Luego de dos días de negociación, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas lograron un acuerdo con las comunidades indígenas para que estas salgan del parque Nacional, en donde se encuentran desde el 29 de septiembre.

Lo anterior, tras la mediación de la Comisión de la Verdad y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de la capital de la República.

«Pudimos avanzar en un dialogo fructífero y exitoso con los indígenas que se encontraban en el parque Nacional. También agradezco a los indígenas y a quienes ofrecieron acompañamiento para sacar adelante este acuerdo», dijo Felipe Jiménez, secretario distrital de Gobierno.

Las familias indígenas se trasladarán desde este sábado a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en Engativá. Allí, el Distrito les asegurará alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia. También se abrirán espacios para la comercialización de sus productos.

«Quiero agradecer a las autoridades indígenas, al Distrito y al Gobierno nacional por este importante diálogo, por poner por encima el bienestar y la dignidad de las víctimas. Fue un diálogo fructífero», señaló la comisionada Tobón, quien prestó sus oficios como mediadora.

El acuerdo logrado incluye un plan de choque para la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones afirmativas, su participación integral en la política pública Indígena que el Distrito iniciará en los próximos días, y la apertura de más espacios para su participación.

«Tenemos fe en que los acuerdos firmados con el Gobierno nacional y Distrital se cumplan. No solo beneficia a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía», dijo Jairo Montañez, coordinador de las autoridades indígenas.

Adicionalmente, se acordó que el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (AURIV) se encargarán de garantizar el regreso a sus territorios de origen de manera segura y digna.

Y allí se les dará apoyo económico para financiar proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.

Con las familias que decidan quedarse en la capital se acordó que tendrán apoyo para su reorganización y acompañamiento sicosocial, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.

Del mismo modo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, celebró el acuerdo al considerar que con dialogo se construyen importantes consensos.

«Destaco la voluntad que expresaron las 15 comunidades para llegar a este acuerdo. Destaco la decisión de la Alcaldía Mayor de crear la Dirección de Asuntos Étnicos, ya que con ello se defienden los derechos de los indígenas», aseguró.

Por último, se acordó que se realizarán mesas de trabajo para hacer seguimiento al cumplimiento de los puntos acordados entre las partes.