El Presidente de la República, Gustavo Petro, firmó las resoluciones en las que designó siete Voceros de Paz, miembros de organizaciones sociales y humanitarias, quienes acompañarán la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total.

Así lo confirmaron este viernes los miembros de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que es integrada por los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna, de Defensa, Iván Velásquez; el Director del DAPRE, Mauricio Lizcano, y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz.

En su intervención, el Ministro de Justicia explicó que esta Comisión evalúa casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al Presidente sobre nuevos Voceros de Paz, todo dentro del propósito que estos jóvenes apoyen las gestiones de pacificación en sus regiones y, con ello, arrebatárselos a la violencia.

El titular de la cartera dijo además que estos jóvenes apoyarán al Gobierno para lograr, lo que denominó, “la Paz del Barrio”, y para ello se analizaron “más de 200 perfiles, hojas de vida, de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto; verificamos que formaran parte de una organización social y le recomendamos al Presidente que designara Voceros de Paz a siete personas”.

Así, los siete voceros –hombres, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas– son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.

Cinco de ellos, según determinó la Comisión, se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.

El Ministro Osuna aclaró que “ninguna de estas personas está condenada”, pero tienen procesos judiciales vigentes, razón por la cual aseguró que “tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial recomendará al Presidente revocar sus designaciones”.

En este sentido, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que lo que se busca es que haya una suspensión de la detención, pero “los jueces en su competencia tienen las decisiones”, a lo que el titular de Justicia complementó que “este es el mejor ejemplo de la separación de poderes, porque el Presidente designa los voceros, pero los procesos judiciales continúan” porque el Ejecutivo “no interviene en los procesos judiciales”.