por Konuco | May 2, 2022 | Destacadas, Política
A través de redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la decisión de la Jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien no avaló la solicitud del fiscal Gabriel Ramón Jaimes de precluir el caso. En la investigación en contra del exmandatario por delitos que se registran en su contra.
En un video de 30 minutos, el también exsenador tituló su intervención con el rótulo ‘Expropiaron mi reputación’. Haciendo referencia a las elecciones presidenciales y sin mencionar a Gustavo Petro, el exmandatario arremetió con varios militantes de la izquierda.
Y, además, deploró la falta de valoración del juzgado -según él- se ignoraron las alteraciones a las grabaciones del reloj del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y los mensajes de WhatsApp entre Caliche y Monsalve. También la emprendió contra el senador Iván Cepeda, quien lo acusó de sobornar testigos.
El exjefe de Estado leyó un documento con 41 puntos, en el que sostiene que, según la jueza Ortiz, habría desestimado pruebas para que su caso fuera archivado. Y agregó que nunca manipuló testigos en el caso que se le acusa de supuesto soborno a testigos y fraude procesal que se inmutó en julio de 2018.
«Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo, simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba. No hay una sola prueba que pueda poner en duda esta afirmación», aseguró el exsenador.
Antes de llegar a esta instancia, la Corte Suprema rechazó la supuesta manipulación de testigos del Cepeda en contra de Uribe. El caso dio un giro que nadie esperaba, pues el demandante terminó siendo el demandado, hasta que el alto organismo le abrió pliegos por manipulación de testigos y fraude procesal.
El exmandatario indicó que «esas evidencias que acreditan que nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba; que jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad».
Asimismo, el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, después de la renuncia a su curul del senado, en agosto de 2020.
«No se ahorraron insultos al delegado de la Fiscalía y expresiones desobligantes contra el delegado de la Procuraduría, incluso contra el doctor Jaime Granados (defensor). La ubicación ideológica vieja de algunos, de crianza de otro, y con fanatismo de recién convertidos de dos de ellos, parece darles este derecho», dijo.
En su defensa, Uribe aseguró que hay pruebas latentes que demuestran que el testigo clave en esta diligencia, Monsalve, era amigos de alias ‘Caliche’ y tenían alguna cercanía para manipular la información en este proceso.
por Konuco | Oct 19, 2021 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue secuestrada por paramilitares y sometida a todo tipo de agresiones verbales, físicas y sexuales.
«La CIDH encontró al Estado de Colombia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima», indicó el organismo en un comunicado emitido en san José, en Costa Rica.
Según la Corte, el fallo contra el Estado colombiano -que fue notificado el lunes a las partes- se da en razón de «la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió (Bedoya Lima) con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos», ocurridos el 25 de mayo de 2000.
Asimismo, se declaró la responsabilidad internacional del Estado «por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia» al momento de efectuar las investigaciones sobre estos hechos, la discriminación en razón de género de dichas investigaciones «y la violación del plazo razonable».
El tribunal también declaró la violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre de la periodista, la señora Luz Nelly Lima.
Repercusiones de la decisión
En el fallo, la CIDH ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista durante su secuestro, así como los actos de amenazas que ha sufrido posteriormente a estos hechos.
A su vez, ordenó garantizar la difusión de la iniciativa ‘No es hora de callar’, que lleva a cabo la periodista y hoy convertida en activista social, al tiempo que insta al Estado colombiano a crear un centro estatal de memoria de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
La Corte también instó al Estado a crear un fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo por el ejercicio periodístico.
Bedoya Lima, de 47 años, ha centrado su trabajo periodístico en el conflicto armado y en el proceso de paz en Colombia, así como también en la violencia sexual contra las mujeres, luego de que fue secuestrada por paramilitares afuera de la Cárcel La Modelo, de Bogotá, mientras adelantaba una investigación sobre el tráfico de armas para el El Espectador.
La periodista permaneció retenida por varias horas, tiempo durante el cual también sufrió violaciones sexuales por parte de sus captores. Según algunas versiones, en su secuestro participaron también agentes del Estado colombiano.
Con la información de Sputnik
por Konuco | Nov 3, 2020 | Destacadas
Así lo advirtió el director de la Unidad para las Víctimas, tras asegurar que “si se pagaran todas las sentencias proferidas por los jueces con los recursos de la monetización de los bienes entregados por los postulados, se le entregaría a cada víctima entre 200.000 y 300.000 pesos”.
Luego de hacer una revisión en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dio a conocer que los bienes entregados por los postulados a la Ley de Justicia y Paz no alcanzan para reparar a los afectados.
Según Rodríguez en la actualidad existen “58 sentencias de jueces de Justicia y Paz, las cuales nos dicen que tenemos que pagarles a las víctimas de diferentes postulados; sobre esta situación hicimos un balance para identificar las necesidades frente a los recursos existentes y concluimos que se necesitan 2.5 billones de pesos para poder cumplir con estas órdenes judiciales”.
«De más de 1.600 bienes que administra el Fondo para la Reparación y si se logra realizar el proceso de extinción de dominio y la monetización de los mismos, estaríamos hablando de que se lograría recaudar aproximadamente medio billón de pesos, alrededor de 434.000 millones de pesos”, explicó el funcionario.
“Es decir que con estos recursos no les vamos a poder cumplir a todas las víctimas de las sentencias de Justicia y Paz, sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo presupuestal para avanzar en los pagos de las indemnizaciones por vía judicial”, puntualizó Rodríguez.
El director general de la Unidad advirtió que, “si se pagaran todas las sentencias proferidas por los jueces con los recursos de la monetización de los bienes entregados por los postulados, estaríamos entregándole a cada víctima entre 200.000 y 300.000 pesos”.
“El llamado es a que los postulados de Justicia y Paz, aparte de contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto, también revisen cuáles son eso bienes que pueden entregar para poder cumplirles a las víctimas y pagar todas las sentencias que tenemos en estos momentos”, reiteró el directivo.
Exhortación a los jueces de Justicia y Paz
El director de la Unidad para las Víctimas también les hizo un llamado a los jueces encargados de proferir las sentencias de Justicia y Paz: “Estamos haciendo un acercamiento para hablar con los jueces frente al reconocimiento del pago de las indemnizaciones por vía judicial, lo montos son altos, si se compara con la reparación administrativa”.
Rodríguez aseguró que se mantiene un diálogo permanente en todas las instancias para garantizar el cumplimiento al mayor número de víctimas con estos recursos.
por Konuco | Sep 13, 2019 | Destacadas, Nacional
Así lo declaró la Fiscalía General de la Nación, al tener hallazgos investigativo amplios y con pruebas irrefutables, siendo una decisión tomada tres días antes que el caso prescribiera.
El hecho que hoy es noticia, de declarar su homicidio como crimen de lesa humanidad, se tomó después de casi 20 años, luego que el periodista que era jefe de redacción del diario El Piolín, fuera asesinado el 16 de septiembre de 1999. Esto según las investigaciones se dio por presuntamente denunciar los excesos del Ejército y el resurgimiento de grupos paramilitares en el Cesar. El comunicador, quien fue acribillado luego que saliera de las instalaciones del diario, se dirigió a un bar ubicado en el centro de Valledupar en donde fue luego sorprendido por un sicario que le propinó cuatro disparos letales.
Tal reconocimiento jurídico, trascendental, permite que el ente investigador quien pudo establecer que en el homicidio del periodista hubo participación de miembros del ejército, le permite acceder oportunamente a archivos que serán desclasificados, para que pueda así continuar sin premura la investigación que se ha visto empañada por el tiempo. Perdiéndose evidencia valiosa, como testimonios y demás elementos que han sido difícil de constatar o recolectar nuevos hallazgos, o ampliarlos como también se ha requerido, encontrándose muchas trabas y vacíos en el camino.
El periodista quien gozaba de amplio reconocimiento en temas investigativos, era un referente de alta reputación en la Costa caribe, siendo pionero en exponer a la luz pública la intervención militar del Ejército en Cesar, Bolívar como también el del departamento de la Guajira, en donde se presentaron los primeros casos constatados de ejecuciones extrajudiciales del país (falsos positivos), siendo ampliamente documentados y denunciados por Quintero.
«En ese momento Guzmán Quintero publicó en El Pilón las múltiples violaciones a los derechos humanos (…) evidenciándose que su muerte fue consecuencia de su labor como periodista y defensor de derechos humanos” expresó uno de los abogados que lleva el caso del periodista y quienes obtuvieron que no prescribiera. Agregó también que “el Estado, como los entes regionales sabían en la vulnerabilidad que se encontraba el periodista, por lo que resaltamos la ineficacia para protegerle, pese a la gravedad del asunto que sin miramientos saco a la luz pública, y aun teniendo conocimiento los militares de la época”, quienes según los abogados era visto por ellos, como piedra de tropiezo, por lo que fue mal recibido más de una ocasión, al insistir en ahondar en sus investigaciones que le costó la vida a él como a otros periodistas que indagaban lo mismo, siendo amenazados, secuestrados, torturados, desaparecidos y también asesinados.
