Después del anuncio de suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por parte de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, existen varias posibilidades legales para que el mandatario local se reintegre a su cargo.

“Es un atentado contra la democracia, contra Medellín. Esto lo hacen los Estados que son tiranos, que quieren hacer un golpe de Estado», indicó Esteban Restrepo, líder del movimiento Independientes, quien hace parte de la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro.

El equipo jurídico de Quintero podría interponer una acción de tutela, en este caso ante el Tribunal de Antioquía, pero primero debería agotar todas las instancias legales en un recurso de reposición ante la decisión tomada por el Ministerio Público.

«La Procuraduría jamás dejará incluirse en controversias, en polarización, en discusiones que generarán angustias, mantendremos el perfil de la reconciliación y mantener mano dura, siempre tomar decisiones por medio de un debido proceso», aclaró Cabello.

De vieja data

Y es que el mandatario de los medellinenses sufrió innumerables acusaciones por presuntas irregularidades en su administración.

Pasó de estar en el ‘Ojo del huracán’ en sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), a recibir este ‘baldado de agua’ por parte del alto órgano de control, que lo acusó de participar en campaña política en favor de Petro.

En febrero pasado, el alcalde viajó a Washington (Estados Unidos) y se pronunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los antecedentes en su administración de persecución política y amenazas contra su vida.

Quintero podría llegar ante la CIDH, tal como sucedió en el pasado contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien en su administración fue sancionado por supuestas irregularidades en la recolección de basuras en la capital.

«Es un golpe de estado, es un proyecto político que viene gobernando en Colombia, empiezan a liquidar a las personas que piensan diferente. Se ha puesto fuera de la ley, eso se llama un golpe de estado contra la ciudadanía, es el derecho fundamental de ser elegido», dijo Petro.

En este orden, el burgomaestre podrá agotar los recursos de apelación ante la Procaduría. Y si la decisión es en su contra, se establecería una tutela; aunque si no prospera este recurso, la CIDH podría intervenir en esta decisión.