Es decir, se estima que alrededor de 2 millones de tarjetas son entregadas a las personas de menores ingresos. Excluirlos del sistema podría generar un retroceso en la inclusión financiera, especialmente considerando a la población que posee al menos un producto de crédito”.

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