Desde la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, rechazamos las amenazas, asesinatos, intimidaciones, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento forzado que se vienen presentando en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y demás municipios del Magdalena medio desde el año anterior y que han arreciado en los primeros días de este año 2023.
Repudiamos las amenazas de muerte que se han conocido a través de un panfleto firmado por las autodenominadas AGC contra lides y lideresas de varios municipios del Magdalena Medio. En el mencionado panfleto aparecen los nombres de los líderes y lideresas sociales Oneida Suarez, Amilkar Monsalve, Luis I Corena, Mauricio Meza, Cristian Garzón, Isabel Rey, Carlos Moreno, Jorge Oliveros, Miguel Rodríguez, María José Hernández, Edwin Romero, Isnardo Vesga, Mauricio Gómez y Camilo Ochoa; a quienes se conmina a abandonar la región en un plazo de 72 horas. De no hacerlo serán asesinados.
Rechazamos estos lamentables hechos que atentan contra la integridad, la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los liderazgos sociales, la defensa del medio ambiente, su permanencia en el territorio y su vocación agropecuaria.
Hacemos un llamado vehemente a los actores armados que hacen presencia en los municipios del Magdalena Medio a respetar la vida, la integridad de cada uno los líderes sociales del territorio y sus procesos organizativos; y les exhortamos a atender el llamado del gobierno nacional a vincularse a la política de Paz Total y avanzar de manera sincera en tal dirección respetando la labor de defensa de los DDHH, el ejercicio de sus autoridades y la protección de sus bienes civiles.
En particular exhortamos a las autodenominadas AGC a pronunciarse sobre la veracidad de las amenazas que circulan desde el pasado 13 de enero en un supuesto panfleto de su autoría; toda vez que se estaría violando flagrantemente el cese al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro y al cual se acogió públicamente esta organización.
La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, hace un llamado urgente a todas las autoridades competentes, entidades del Estado y organismos internacionales para la atención prioritaria del caso y para que se tomen medidas urgentes de protección en la zona. Al ministerio de defensa, a la UNP, al Ministerio del Interior, al alto comisionado para la paz, a la policía nacional, a la fiscalía general de la nación, y al ministerio público a atender de manera urgente este hecho y activar de manera inmediata las rutas para la protección de la integridad de los líderes y lideresas de la región y sus comunidades.
