por Konuco | Ene 12, 2024 | Política
El concejal Juan Carlos Upegui, excandidato a la Alcaldía de Medellín, reprochó al alcalde Fico Gutiérrez por no dedicarse a sus deberes municipales y, en cambio, dirigir críticas al presidente Gustavo Petro Urrego.
Durante la sesión del Concejo de Medellín el 10 de enero, Upegui, líder opositor, censuró las declaraciones de Gutiérrez y lo instó a enfocarse en su labor como alcalde en lugar de lanzar comentarios negativos hacia el mandatario nacional.
Así se dirigió Upegui a Fico Gutiérrez
Mediante su cuenta de X, Juan Carlos Upegui difundió su participación en la sesión del Concejo de Medellín, donde arremetió contra el alcalde Federico Gutiérrez. Compartió un video en el que expresó su descontento, señalando que mientras la ciudad espera proyectos y soluciones, Gutiérrez prefiere atacar a Gustavo Petro. El concejal de Independientes lanzó un interrogante sobre cuándo comenzará a gobernar la alcaldía.
Upegui enfocó su crítica en las frecuentes referencias de Gutiérrez al gobierno nacional, advirtiéndole que, al mantener esa postura, el mayor perjudicado será el ciudadano.
“Federico, no pelee más con el presidente Petro”, inició comentando Upegui, quien añadió que “es un error poner a la policía en contra del gobierno nacional”. Además, invitó al alcalde a ser constructivo en su mandato.
“Llegó el momento de bajar las armas, la campaña se acabó, hay que aprovechar las oportunidades de construir. Si el ánimo constructivo no es mano del Gobierno Distrital de Medellín y Federico Gutiérrez no entiende que Medellín no quiere más pelea ni con el gobierno nacional ni con la institucionalidad del país”, sostuvo Upegui.
En la intervención compartida, Upegui señaló que “lo único que va a hacer es profundizar las divisiones, el odio y las mentiras” y que “la que va a perder es la ciudadanía”.
A pesar de estas declaraciones, el alcalde Fico Gutiérrez no respondió sobre este tema.
por Konuco | Ene 11, 2024 | Política
En la mañana de este jueves, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió a la audiencia de acusación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla.
Luego de concluir con la exposición de la acusación, el Juzgado decidió que la primera audiencia de preparación para la etapa de juicio se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de este año a las 9:00 a. m. de manera presencial.
Los delitos por los que es acusado Nicolás Petro
Se destaca que las acusaciones contra el hijo del presidente apuntan a delitos cometidos durante su período como diputado en la Asamblea del Atlántico. Además, desempeñaba un rol central en la campaña de su padre en la Costa Atlántica. Estas circunstancias subrayan la importancia de la investigación, vinculando las posibles transgresiones a su influencia política y su participación estratégica en el ámbito electoral regional.
Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales de prueba indican que, entre junio y diciembre de 2022, Petro Burgos habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que Nicolás Petro, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado.
La Fiscalía destacó que Petro Burgos destinó 1.205 millones de pesos a arriendos, un apartamento, una vivienda, y artículos lujosos, contrastando con los 280 millones percibidos por su cargo en la Asamblea de Atlántico en 2022. Sin evidencia de otra actividad económica o movimientos financieros, estas discrepancias subrayan las sospechas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y plantean preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para sus gastos.
Según la Fiscalía, el posible incremento patrimonial injustificado asciende a los 1.053 millones de pesos.
por Konuco | Ene 10, 2024 | Política
Bogotá D.C., 10 de enero de 2024.- Como es de conocimiento público, el día de ayer, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado mediante el cual informa acerca de la renuncia del Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y señala que “con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos”, la investigación le fue asignada al fiscal Doce Delegado ante el Alto Tribunal. En nuestra condición de víctima y representante de víctima nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente:
1.- En 2012, el expresidente Álvaro Uribe interpuso denuncia en contra de Iván Cepeda Castro, ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2018, el Alto Tribunal se inhibió de abrir investigación formal y, por el contrario, compulsó copias en contra del exmandatario, por haber incurrido presuntamente en manipulación de testigos. Los hechos que desencadenó esta decisión dieron origen a la investigación que hoy se sigue en contra de Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
2.- Luego de dos intentos fallidos de preclusión, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el 13 de octubre de 2023, asignó esta actuación procesal al fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia Fajardo, quien, invocando el artículo 294 de la ley 906 de 2004, dispuso la realización de “actos de investigación complementarios”, por el término de noventa (90) días, los cuales vencen el día de hoy, 10 de enero de 2024.
3.- El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas.
4.- Tras dos años de investigación en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y más de tres años en la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, en el expediente obra un robusto material probatorio, así como las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dos Jueces de la República, mediante las cuales negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por el ente investigador, las cuales indican que a la Fiscalía General de la Nación no le queda un camino distinto a presentar, de manera inmediata, escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez.
5.- De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción.
6.- Dado que en segunda instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de nuestra solicitud de amparo presentada en contra de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación, en este caso, pondremos al Alto Tribunal en conocimiento de este nuevo hecho, para que sea considerado al momento de dictar el fallo de tutela de segunda instancia.
por Konuco | Ene 8, 2024 | Destacadas, Política
Frente a la nueva Alcaldía de Fico Gutiérrez en Medellín, el Pacto Histórico en cabeza del concejal José Luis Marín entregaron varias alertas con las que buscan hacer control político y, desde su visión, poner en conocimiento a la ciudadanía sobre las decisiones que tome la nueva administración.
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Vendedores ambulantes, jóvenes y estudiantes
“Federico ya gobernó y en su gobierno persiguió estudiantes, persiguió jóvenes, criminalizó a los trabajadores de las economías informales, tanto que su subsecretario de Espacio Público dijo que era un arma desintegradora para desaparecer todos esos trabajadores del centro. Mucho de su gabinete es el mismo que tuvo en su administración pasada, por lo que no podemos esperar cosas distintas”
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Secretaría de la No Violencia y firmantes de paz
“Nos genera incertidumbre la continuidad de la Secretaría de No Violencia como una apuesta por darle una institucionalidad para la Paz. Ahora estamos en medio de unos diálogos de la paz total que el gobierno nacional viene liderando y que, por supuesto involucran a nuestra ciudad, pero también tenemos desde el 2016 la firma del acuerdo final de paz que nos genera además el hecho de que en la ciudad haya más de 350 firmantes de paz y no sabemos qué va a pasar con esta apuesta por la paz”.
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Concejo de Medellín y control político a Fico Gutiérrez
“Desde que hay elección popular de alcaldes y gobernadores Federico es el alcalde de Medellín que tiene más a favor. Federico puede tener 15 o hasta 18 concejales que estén a favor de su gobierno y les cuento una cosa el Consejo no es el Comité de aplausos de la Alcaldía, se supone dentro de las funciones que el Consejo hace control político, qué control político se puede esperar”.
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Plan de Ordenamiento Territorial
“Es un secreto a voces que quienes financiaron la campaña de Federico Gutiérrez para estas elecciones territoriales fueron las inmobiliarias, los constructores, por eso nos genera una gran alerta, cómo será la actualización del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el que esperamos, además que figuras como el mejoramiento integral de barrios, no desaparezcan que la política pública de protección adoradores, siga siendo una efectiva herramienta para proteger a las comunidades afectadas por el desarrollo”
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Privatización de EPM
Desde la coalición del gobierno del Consejo de Federico Gutiérrez ya se habla de la democratización de EPM, que abre la puerta a la declaratoria como una empresa mixta para la satisfacción de la empresa pública más importante de Medellín. Ojo con eso es el patrimonio de la ciudad”.
por Konuco | Ene 8, 2024 | Destacadas, Política
En las próximas horas, el exsenador Arturo Char podría recuperar su libertad tras la orden del juez sexto penal municipal de Santa Marta, Carlos Domínguez, por vencimiento de términos. La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento contra Char el 6 de septiembre de 2023, quien se entregó a las autoridades al regresar de Miami. La investigación se centró en los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
A pesar de que el 15 de diciembre de 2023 se radicó un proyecto de fallo de la magistrada Cristina Lombana para conceder la libertad de Char a partir del 5 de enero, la sala plena no tomó ninguna decisión. Esta demora generó el vencimiento de términos y condujo a la orden de liberación por parte del juez, subrayando las complejidades y tiempos procesales en el caso.
Solicitud de Habeas Corpus, la clave para liberar a Arturo Char
El horizonte de libertad para el exsenador Arturo Char se vislumbra con el respaldo de la Procuraduría 20 Judicial II de Apoyo a Víctimas a la solicitud de Habeas Corpus presentada por su defensa. El procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño respalda la liberación, argumentando que se vencieron los términos legales de su prisión preventiva. El documento legal enfatiza que la situación jurídica de Char se definió el 4 de septiembre de 2023, fecha en que se impuso la detención en el Batallón José María Córdoba, en Santa Marta.
El procurador cuestiona la prolongada detención del político y la falta de avances en su caso, considerando procedente su liberación. Rodríguez Avendaño destaca que la demora en la calificación de la investigación no recae en la defensa, sino en la carencia de progresos en el proceso. Esta decisión subraya la importancia de respetar los términos legales y garantizar el debido proceso en el caso del exsenador.
La solicitud de Habeas Corpus, presentada por el abogado Iván Cancino González en nombre de Char, alega la presunta violación de derechos fundamentales y la prolongación ilícita de su libertad. La Procuraduría respalda este argumento, señalando que han transcurrido más de 120 días sin calificar la investigación desde la imposición de la medida restrictiva.
Según Rodríguez Avendaño, la garantía fundamental del término razonable para calificar la investigación se encuentra afectada, ya que no se avanzó en el caso de Char dentro del plazo establecido por la ley.
