- Los representantes ponentes son León Fredy Muñoz, María José Pizarro y Oswaldo Arcos.
- La iniciativa tiene concepto favorable por parte de los ponentes quienes están a la espera de la fecha del primer debate.
Los representantes a la Cámara María José Pizarro, Oswaldo Arcos y León Fredy Muñoz presentaron ponencia positiva para el primer debate del Proyecto de Ley que busca garantizar un mínimo vital de acceso y uso de internet para los colombianos en estratos 1,2 y 3.
El contenido del proyecto retoma la propuesta radicada por el Representante León Fredy Muñoz en 2019, que pretendía crear un mínimo básico de internet gratuito, pero que fue archivada en el primer debate en la Cámara de Representantes.
En la actualidad, de acuerdo con el más reciente Censo del DANE, Colombia tiene 48.258.494 habitantes. De ellos el 57% no tiene acceso a internet. Una de las causas de ese alto porcentaje de población desconectada es el costo promedio de un plan básico de internet calculado entre $50.000 y $300.000 mensuales, razón principal por la cual el 50,7% de los hogares desconectados, no tiene conexión a Internet. Esto ubica a Colombia como uno de los países donde más costoso es este servicio. Según la OCDE, un paquete de alto consumo cuesta Colombia un 20% más de lo que se paga en promedio en otros países.
Por estas razones, el proyecto contempla como beneficiarios del mínimo vital de internet a los colombianos de zonas urbanas, clasificados en estratos 1,2 y 3; en los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras se establecerá de acuerdo con la unidad de estratificación rural.
Para la financiación del mínimo vital de internet, el proyecto plantea la destinación del valor de un segundo por cada plan prepago de los planes de datos y el valor de tres segundos por cada plan pos-pago de los planes de datos comercializados en el país. Estos irían a un fondo único de las tecnologías de la información y las comunicaciones y tendrían destinación exclusiva para la financiación del mínimo vital de internet.
De esta manera se reconoce el internet como un servicio público esencial para facilitar el acceso a la educación, la información, las comunicaciones, el trámite de servicios del Estado y el incremento de la producción para el desarrollo social y nacional, agravados durante la crisis vivida por la emergencia del COVID-19, que evidenció la baja conectividad existente en Colombia.