En una reciente denuncia, Hermann Gustavo Garrido Prada, líder de la Asociación Nacional de Vocales de Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, señala a Air-e S.A.S por presunta retención ilegal del impuesto al Servicio del Alumbrado Público. La acusación de Garrido pone de manifiesto la necesidad de investigar las prácticas fiscales de la empresa, generando inquietud en la opinión pública.
Air-e es la encargada de recaudar dicho impuesto
Garrido manifestó que la empresa en mención, “teniendo la responsabilidad de efectuar las transferencias de los recursos recaudados por el tributo de Alumbrado Público al prestador de dicho servicio autorizado por los municipios y/o Distritos, no las efectúa en el menor tiempo posible para poder cubrir los gastos y costos que requiere la operación del servicio mensualmente”.
La polémica en torno a Air-e S.A.S se intensifica, ya que la empresa supuestamente retiene ilegalmente el impuesto al Servicio del Alumbrado Público en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena. Los usuarios, quienes tributan aproximadamente 250 mil millones de pesos anuales, se ven afectados por la presunta retención indebida de estos fondos en las facturas de electricidad. Hermann Garrido alerta sobre las consecuencias perjudiciales de esta práctica, subrayando que los recursos recaudados deben destinarse al mantenimiento preventivo especialmente en medio del Fenómeno del Niño.
Garrido sostiene que Air-e S.A.S incumple la normativa al retener los fondos por más de tres meses, cuando la regulación establece un plazo máximo de 45 días para realizar el giro de los recursos a los entes territoriales. Esta presunta demora en la transferencia de los fondos compromete la capacidad de los municipios para garantizar un adecuado servicio de alumbrado público, elevando la preocupación sobre la vulnerabilidad del sistema en un momento crítico.
La denuncia presentada por Hermann Gustavo Garrido Prada destaca que la retención indebida de fondos por parte de Air-e S.A.S amenaza la prestación del servicio de alumbrado público. El empresario Alberto Ríos Velilla es señalado por el denunciante como el posible responsable de desviar los impuestos del alumbrado público para financiar a Air-e, desencadenando un riesgo significativo de desfinanciamiento. La desviación de estos recursos plantea interrogantes sobre la legalidad de las prácticas financieras de la empresa y genera inquietud sobre las consecuencias para la calidad del servicio.
Hermann Garrido, ingeniero de petróleos y especialista en ingeniería ambiental, ha formalizado la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Además, ha solicitado la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría General de la República, buscando una investigación exhaustiva que aclare los hechos y garantice la correcta destinación de los impuestos del alumbrado público, preservando así el bienestar de la comunidad afectada.
