La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden para asegurar la protección en salud física, psicológica y espiritual de las víctimas de violencia de género que forman parte del Caso 05, enfocado en la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esta medida responde a una solicitud de la Procuraduría Segunda Delegada con Funciones de Intervención ante la JEP, y busca garantizar la atención prioritaria de la salud integral de las víctimas involucradas en el proceso judicial.
La decisión, contenida en el auto 291 de 2023, instruye al Ministerio de Salud y Protección Social, así como a las gobernaciones del Cauca y el Valle del Cauca, y a las secretarías de Salud de 21 municipios, incluyendo Cali y Popayán, a asegurar la atención prioritaria de las víctimas al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi).
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad también ha solicitado a la Procuraduría Segunda Delegada con Funciones de Intervención ante la JEP y a diversas organizaciones étnicas e indígenas propuestas de acciones para que la atención en salud de las víctimas considere los enfoques étnico, territorial y de género. Entre las organizaciones vinculadas se encuentran los Tejidos de Mujer del CRIC, ACIN y ORIVAC, ACONC, ASOM y Afroamérica XXI.
Además, la decisión ha involucrado a la Comisión de Género, al Departamento de Atención a Víctimas, al Equipo de Investigación Especial en violencia sexual (EIVIS) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, así como al Departamento de Psiquiatría Comunitaria de la Universidad del Valle y varias organizaciones sociales y de género, para que presenten propuestas sobre acciones destinadas a salvaguardar el enfoque de género en la atención de salud mental, espiritual, psicosocial y espiritual de las víctimas.
Esta decisión se fundamenta en la Ley 1922 de 2018, que impone la obligación de proteger los derechos de procesados, víctimas, testigos e intervinientes, incluyendo la garantía de la salud integral. Se subraya que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la salud integral de las víctimas que participan en procesos judiciales, y en este contexto, la JEP toma medidas para garantizarlo cuando sea necesario.
