Es evidente el incremento de la expropiación de territorios de las comunidades indígenas en el Brasil, en donde según investigaciones se ha venido acentuando durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Esta denuncia tiene argumentos en adelantos investigativos como el efectuado por la agencia de la Iglesia Católica del Brasil, quien asegura que “el número de invasiones a tierras indígenas en Brasil se disparó en los primeros nueve meses del gobierno del presidente Jair Bolsonaro”. Así mismo el Consejo Indigenista Misionero dijo que “mineros, madereros y recolectores de recursos naturales ilegales están involucrados en la mayoría de las invasiones”.
De igual manera el organismo religioso dio a conocer que se han presentado durante el trascurso de este año, por lo menos 160 casos de “invasiones posesivas, explotación ilegal de recursos naturales y de daños al patrimonio” en territorios declarados como ancestrales, en donde se ha producido desplazamiento como muertes de indígenas que se resistieron al destierro. Presentándose amenazas constantes por lo que se tiene una lista de varios líderes indígenas desaparecidos, que cada día va engrosándose.
Esta problemática social, ambientalista, humanitaria, no ha encontrado interés en el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, el cual mantiene la tesis que hay que desmontarles territorios cedidos a los indígenas para así procurar incentivar la economía con el desarrollo agroindustrial. Postura que sus detractores cuestionan y que bien aseguran puede estar incentivando a que se siga invadiendo los territorios que hoy están desprotegidos, vulnerados, no encontrando protección estatal, que parece haberse olvidado de custodiar sus derechos como deberes adquiridos con las comunidades indígenas, que ven en el gobierno de Bolsonaro “un enemigo del medio ambiente y del mundo, pues esta más preocupado por desangrar la amazonia y los que hacemos parte de ella, que por salvaguardar la vida” aseguro Ampur Ebiry, indígena de la comunidad Kamayurá.
Y es que Brasil cuenta con los mayores asentamientos de pueblos indígenas aislados en el mundo. Lo cual representa alrededor de 240 tribus, unas 900.000 personas, siendo el 0,4% de la población brasileña. Un numero significativo que bien han estado siendo constantemente vulnerados y que durante el gobierno actual han estado emigrando a ciudades como Rio de Janeiro o Sao Paulo, en donde cientos de historias se repitan como la de Niere Pauyu quien testificó que: “nos sacaron con armas, nos golpearon, a los niños hicieron igual y destrozaron todo a su paso, nuestras aldeas, la naturaleza, la tumbaron, la quemaron y pusieron ahí máquinas, que ensuciaron el agua, mataron nuestros animales, los desterraron al igual que a nosotros”.
Organizaciones sin animo de lucro han estado evidenciando estos hechos que no han encontrado mayor eco en el mundo, pese a que líderes indígenas como Raoni Metuktire, han comenzado una cruzada por países europeos pretendiendo así encontrar apoyo e intervención ante un problema que declara “debe importarnos a todo. Pues atentan no solo contra los indígenas de Brasil sino de paso contra todos los que habitamos en esta tierra, es el cáncer de nuestros pulmones, están transgrediendo la vida compartida, así que ¡sálvenos, salvesen!, actúen ya que nosotros, aunque nos imponemos aún cediendo nuestras vidas, no ha sido con eso necesario para para evitar, detener, esta catástrofe ambiental, este genocidio”.
