El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, liderará el próximo miércoles 16 y jueves 17 de diciembre en la isla de San Andrés, jornadas de trabajo para conocer el estado de las acciones desarrolladas por el Gobierno nacional y departamental para definir la hoja de ruta para la reconstrucción del archipiélago y la participación que tendrá en el proceso el pueblo raizal.
La tarde del 16 de diciembre trabajará con el equipo de la Procuraduría Regional, que junto con el procurador designado Joaquín Polo, hace seguimiento a las acciones desplegadas desde el 17 de noviembre por el Gobierno nacional y departamental, ante la tragedia generada por la destrucción que dejó el huracán Iota en el archipiélago.
En la sesión se definirá si la PGN avanza en la acción preventiva de vigilancia y seguimiento al manejo de los recursos públicos del departamento, o si inicia procesos disciplinarios contra funcionarios de la administración.
El jueves 17 el Procurador tendrá un diálogo con representantes de la comunidad raizal, quienes reclaman que su voz sea tenida en cuenta en los planes de reconstrucción de la isla, para que las nuevas edificaciones respeten su cultura, cumplan con las normas de sismoresistencia, puedan enfrentar el impacto de los vientos y garanticen la protección del medio ambiente.
También se reunirá con el gobernador Alen Leonardo Jay Stephens, el alcalde de Providencia, Norberto Gari Hooker; la personera de Providencia, Nathalie Lever; el director de Coralina, Arne Britton González.
Así mismo, con el equipo de la Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, representantes de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y del ministerio del Interior.
La Procuraduría solicitó al gobernador Jay Stephens un informe detallado de cómo ha sido el gasto de los recursos públicos después del paso de Iota y en qué porcentaje está dirigidos a garantizar los derechos de los ciudadanos quienes lo perdieron todo.
En sesión de trabajo con el mandatario, la PGN indagó por el objeto del Convenio Interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P., por $1.550 millones de pesos, para el alumbrado navideño, y otros contratos que llamaron la atención del Ministerio Público, por el tiempo tan corto previsto para su ejecución.
