Un acuerdo entre Mapfre y Empresas Públicas de Medellín (EPM) permitirá que la aseguradora reconozca la suma de 983 millones de dólares (casi $3,9 billones), que equivalen al 90% del daño definido en Hidroituango, en $4,3 billones, por la Contraloría General de la República.

El acuerdo es derivado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por el ente de control, en días pasados, y mediante contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto, que tiene pérdidas avaluadas de cerca $9,9 billones.

El desembolso se hace de acuerdo a la póliza de seguro de todo riesgo que ampara la construcción y el lucro cesante de la megaobra en Hidroituango, desde el año 2011. En el acto de entendimiento estuvo el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

«Dos años de una batalla moral para recuperar los recursos públicos de Medellín en Hidroituango. Dos años que han valido la pena. Nuestra misión ahora: Poner a funcionar Hidroituango», dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

En el fallo de segunda instancia sobre el caso, la Contraloría declaró como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre, con miras a hacer efectiva la póliza que había suscrito con EPM.

El acuerdo establece que 633 millones de dólares serán pagados el 31 de enero de 2022. Mientras que otros 350 millones de dólares ya fueron dados a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018.

«Hoy es un día muy esperado para Colombia y para EPM porque se recuperan 983 millones dólares que nos permiten terminar la construcción del Proyecto Ituango», expresó a su turno el gerente de la entidad, Jorge Andrés Carrillo.

Esos recursos tenían carácter provisional, mientras se resolvían los niveles de responsabilidad. Ahora tienen carácter de definitivos dado que Mapfre se compromete a no solicitar la devolución de los mismos.

Todos los recursos serán utilizados únicamente para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, precisa el acuerdo suscrito.

El acuerdo

Aunque la Contraloría indicó no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, destacó la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas.

Entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el Constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público.

Vale precisar que el acuerdo suscrito entre EPM y Mapfre no es demandable, porque se trata de un contrato de transacción de pago del siniestro y en el mismo se acordó por las partes que no van a demandarse mutuamente. Son recursos de un particular que ingresan al Estado (EPM).

Hecho histórico

En un evento que tuvo lugar en el Auditorio de la Contraloría General de la República, EPM y Mapfre firmaron un contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango, que el Contralor Felipe Córdoba consideró tiene un carácter histórico para el país.

Es la primera vez que un órgano de control, con la colaboración de los gestores fiscales, logra recuperar para el país un proyecto de la envergadura de la central de generación eléctrica más importante para Colombia.

«Antes, teníamos que conformarnos con llorar sobre la leche derramada del daño fiscal y resignarnos a que los recursos públicos comprometidos no se recuperarían nunca, o en el mejor de los casos, de manera parcial», recordó el Contralor.

Y señaló entonces las bondades del nuevo modelo de control fiscal, que permite contar con un margen de maniobra amplio para hallar soluciones basadas en la solidez del Derecho y que dejan a salvo el interés nacional.

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