Durante su intervención en el debate de control político ante la Comisión VII del Senado, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, expuso la situación financiera del sector, en atención a los requerimientos del legislativo frente a la crisis de sostenibilidad de la red pública hospitalaria en Colombia y la reducción del presupuesto general para recursos de salud.

Dentro de las preocupaciones de la Comisión estuvieron: cargos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), acumulado de deudas por presupuestos máximos y aseguramiento.

La jefa de la cartera explicó cómo funcionan los mecanismos financieros del sector y cuáles son los problemas estructurales que presentan y ponen en riesgo la prestación del servicio. Asimismo, señaló lo que se viene adelantando para solventar la situación, con miras a una transformación del sistema.

«La UPC es un cálculo que se hace con respecto al último trimestre, el comportamiento de las frecuencias de uso hacia el último trimestre. Justamente hoy estamos terminando la discusión. Haría yo mal en estar haciendo planteamientos, nuevamente, sobre discusiones que en este momento estamos haciendo con Hacienda; pero tengan la certeza que el sistema no va a tener ninguna desfinanciación», indicó la ministra.

Recordó que el Ministerio de Salud emite un acto administrativo en diciembre por medio del cual se determina el cálculo de la UPC, y que el Estado es el real asegurador, por ser el que aporta la UPC bajo el principio de aseguramiento social.

Este último concepto es el mecanismo de financiación público, que se adoptó hace tres décadas y que «me parece que fue uno de los grandes avances del sistema y eso hay que mantenerlo. El aseguramiento social no está en cuestión aquí, lo que está en cuestión es de ahí, para allá, qué pasa; porque de ahí es donde tenemos las dificultades».

Parte de esos inconvenientes mencionados por Corcho, es que el cálculo se hace con el auto reporte que realizan las EPS del régimen contributivo y subsidiado, sin una auditoría que certifique que el servicio se prestó efectivamente.

Se hace un estudio de cobertura de valor, cuáles son los costos de esos procedimientos y cuáles son los registros que presentan, la consistencia interna de la información. Ese cálculo de la UPC se hace con el periodo de experiencia del año pasado, se analiza en el año 2022 y se aplica al siguiente año.

«En este momento estamos terminando el análisis de la comisión asesora en la que participa el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, y el Departamento Nacional de Planeación para la definición del monto, de acuerdo con lo anterior y a los ajustes macroeconómicos de inflación», reiteró.