Este viernes, el Gobierno Nacional colombiano estableció unilateralmente el aumento del salario mínimo para 2024, después de dos semanas de infructuosas negociaciones con sindicatos y empresarios. Con la falta de acuerdo, el presidente Gustavo Petro emitió un decreto determinando un incremento del 12%, fijando el salario mínimo en 1’300.000 pesos. Además, el auxilio de transporte experimentó un aumento del 15%, alcanzando los 162.000 pesos.

Aunque el 15 de diciembre es la fecha límite legal para la concertación, la ausencia de un acuerdo llevó al Gobierno a emitir el decreto con plazo máximo del 30 de diciembre, para establecer el nuevo salario que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Este desenlace unilateral refleja las dificultades en la negociación salarial y destaca la importancia del diálogo entre los sectores laborales y empresariales.

El ajuste salarial impactará productos y servicios como copagos de EPS, transporte público y servicios independientes, adaptándolos al nuevo salario mínimo. Simultáneamente, se mantendrá una política de desindexación para 204 productos esenciales, como carne, leche y servicios educativos, preservando sus precios.

Esta estrategia busca equilibrar el impacto económico mediante ajustes selectivos, asegurando la estabilidad de precios y servicios esenciales. Así, se busca gestionar la transición económica de manera cuidadosa y deliberada.

Las razones para demorarse en acordar el nuevo salario mínimo

En el segundo año del mandato de Gustavo Petro, las negociaciones se extendieron debido al complejo escenario económico del país. La preocupación empresarial por evitar aumentos drásticos en el salario mínimo, con el temor de afectar negativamente el empleo y la viabilidad de las empresas, ha sido evidente.

La economía ya registró una contracción del 0,3% en el tercer trimestre de 2023, y la persistente presión inflacionaria, con tasas de dos dígitos (10,15% anual en noviembre), ha impactado el poder adquisitivo de las familias. Estos retos económicos han contribuido a la demora en la determinación de ajustes salariales en el país.

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