• En trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional serán definidos planes de trabajo investigativos para bloquear los corredores fluviales de la criminalidad.

  • En visita a Mitú e Inírida, el Fiscal General anunció la ocupación con fines de extinción de dominio de bienes que habrían sido utilizados para la explotación sexual de niñas, muchas de ellas indígenas, en esa región del país

    El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y su equipo directivo, llegaron a Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés). Durante la visita, realizaron una verificación de los fenómenos criminales que más afectan al extremo oriental del país y constataron las dificultades investigativas en un área geográfica extensa y diversa, en el límite fronterizo con Venezuela.

    Esta realidad, sumada a otros elementos identificados recientemente durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño (Vichada), fueron determinantes para que el Fiscal General de la Nación presentara una estrategia diferenciada contra la criminalidad en los departamentos ubicados en zona de influencia de los principales ríos del oriente del país.

    “La Fiscalía General de la Nación va a atacar sin límite territorial la delincuencia, enlazada con la Armada, con las Fuerzas Militares y con la Policía. Vamos a establecer además patrullas de la Fiscalía General de la Nación en los ríos del oriente del país”, precisó.

    El objetivo inicial será bloquear, con acciones investigativas y judiciales, los corredores del delito, esos afluentes utilizados para el tránsito de narcóticos, insumos y contrabando, o que han sido golpeados con inclemencia por la minería ilegal y otras conductas que deterioran los recursos naturales.

    Para garantizar el éxito de las actividades previstas, la Fiscalía dispondrá de una flotilla de lanchas. Vichada, Guainía y Guaviare serán los departamentos piloto de este modelo fluvial, que estará articulado con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

    “Esa estrategia fluvial, que tiene que ver con la persecución de la criminalidad, parte de la base del entendimiento geográfico de este país. Si entendemos la geografía, seguiremos con claridad la criminalidad”, señaló el Fiscal General.

    Golpe al patrimonio de los responsables de proxenetismo en Guainía

    Una semana después de tomar posesión en el cargo, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, viajó a Inírida (Guainía) para atender de primera mano una denuncia que daba cuenta de explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, muchas eran integrantes de comunidades indígenas.

    En su momento se dispuso la creación de un equipo especializado de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) para dar celeridad a las investigaciones. Un mes después, el 21 de marzo, 17 personas que estarían vinculadas a estos hechos fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública, docentes y comerciantes.

    Gracias al material de prueba que da cuenta de la manera en la que algunas menores de edad fueron inducidas a actividades de tipo sexual, a cambio de dinero, comida u hospedaje, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados para el ilícito.

    Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a 2.000 millones de pesos, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros; así como los establecimientos de comercio Tabú Inírida, Hotel Orinoco Real y Ribason.

    En estos sitios, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes.

    “Decir además que se ha reducido de una manera muy importante ese delito en esas zonas, luego de la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el Fiscal General al destacar el beneficio de esta acción investigativa en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

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