La Red de Veedurías de Colombia denuncia presunta defraudación al municipio de Melgar, Tolima, por millonarios honorarios profesionales no prestados, ascendiendo a $4.200 millones, con embargos del municipio por $4.800 millones ordenados por el Tribunal Administrativo del Tolima. Melgar, Tolima, 6 de septiembre de 2023 – La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una denuncia penal contra varias personas, incluyendo abogados, peritos y árbitros, por su presunta implicación en una defraudación al municipio de Melgar, Tolima, relacionada con el pago de honorarios profesionales no prestados, que ascienden a la asombrosa suma de $4.200 millones. Estos hechos han resultado en embargos por un total de $4.800 millones, conforme a las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo del Tolima.

El conflicto se origina en un contrato de honorarios profesionales firmado en 2004 por el entonces alcalde de Melgar, Moisés Carreño, en beneficio del abogado Wilyan Jair Galarraga Guzmán. Este contrato se relacionaba con la recuperación de bienes que, en realidad, nunca pertenecieron al municipio, sino a una entidad descentralizada, Empumelgar, y a la liquidada Hydros Melgar S.C.A., E.S.P., una empresa de servicios domiciliarios. El abogado Galarraga inició una acción popular que llevó a que se le investigara disciplinariamente, dado que actuaba como demandante y demandado del mismo municipio. En otras palabras, el abogado que debía defender los intereses del municipio terminó demandándolo y, no obstante, busca hoy el cobro de más de $4.200 millones en honorarios por su supuesta labor profesional.

Sin embargo, Galarraga demandó al municipio por el pago de estos honorarios y, en el proceso, Juan Pablo García Peñalosa, árbitro único del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ibagué, condenó al municipio de Melgar a pagar la astronómica suma de $2.643’537.162.75, correspondiente al 15% de la valoración de las redes de acueducto y alcantarillado, que en realidad eran propiedad del municipio. Además, nombró como perito para determinar estos honorarios a Ángel Augusto Zarta, quien fue sancionado en 2010 con 10 años de suspensión y excluido de la lista de auxiliares de la justicia en 2011. No poseía título de contador, como lo exige la ley, ni ningún título profesional relevante. Curiosamente, los contadores públicos designados posteriormente para la misma tarea por el Tribunal Administrativo del Tolima reemplazaron a Zarta.

Una perito judicial internacional en lingüística forense, Sheila Queralt, con sede en Barcelona, analizó el dictamen de honorarios del perito Zarta y concluyó que podría haber sido elaborado por el propio abogado Galarraga, ya que existen similitudes tipográficas con el escrito de la demanda.

 

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