En las próximas horas, el exsenador Arturo Char podría recuperar su libertad tras la orden del juez sexto penal municipal de Santa Marta, Carlos Domínguez, por vencimiento de términos. La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento contra Char el 6 de septiembre de 2023, quien se entregó a las autoridades al regresar de Miami. La investigación se centró en los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

A pesar de que el 15 de diciembre de 2023 se radicó un proyecto de fallo de la magistrada Cristina Lombana para conceder la libertad de Char a partir del 5 de enero, la sala plena no tomó ninguna decisión. Esta demora generó el vencimiento de términos y condujo a la orden de liberación por parte del juez, subrayando las complejidades y tiempos procesales en el caso.

Solicitud de Habeas Corpus, la clave para liberar a Arturo Char

El horizonte de libertad para el exsenador Arturo Char se vislumbra con el respaldo de la Procuraduría 20 Judicial II de Apoyo a Víctimas a la solicitud de Habeas Corpus presentada por su defensa. El procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño respalda la liberación, argumentando que se vencieron los términos legales de su prisión preventiva. El documento legal enfatiza que la situación jurídica de Char se definió el 4 de septiembre de 2023, fecha en que se impuso la detención en el Batallón José María Córdoba, en Santa Marta.

El procurador cuestiona la prolongada detención del político y la falta de avances en su caso, considerando procedente su liberación. Rodríguez Avendaño destaca que la demora en la calificación de la investigación no recae en la defensa, sino en la carencia de progresos en el proceso. Esta decisión subraya la importancia de respetar los términos legales y garantizar el debido proceso en el caso del exsenador.

La solicitud de Habeas Corpus, presentada por el abogado Iván Cancino González en nombre de Char, alega la presunta violación de derechos fundamentales y la prolongación ilícita de su libertad. La Procuraduría respalda este argumento, señalando que han transcurrido más de 120 días sin calificar la investigación desde la imposición de la medida restrictiva.

Según Rodríguez Avendaño, la garantía fundamental del término razonable para calificar la investigación se encuentra afectada, ya que no se avanzó en el caso de Char dentro del plazo establecido por la ley.

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