La situación de orden público en el departamento de Arauca se ha agravado debido a enfrentamientos armadas entre el ELN y una facción disidente de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación y ha solicitado a todas las instituciones del Estado hacer presencia en la vereda Siberia 1, en Tame, Arauca, para garantizar los derechos de la comunidad que se ha visto atrapada en medio de estos enfrentamientos.
Una misión humanitaria, compuesta por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, visitó la zona y documentó graves afectaciones a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Los enfrentamientos han sumido a los habitantes de la zona en un ambiente de constante temor y zozobra. La población enfrenta restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, falta de energía eléctrica y agua potable. Además, se han reportado daños en viviendas y bienes, así como artefactos sin explotar que las autoridades están desactivando.
Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo informo que en, » una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.
Esta situación viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y pone en grave riesgo los derechos de quienes viven en la zona afectada por los combates. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que tomen urgentes y efectivas que permitan proteger acciones a la comunidad y activar rutas de atención y protección.
La Defensoría del Pueblo también ha instalado a los grupos armados en conflicto a cesar todas las acciones que puedan afectar a la población civil ya buscar soluciones pacíficas. La confrontación entre actores armados ilegales en la región ha generado una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
