Desde la ONIC se señala la defensa por la vida, la tierra, los recursos naturales y el bienestar de los Pueblos Originarios. Así mismo de la democracia, la justicia, el trabajo, la dignidad.

En ese sentido, según la organización el país y el mundo vive una crisis social y humanitaria producto de la pandemia por el COVID- 19, lo cual muestra la fragilidad de la vida y los problemas que plantea sostener un sistema basado en la economía de mercado. 

En ese sentido, sobre la intención del Estado colombiano en Cabeza del Gobierno, grupos económicos y multinacionales de pretender quitar a los pueblos del consentimiento previo, libre e informado mediante una reglamentación el derecho fundamental a la consulta previa, siendo este el pilar fundamental de la protección y pervivencia, como principio jurídico internacional mediante el convenio 169 de la OIT y ratificado en la ley 21 de la Constitución Política de Colombia.

Es así como señalan que se violentan las garantías al bienestar y el buen vivir, rompiendo las estructuras organizativas y relacionamiento, con una política económica extractivista de exterminio y muerte de manera integral, que vulnera la vida, la defensa y la paz en los territorios de los Pueblos.

Por ello, rechazan el decreto 380 de 2021, sobre la fumigación aérea con glifosato y otros tóxicos que afectarían las economías propias, además de atentar contra la vida. De otro lado, exigen derogar el intento de limitar el acceso a la tutela, que se dispone en el artículo 86 de Constitución Política, herramienta y mecanismo reconocida como defensa de los derechos fundamentales y ambientales, donde con el decreto 333 de 2021, siendo una configuración del Gobierno que atenta de manera directa contra los postulados del Estado Social de Derecho.

Señalan además que se oponen a la intención de seguir generando reformas de carácter económico que impulsan una mayor desigualdad e inequidad, afectando a los más vulnerables y sectores marginados y beneficia a los poderosos opresores capitales que se mantienen en los sectores más privilegiados que buscan desangrar el país y a sus habitantes y los recursos que se extraen de manera violenta y agresiva lesionando más la tierra y patria.

Por lo anterior, exigen el respeto por la cultura y saberes propios de los pueblos desde la integralidad de los derechos desde la progresividad y no desde la regresividad que hoy desconoce según la organización las luchas históricas.

 

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