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Tras ser obligados a salir de los lugares que habitaban en el municipio de Juradó, por grupos armados ilegales que se enfrentaron en la región, 1.644 indígenas que integran 333 familias de varias comunidades, decidieron retornar a sus territorios, unos por su propia cuenta y otros con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y los entes territoriales. Estos últimos se programaron para los días 12 al 14 de noviembre.

La decisión del retorno acompañado por el Estado fue tomada el 4 de octubre pasado, durante el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) que se realizó para analizar el caso. En dicho Comité  quedó garantizada la seguridad del retorno con la presencia constante de la tropa de la infantería de marina, que ha evitado durante semanas que se presenten situaciones adversas que pudieran impedir el regreso de las comunidades ubicadas en Dos Bocas.

El mayor jefe de operaciones del Batallón 23 de Infantería de Marina recalcó en el tercer CTJT, ante el cabildo mayor indígena Rumaldo Dovisabe, que no los dejarán solos después del retorno. La seguridad, junto a la voluntariedad expresada por la comunidad y la dignidad de las condiciones para vivir, son los tres principios que se deben cumplir para que una comunidad retorne en condiciones adecuadas.

Los tres CTJT se realizaron en julio, agosto y octubre, pero desde que sucedió la emergencia humanitaria, en abril, las autoridades pertinentes han atendido a la población afectada.

Este martes 12 de noviembre las comunidades de Cedral, Buenavista y Jumaracarrá, del resguardo Juradó, y las comunidades de La Loma y Bongo, del reguardo Nussi Purru, comenzaron su retorno desde Dos Bocas. El 13, empezara el recorrido de las comunidades La Victoria y Punto Caimito, del resguardo Jurado, y Pichindé, del resguardo Nussi Purru. El 14, se realizará entrega de ayuda humanitaria a todas las comunidades retornadas.

En total son 204 familias integradas por 1.010 personas, las que empezaron a retornar con el acompañamiento del Estado. Hacen parte de las comunidades que sufrieron desplazamiento y confinamiento en abril pasado, por el enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales que hacen presencia en el municipio de Juradó y que se disputan el territorio por obtener el control de las rutas para el abastecimiento de armas, rutas de narcotráfico y movilización de tropas, desde el interior del país hacia la costa pacífica y Panamá y viceversa.

Las que retornaron sin acompañamiento fueron Unión Patato y Santa Marta de Curiche de los resguardos Guayabal de Partado y Santa Marta.

Afectación por el conflicto

Las circunstancias violentas llevaron a que algunas familias de la comunidad Bongo, del resguardo embera wounaan Nussi Purru, decidieran salir de su lugar de origen el 16 de abril y ubicarse transitoriamente en la comunidad de Cedral, por el miedo a los ilegales y a las minas antipersonal.

Otras familias de Cedral, Eyasake, Pichindé y Dos Bocas han estado en situación de confinamiento debido a que no pueden realizar sus actividades tradicionales porque los sitios que utilizan para desarrollar la agricultura están siendo minados.

Posteriormente sucedieron nuevos enfrentamientos armados que afectaron otra vez a la comunidad indígena de Bongo, ahora ubicada en Cedral, por lo cual se desplazaron por segunda vez, en esta ocasión hacia Dos Bocas, en aras de preservar su integridad y sus vidas.