En la mañana de este jueves, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió a la audiencia de acusación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla.

Luego de concluir con la exposición de la acusación, el Juzgado decidió que la primera audiencia de preparación para la etapa de juicio se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de este año a las 9:00 a. m. de manera presencial.

Los delitos por los que es acusado Nicolás Petro

Se destaca que las acusaciones contra el hijo del presidente apuntan a delitos cometidos durante su período como diputado en la Asamblea del Atlántico. Además, desempeñaba un rol central en la campaña de su padre en la Costa Atlántica. Estas circunstancias subrayan la importancia de la investigación, vinculando las posibles transgresiones a su influencia política y su participación estratégica en el ámbito electoral regional.

Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales de prueba indican que, entre junio y diciembre de 2022, Petro Burgos habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que Nicolás Petro, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado.

La Fiscalía destacó que Petro Burgos destinó 1.205 millones de pesos a arriendos, un apartamento, una vivienda, y artículos lujosos, contrastando con los 280 millones percibidos por su cargo en la Asamblea de Atlántico en 2022. Sin evidencia de otra actividad económica o movimientos financieros, estas discrepancias subrayan las sospechas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y plantean preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para sus gastos.

Según la Fiscalía, el posible incremento patrimonial injustificado asciende a los 1.053 millones de pesos.

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