Así lo declaró la Fiscalía General de la Nación, al tener hallazgos investigativo amplios y con pruebas irrefutables, siendo una decisión tomada tres días antes que el caso prescribiera.

El hecho que hoy es noticia, de declarar su homicidio como crimen de lesa humanidad, se tomó después de casi 20 años, luego que el periodista que era jefe de redacción del diario El Piolín, fuera asesinado el 16 de septiembre de 1999. Esto según las investigaciones se dio por presuntamente denunciar los excesos del Ejército y el resurgimiento de grupos paramilitares en el Cesar. El comunicador, quien fue acribillado luego que saliera de las instalaciones del diario, se dirigió a un bar ubicado en el centro de Valledupar en donde fue luego sorprendido por un sicario que le propinó cuatro disparos letales.

Tal reconocimiento jurídico, trascendental, permite que el ente investigador quien pudo establecer que en el homicidio del periodista hubo participación de miembros del ejército, le permite acceder oportunamente a archivos que serán desclasificados, para que pueda así continuar sin premura la investigación que se ha visto empañada por el tiempo. Perdiéndose evidencia valiosa, como testimonios y demás elementos que han sido difícil de constatar o recolectar nuevos hallazgos, o ampliarlos como también se ha requerido, encontrándose muchas trabas y vacíos en el camino.

El periodista quien gozaba de amplio reconocimiento en temas investigativos, era un referente de alta reputación en la Costa caribe, siendo pionero en exponer a la luz pública la intervención militar del Ejército en Cesar, Bolívar como también el del departamento de la Guajira, en donde se presentaron los primeros casos constatados de ejecuciones extrajudiciales del país (falsos positivos), siendo ampliamente documentados y denunciados por Quintero.

«En ese momento Guzmán Quintero publicó en El Pilón las múltiples violaciones a los derechos humanos (…) evidenciándose que su muerte fue consecuencia de su labor como periodista y defensor de derechos humanos” expresó uno de los abogados que lleva el caso del periodista y quienes obtuvieron que no prescribiera. Agregó también que “el Estado, como los entes regionales sabían en la vulnerabilidad que se encontraba el periodista, por lo que resaltamos la ineficacia para protegerle, pese a la gravedad del asunto que sin miramientos saco a la luz pública, y aun teniendo conocimiento los militares de la época”, quienes  según los abogados era visto por ellos, como piedra de tropiezo, por lo que fue mal recibido más de una ocasión, al insistir en ahondar en sus investigaciones que le costó la vida a él como a otros periodistas que indagaban lo mismo, siendo amenazados, secuestrados, torturados, desaparecidos y también asesinados.

Comparte en tus redes